El arzobispado de Barcelona defiende la legalidad de sus inmatriculaciones, 133 de 1998 a 2015

Imagen de este lunes de la iglesia de Sant Pere de Castellfollit del Boix. Toni Ferragut

El arzobispado de Barcelona ha asegurado hoy que todas las inmatriculaciones hechas por la diócesis (bienes registrados a nombre de la iglesia sin acreditar su propiedad) cumplen con la legalidad y no han “sustraído ni robado” ningún bien público. El que fuese ecónomo del arzobispado entre 2005 y 2018, Antoni Matabosch, ha remarcado que si en otras diócesis la Iglesia ha puesto a su nombre propiedades amparándose en una antigua norma franquista no ha sido así en Barcelona. El caso más mediático es el del Obispado de Vic donde varios agricultores han denunciado de forma acreditada que la Iglesia se ha hecho con la propiedad, mediante la inmatriculación, de pequeñas iglesias románicas que estaban dentro de fincas privadas. Mataboch ha asegurado que solo responde por la gestión de Barcelona: “Las cosas se han hecho bien, por lo que me dicen, en otros obispados pero no pongo la mano en el fuego”.

El arzobispado de Barcelona asegura que utilizó la figura de la inmatriculación para poner a su nombre 51 bienes -que en total representan 133 inmuebles- entre 1998 y 2015. La mayoría de estos inmuebles son templos, casas parroquiales e incluso pequeños cementerios.

El ecónomo asegura que entre 1863 y 1998 el arzobispado inmatriculó propiedades alegando documentos históricos que acreditaban que era dueño [no los mostraron], con la excepción de templos de culto que no se inscribían al “considerar que era notorio que eran propiedad de la Iglesia y quedaban fuera de la inmatriculación”. En 1998 una ley del Gobierno de Aznar permite inmatricular todos los templos, incluyendo las casas parroquiales, algo que ya habían hecho algunos obispos antes de esa fecha de forma ilegal, como demuestran las notas de los registros.

Matabosch sostiene que en 2005 el Arzobispado de Barcelona dio órdenes precisas de cómo debían realizarse las inmatriculaciones: “Contratamos un abogado al que le hicimos analizar caso a caso. El letrado revisaba inventarios, el histórico del archivo diocesano desde el siglo X, archivos municipales, visitas pastorales donde se detallaba la propiedad, también revisaba el llamado libro verde de 1861 donde las diócesis y el Vaticano fijaron cuales eran las propiedades de cada una de las parroquias. También recopiló información para constatar desde cuándo se utilizan los templos de forma ininterrumpida, revisaba el catastro… A partir de aquí, con todos estos documentos e indicios se realizó lo que se denomina atestamos mediante el cual se pide que se inscriba una propiedad a una parroquia o diócesis. Durante el plazo de dos años después de la inscripción algún tercero podría reivindicar la propiedad. Nunca nos ha pasado”.

Es lógico que no haya pasado, explican las organizaciones que luchan por el «patrimonio usurpado»,  porque el proceso de inmatriculación se ha hecho sin que se enterara nadie. Ya estaba avanzado el nuevo siglo cuando se destapó el pastel, porque algunos ciudadanos se encontraron por casualidad con estas inmatriculaciones. Fue el caso de Navarra, que luego se extendió a toda España. Muchos alcaldes se han despertado con la pesadilla de que se habían inmatriculado bienes que se entendían como públicos, razón por la cual la Administración nunca los puso a su nombre. La Iglesia, sí.

Matabosh ha señalado que desde 1998 hasta 2015 la Diócesis ha realizado 55 atestamos: “25 en la ciudad de Barcelona y 26 en otros municipios”. “Hemos dejado de inscribir hasta 15 propiedades, la mayoría en el Maresme, porque dudábamos de la propiedad. Diez de estos bienes son ermitas que a veces están en propiedades privadas”, ha señalado. El responsable económico se ha enorgullecido de haber llegado a acuerdos con estos privados.

“No nos hemos apropiado ni de bienes privados ni de bienes de dominio público”, ha defendido Mataboch. Entre la inmatriculaciones del listado se encuentra el templo y los locales parroquiales de la Iglesia de Betlem en la Rambla, el templo de Sant Jaume o el templo claustro y sala capitular de la iglesia de Santa Anna.

“Cuando hemos tenido dudas no hemos hecho nada”, ha defendido Matabosch que también ha polemizado: “Cuando alguien dice que los templos son un bien del pueblo yo les digo que los edificó el pueblo cristiano para realizar sus cultos y sus celebraciones. No son propiedad ni del rector ni del obispo, son de la diócesis. Tampoco son de los Ayuntamientos ¿se imaginan a García Albiol en Badalona o Colau en Barcelona gestionando Iglesias?”.

El ecónomo ha defendido a la diócesis barcelonesa pero no ha querido “poner la mano en el fuego” la gestión de la inmatriculación realizada por la diócesis de Vic, donde los documentos demuestran inmatriculaciones irregulares.

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