COMENTARIO: Un ejemplo más de como el Estado confesional en el que vivimos prefiere dotar económicamente a instituciones religiosas para atender fines sociales, que luego la iglesia carga en su haber, en vez de asumir la función pública que le corresponde por justicia y solidaridad en un Estado de derecho.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, aseguraba ayer que la ‘deuda’ que mantenía el Gobierno regional con Cáritas en las cinco diócesis de la región «ha adelgazado muchísimo en los últimos dos o tres meses», lo que hace que «aunque el dinero fluya con dificultad», permita contemplar un panorama «un poquitín más alentador» que hace unos meses.
Rodríguez respondía así al ser preguntado por la situación en la que se encuentran los programas y centros gestionados por Cáritas que cuentan con subvención de la Junta, después de que hace un par de semanas el obispo de Ciudad Real solicitara ayuda «urgente» para poder mantener estos centros ante la falta de recursos.
El arzobispo de Toledo recordaba que esta ‘deuda’, se establece por la prestación de una serie de servicios que se entiende son «competencia de otras administraciones públicas». Una cantidad que, aunque aseguraba no recordar la cifra concreta en el caso de Toledo, sí destacaba que es «más pequeña que en el pasado reciente».
«No estamos pidiendo para nosotros, sino para la gente que lo necesita», apuntaba Rodríguez Plaza, «y no todos son católicos», apostillaba.
Por otra parte consideraba que quizás el obispo de Ciudad Real haya considerado realizar este llamamiento como única forma de poder llegar a cubrir las necesidades de estos servicios, ante la falta de recursos, en parte debida a no haber recibido el pago de determinadas subvenciones que hasta hace un tiempo contribuían al mantenimiento de estos centros y programas.
