La intención del Ministerio ya fue tachada de «discriminatoria» por el Episcopado. La enseñanza religiosa será evaluable para quien la solicite, pero no computable
«Que quede bien claro: cualquier familia que quiera que su hijo tenga una formación religiosa de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas la va a tener, porque es un mandato constitucional. Pero hay familias que no tienen sentimientos religiosos, y también hay que tenerlas en cuenta». El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, desveló a ABC las principales claves de la reforma educativa en el ámbito de la enseñanza religiosa, uno de los aspectos de la ley de Calidad que fueron paralizados por el Gobierno socialista a las pocas semanas de tomar posesión.
La polémica decisión motivó una serie de movilizaciones, que concluyeron -al menos por el momento- la pasada semana con la recogida de más de 3 millones de firmas a favor de la presencia de la clase de Religión en la escuela «en condiciones equiparables al resto de disciplinas fundamentales».
Tal y como adelantó este diario, el proyecto de ley estará concluido antes de que finalice este trimestre. En el mismo, se incluirá un nuevo modelo de enseñanza religiosa, que según Tiana «será similar» al de 1994 -Religión y alternativa evaluables-, con la importante salvedad, reconocida por el propio secretario general de Educación, de que se tendrá en cuenta «el deseo de muchos padres, que no entienden por qué sus hijos tienen que impartir una asignatura por el hecho de no ir a clase de Religión».
«La clase de Religión va a ser evaluable. ¿Computable? Tenemos nuestras dudas», subrayó Tiana, quien admitió que «es probable» que finalmente esta asignatura pueda ser desplazada a los extremos de la jornada lectiva -primera o última hora-, dado que entre las propuestas del Ejecutivo socialista se encuentra la eliminación de la alternativa a la Religión, si bien la decisión última correspondería a los centros. «Para el Ministerio es muy importante respetar la libertad de las familias para educar a sus hijos en valores morales, pero esto también afecta tanto a los que tienen una creencia como a los que no la tienen», manifestó el secretario general de Educación, quien añadió que el Ministerio elevará en breve una consulta al Consejo de Estado para que dilucide si la alternativa a la enseñanza religiosa debe ser obligatoria o no.
Legitimidad o no de la alternativa
En principio, su respuesta no es vinculante, si bien, como apunta Alejandro Tiana, «sienta principios jurídicos». Sobre todo contando con que las diferentes sentencias del Tribunal Supremo sobre clase de Religión han obviado expresamente la cuestión de la obligatoriedad de la alternativa. «Sería irresponsable por nuestra parte implantar una norma sabiendo que cualquier recurso podría tumbarla», señaló Tiana, quien reconoció que tanto la Conferencia Episcopal como otros organismos han presentado sendos informes en los que plantean «serias dudas» sobre la legalidad de suprimir la alternativa.
En su día, el Episcopado tachó la propuesta de «discriminatoria para los alumnos que eligen Religión», ya que se les exigiría un mayor esfuerzo que al resto de compañeros. Y sin recompensa, porque la asignatura no sería computable a efectos curriculares.
Para el secretario general de Educación, «se están haciendo interpretaciones absolutamente desenfocadas» de los Acuerdos Iglesia-Estado, que «no especifican cuáles son las demás materias fundamentales. Nosotros siempre seremos respetuosos con el mandato constitucional, y la Religión debe estar dentro del currículum, pero equiparación no es identidad». Tiana matizó que «el tratamiento de la Religión, las Matemáticas o la Historia no puede ser idéntico».
Diálogo con la Iglesia
En cuanto a la opinión de la Iglesia, con quien el Ministerio ya ha mantenido varias reuniones -en breve se prevé otro encuentro para analizar improbables «puntos de coincidencia», antes de que Educación eleve la propuesta definitva-, el responsable ministerial criticó que «su punto de partida es el de la LOCE, que le dio un peso excesivo a la educación religiosa», si bien mostró su predisposición a «dialogar y negociar, lo que siempre implica una cesión por ambas partes».
