“No hay manera de suavizar lo oscuro que es este momento y la devastación que se está produciendo”.
En los dos meses que han transcurrido desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade, más de una docena de estados han prohibido o restringido severamente el acceso al aborto, dejando a millones de personas sin una atención sanitaria fundamental.
Diecisiete estados han prohibido, restringido severamente o dejado de ofrecer acceso a la atención al aborto desde que el Supremo eliminó las protecciones federales contra el aborto.
Esto significa que de los 75 millones de mujeres estadounidenses en edad reproductiva, casi 30 millones tienen un acceso limitado o nulo al aborto. Alrededor de 17 millones de esas mujeres viven en estados donde los legisladores han prohibido completamente la atención al aborto o donde los proveedores han dejado de ofrecerla debido a la incertidumbre legal. Estas cifras aumentan al incluir a las personas transgénero, no binarias y de otro género distinto que pueden quedarse embarazadas.
“Estas prohibiciones implican que cada una de estas personas, en caso de necesitar un aborto, tendrá que superar barreras logísticas y económicas extremas para acceder a la atención médica que necesita”, explica Elizabeth Nash, responsable de políticas en el Guttmacher Institute. “El aborto es un derecho esencial de la atención a la salud reproductiva que ya era difícil de conseguir antes de la ley Dobbs, pero ahora es aún más difícil o directamente imposible para muchas personas”.
Once estados están aplicando actualmente una prohibición casi total del aborto: Alabama, Arkansas, Kentucky, Idaho, Luisiana, Tennessee, Texas, Mississippi, Oklahoma, Dakota del Sur y Missouri. Algunas de estas prohibiciones casi totales se aplicaron mediante leyes de activación, mientras que otras entraron en vigor mediante restricciones anteriores al caso Roe que entraron en vigor inmediatamente después de la sentencia del Supremo en junio.
Todas las prohibiciones tienen excepciones muy limitadas. Algunos estados, como Tennessee y Dakota del Sur, no contemplan excepciones para la violación o el incesto, y los estados que sí permiten esas excepciones exigen que las víctimas denuncien a la Policía antes de acceder a la atención del aborto. Todos los estados tienen excepciones para salvar la vida de una persona embarazada, pero muchas de esas excepciones, como las de Missouri y Texas, son intencionadamente imprecisas y suponen un poderoso incentivo para que los médicos no presten atención médica a la paciente hasta que la persona embarazada esté a punto de morir, por miedo a consecuencias legales como perder su licencia o enfrentarse a demandas y sanciones penales.
Otros estados que están aplicando restricciones al aborto tras la desaparición de Roe son Georgia y Ohio, que prohíben el aborto a partir de la sexta semana; Florida, que lo prohíbe a partir de las 15 semanas; Utah, a partir de las 18, y Carolina del Norte, a partir de las 20 semanas. En Wisconsin, los médicos han dejado de practicar abortos porque no tienen claro si la prohibición del aborto anterior a Roe está en vigor.
Las restricciones de Florida y Carolina del Norte son un poco menos severas que las de muchos otros estados, pero tienen mayores implicaciones para esa región. Florida y Carolina del Norte son estados fronterizos con prohibiciones casi totales, lo que los convierte en puntos de acceso críticos para las personas que se ven obligadas a viajar fuera del estado para recibir atención al aborto. La restricción del aborto de 18 semanas en Utah también es limitante, pero al menos está cerca de Colorado y Nuevo México, donde el aborto es mucho más accesible.
La caída de Roe ha tenido consecuencias devastadoras y de gran alcance. Además de las personas que se han visto obligadas a llevar a término embarazos no deseados, muchas pacientes que han podido recibir atención han tenido que recorrer grandes distancias y superar obstáculos como conseguir días libres en el trabajo y encontrar guarderías. A menudo, esos obstáculos empujan a las personas a seguir adelante con sus embarazos o a buscar un aborto con medicamentos o procedimientos menos seguros.
Algunas pacientes, como una mujer de Texas, han tenido que retrasar sus abortos médicamente necesarios hasta estar a horas o incluso minutos de la muerte. Otras, como una niña de 10 años de Ohio, se han visto obligadas a viajar fuera del estado para abortar tras quedarse embarazadas por violación o incesto. En muchos casos, los médicos que proporcionaron la atención médica para salvarles la vida fueron atacados o amenazados legalmente por hacer su trabajo.
En todo el país ha aumentado la vigilancia de las personas embarazadas. En Nebraska, por ejemplo, Facebook facilitó a las fuerzas del orden los mensajes privados entre una adolescente y su madre después de que ambas fueran acusadas de autogestionar un aborto para la adolescente.
La vigilancia y el miedo a la persecución van más allá de las personas embarazadas.
Los farmacéuticos de todo el país se han mostrado reticentes a vender medicamentos con principios activos incluidos o similares a los utilizados en el aborto farmacológico. En algunas farmacias de Texas se ha retirado el medicamento para la acidez estomacal debido a su composición. Algunos médicos han dejado de recetar metotrexato, un medicamento habitual para personas con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. A otras pacientes se les ha negado la prescripción de anticonceptivos o el acceso a anticonceptivos de emergencia como el Plan B, que sigue siendo legal en todos los estados a pesar de la anulación de Roe. Algunas mujeres han denunciado que los farmacéuticos se han negado a venderles ciertas formas de mifepristona (uno de los medicamentos incluidos en las píldoras abortivas) aunque las tuvieran recetadas antes de insertarse un DIU.
“Dos meses después de que el Tribunal Supremo eliminara el derecho constitucional federal al aborto, casi un tercio de este país carece de un acceso real a la atención médica”, ha explicado en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidente y director general de Planned Parenthood Federation of America.
“Las personas que viven en estos estados tienen menos derechos que las que viven donde el aborto sigue siendo legal”, añadió. “Se les ha robado su derecho fundamental a decidir qué es lo mejor para sus propios cuerpos, vidas y futuros. No hay manera de suavizar lo oscuro que es este momento y la devastación que se está produciendo”.
El acceso al aborto sigue estando en el aire en otros estados, algunos de los cuales se disponen a poner en marcha restricciones durante el próximo mes.
Las leyes de aborto en Dakota del Norte, Utah y Wyoming han sido suspendidas temporalmente mientras duran los litigios. Una prohibición casi total del aborto se está abriendo paso en los estados de Virginia Occidental y Carolina del Sur, mientras que otra prohibición casi total del aborto en Indiana (la primera legislación antiabortista que se aprueba desde la desaparición de Roe) entrará en vigor el 15 de septiembre. En Arizona entrará en vigor otra medida contra el aborto el 24 de septiembre. No contento con eso, el fiscal general del estado ha pedido a los tribunales que consideren una prohibición aún más estricta.
Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.
