En respuesta a la denuncia de la legisladora Laura Vilches, personeros del Arzobispado realizaron declaraciones que más que aclarar, oscurecen.
El revuelo que provocó la denuncia realizada por la legisladora del PTS-FIT sobre las actividades lucrativas que la Iglesia desarrolla en propiedades exentas de impuestos por fin despertó a Monseñor Ñáñez.
La primera respuesta del Arzobispado fue que la información es errónea “en muchos casos” y que se comunicarán con el Ministerio de Finanzas para profundizar en el tema y para que se aclare la situación.
Según La Voz del Interior, el abogado Silvio Montini, especialista en temas tributarios e integrante del Consejo Católico de Educación, el punto en debate no es si la propiedad se explota con fines comerciales sino si está destinada “al bien común”. “Si vos tenés una parroquia que tiene un local que da frente a una plaza, y ese local está alquilado para una farmacia, el dinero que se obtiene fruto de esa locación va destinado a sostener a la parroquia, a la actividad de culto. No veo que haya inconveniente si así fuera”, explicó.
Al parecer, el Arzobispado pidió asesoría legal a Montini. Como no pueden seguir ocultando su negociado, este mediodía el obispo auxiliar, Monseñor Pedro Torres, aclaró también que “no todas esas propiedades pertenecen al Arzobispado, ya que hay más de 70 congregaciones en Córdoba”. Como muchas veces a lo largo de su historia, la Iglesia se lava las manos.
A continuación, Torres reconoció en un noticiero que hay dos propiedades del Arzobispado que se explotan comercialmente. Una es el terreno donde se encuentra el supermercado Buenos Días, en la misma manzana que el edificio del Arzobispado. Torres afirmó que se trata de una misma unidad, lo cual no es cierto, ya que a cada edificación le corresponde una identificación catastral diferente. La otra es una playa de estacionamiento en la calle Santa Rosa, que “pertenecía a la Cofradía del Santísimo Sacramento de la Catedral y permitía financiar la festividad de Corpus Christi”. Como Monseñor habló en pasado, no queda claro qué se financia actualmente con los ingresos de dicha playa, que seguramente ascienden a millones de pesos por mes.
Según el informe extraído de la misma página de Rentas, el valor fiscal de la playa de estacionamiento es de más de 23 millones de pesos. Según un cálculo rápido, pagaría de impuesto inmobiliario más de 300.000 pesos al año. A eso habría que agregar tasas, sellos e ingresos brutos. La Iglesia puede llamar a esto “bien común”, pero lo cierto es que configura un verdadero fraude.
La legisladora Laura Vilches respondió a las declaraciones de Torres en Twitter, afirmando “no sabía que eran tan finos para deslindar responsabilidades cuando se trata de impuestos, pero hablan en nombre de toda la humanidad para defender el aborto clandestino”. “Basta de privilegios! Iglesia y Estado, asuntos separados!”, exigió
