El aborto no es ni un crimen, ni un pecado.

Nada más natural, que se presenten las derivas democráticas, cuando un partido comparte gobierno con la iglesia, cuando hay ministerios dirigidos por miembros del Opus Dei

El aborto no es ni un crimen ni un pecado, sino un problema social, al que el Estado tiene la obligación de dar respuestas con los criterios adaptados al ser humano y no con los criterios dogmáticos de la religión. No es al hombre al que reviene la responsabilidad de la condenación o de la prohibición, utilizando la lógica cristiana, si a alguien le corresponde juzgar y condenar sólo seria a Dios, y no a los hombres. Dios, creando al hombre, en su inteligencia divina, no podía ignorar que el aborto se presentaría en todas las épocas de la historia humana, y que por tanto, el aborto entraba en uno de los aspectos lógicos de la Creación de la especie humana.

El aborto realizado dentro de la sanidad del Estado,  garantiza los máximos requisitos de seguridad y de higiene para la mujer. Prohibirlo, es abrir las puertas a la clandestinidad con sus consecuencias. El Estado tiene la obligación de la prevención, de la instrucción de una sexualidad humana científica, sin la incidencia de las creencias. También tienen la responsabilidad de establecer los criterios en el tiempo en el que el aborto puede ser practicado. Siempre que correspondan a los criterios establecidos por las ciencias medicales.

El aborto es una realidad social, compleja y dramática, que es necesario conocer para aportar soluciones que nunca podrían ser las prohibiciones. La dimensión social del aborto, no puede comprenderse ni desde un despacho, ni desde una sacristía. El aborto es una decisión dramática para la mujer, las razones que conducen a la mujer al aborto, son de orden psicológico y social, con repercusiones diversas, entre lo económico y lo familiar. Todos estos elementos, el Estado no puede ignorarlos para estatuar lo que es justo y aceptable. Las decisiones tienen que ser neutras, es decir no dejar influenciarse por las presiones dogmáticas de la iglesia.

El aborto tiene una dimensión emocional indiscutible. Pero comparar el aborto a la matanza de un niño, es un argumento irracional y fácil, con él se sirven las asociaciones antiabortistas cristianas, para obtener rendimientos de opiniones a su causa. La historia de las religiones cristianas no utilizaron los mismos argumentos, cuando organizaban matanzas en el Nombre de Dios, en las que eran asesinados mujeres embarazadas y niños.

La vida humana es algo más que un nacimiento. La vida humana tiene que tener garantías de una existencia digna, de una existencia fuera de la miseria moral y material, fuera de la indigencia y el sufrimiento. Llegar al mundo para entrar en un calvario no tiene sentido, obligar a los progenitores a aceptar lo humanamente es inaceptable es imponer en un sistema democrático la tiranía dogmática e ideológica a todo una pueblo,  como ya  se utilizó en los tiempos de la dictadura de Franco. 

Nada más natural, que se presenten las derivas democráticas, cuando un partido comparte gobierno con la iglesia, cuando hay ministerios dirigidos por miembros del Opus Dei, que por su pertenencia a la obediencia de una orden religiosa, el absolutismo católico está siempre por encima de los principios democráticos.

Si al menos, el ministro Sr. Gallardón, hubiese buscado informaciones sobre el aborto en organismos dedicados a su estudio, hubiese aprendido, que sus medidas no servirán para nada, que los abortos continuaran como ahora, pero en la clandestinidad, como lo han demostrado los estudios realizados. En América del Sur, en donde la mayoría de los países, el aborto está prohibido,  se producen cuatro veces más de abortos que en Europa. Que los países con programas de prevención,  es donde menos abortos se producen. Y, en los países donde quisieron erradicar el aborto,  con doctrinas de la abstinencia sexual hasta el matrimonio, los abortos son numerosos y sin ninguna incidencia sobre la abstinencia sexual en los ciudadanos.

La democracia es atacada en estos momentos por una mayoría parlamentaria del gobierno. Las últimas leyes promulgadas y su máximo rechazo por la oposición y la mayoría ciudadana es la señal evidente que se gobierna sin el pueblo, que las leyes se imponen de manera arbitraria y por ideología, que los intereses de unos están por encima de los intereses de todos. Que lo declarado en la Constitución, que el pueblo es el poder soberano, no representa ninguna obligación para los que tienen el poder, que la corrupción para el gobierno es mejor ignorarla e imponer el silencio, utilizando los medios y el estilo de lo que estudiosos del sistema democrático llamaron la tiranía democrática.  

“La potencia de la mayoría política, junto al conformismo social, son el mayor peligro para la democracia que es el despotismo.”

Todas las tiranías en la historia han tenido su respuesta. En Atenas, la democracia se instauro obligando a la aristocracia a dejar el poder y depositarlo en el pueblo. La sociedad civil tiene que tener más poder y más presencia en la estructura del gobierno, tiene que ser la garantía de la continuidad de los principios democráticos. El sistema de la alternancia tal y como es, es caduco e ineficaz. Lo que unos hacen, otros deshacen y es la ciudadanía la que tienen que adaptarse a los cambios de colores del sistema político actual. Para la democracia es imprescindible la continuidad en el beneficio de todos. Lo justo tiene que ser justo con los unos y con los otros. No son los políticos los que han demostrado su capacidad a asegurar esta continuidad. Es necesario que esta responsabilidad la tenga el pueblo en la representación de la sociedad civil.

El Estado aconfesional, no puede ser diferente con un partido o con otro. La separación de poderes es una garantía de estabilidad y de justicia. Como hoy todos los poderes proceden de la clase política, esta responsabilidad tiene que revenir al pueblo directamente por su representación civil. Para evitar la ambigüedad como se comprende el estado aconfesional, es el momento de pasar al Estado Laico. Pues la laicidad es una garantía para la democracia, ya que garantiza a todos la libertad individual, las creencias y la religión. Su filosofía es el respeto de todos, la tolerancia y el respeto dentro de la democracia y su finalidad la coherencia social del pueblo soberano.

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