El Arzobispado opina que ZeC no se ajusta «a la historia ni a la legalidad»

Creen que «La Magdalena y la Seo son el foco» de una maniobra alejada de la realidad de los vecinos. Afirma que «han falseado» datos para «contentar a sus bases» por una estrategia de confrontación

El Arzobispado de Zaragoza no parece especialmente inquieto por el anuncio del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de disputarle la propiedad de la catedral de la Seo y de la iglesia de La Magdalena en los tribunales. De hecho, ayer le restaba importancia a lo que considera una «maniobra a futuro» que solo busca «contentar a sus bases ideológicas» pero que «no se ajusta ni a la historia, ni a la legalidad ni a la realidad del barrio», que no quiere de forma mayoritaria que esos edificios tengan otro uso que el que han tenido durante siglos.

Fuentes oficiales de la institución eclesiástica opinaron que este anuncio por parte del Gobierno de Pedro Santisteve es «una audacia que no va a tener mucho recorrido jurídico». Y no solo porque, según recordaron, hasta los propios servicios municipales le han recordado al alcalde que no es competencia de un ayuntamiento emprender las acciones legales oportunas para intentar arrebatar la titularidad de un inmueble que el Arzobispado registró a su nombre en abril de 1987, sino porque «la jurisprudencia» les ampara en ese futuro litigio. Explicaron, en declaraciones a este diario, que «existe una declaración de la Dirección General de Registros en el 2001 que argumenta en favor de la inmatriculación» ejecutada por el entonces arzobispo de Zaragoza, Elía Yanes.

«No es un documento que haga referencia expresa a Zaragoza, ni a la Seo ni a la iglesia de La Magdalena, sino a todas las que se hicieron en España, en el que se reconoce que se hicieron de forma correcta y las avala», explicaron las fuentes oficiales consultadas. Así que, añadieron, lo que más preocupa ahora «son los verdaderos habitantes de La Magdalena, que no están siendo tenidos en cuenta, son anónimos o están desaparecidos en este debate».

UNA COMUNIDAD «VIVA»

Desde el Arzobispado explicaron que existe una comunidad cristiana en torno a la iglesia de La Magdalena que sigue «muy viva» a pesar de que el templo lleve cerrado más de una década, y que continúa realizando una labor social importante en el barrio «atendiendo a más de 200 familias a través de Cáritas». Incluso que prosigue su actividad de culto religioso «en la iglesia del convento de Santa Mónica», a pocos metros del edificio en obras, en la calle Doctor Palomar. «Sigue celebrando cuatro misas cada domingo, a las que asisten unas 500 personas, cuenta con la casa parroquial y está constituida una comisión que hace seguimiento de las obras que se están ejecutando», explicaron desde el Arzobispado.

Frente a ellos, el ayuntamiento se suma a la causa de colectivos que, a juicio del Arzobispado, «están dando informaciones falseadas» en lo que tildó de «ejercicio de propaganda y medias verdades». «Cuando no se tiene la razón, hay grupos sociales que se la inventan», añadieron. Porque, en conclusión, para la institución eclesiástica «la Seo y La Magdalena son simplemente el foco de una estrategia de confrontación que intenta que todas las expresiones de la fe católica y el resto de creencias desaparezcan. Y si esto sucede, la sociedad será un poco menos libre», concluyeron las fuentes consultadas de la institución eclesiástica.

LA DGA SE DESMARCA

Mientras, el Gobierno de Aragón, que ha sido señalado por CHA como una parte fundamental en el debate, trató de mantener ayer una cómoda equidistancia antes de verse obligado a tomar una decisión definitiva. Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, sin mayor concreción, dejó la puerta abierta a revisar qué se hace con el dinero público que se invierte en edificaciones privadas y a repensar el uso de esos edificios.

«La DGA ha invertido durante toda la historia democrática dinero público permanentemente en bienes de la Iglesia», expresó. El consejero alegó que todavía no se ha recibido ninguna petición oficial de intervenir en un debate que calificó de «histórico» por su recurrencia temporal y para el que pidió que se fuera más allá de la mera propiedad de los bienes religiosos.

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