Educación religiosa en escuelas públicas de Costa Rica: una historia sin solución

Más de 1.400 profesores enseñan en escuelas y colegios estatales una asignatura que se introdujo hace casi 80 años por una negociación entre Calderón Guardia y la Iglesia Católica. Algo ha cambiado desde entonces, pero no tanto.

En el aula especial para la clase de Religión en el liceo experimental bilingüe de La Trinidad de Moravia, 22 muchachos de tercer año de colegio comentaban sobre el amor según el apóstol Pablo. En el pupitre tenían un Nuevo Testamento azul y el celular propio, todos. En la pizarra, la indicación de leer un trozo de los salmos bíblicos. En la pared, tres murales cristianos.

El profesor Carlos Sosa, uno de los 1.400 docentes de Religión de nuestro sistema público, se disponía a proyectar un documental llamado Efecto Nostradamus, de una serie de History Channel acerca de las teorías sobre el fin del mundo. El capítulo del día se centra en cómo Adolf Hitler se servía de ocultistas durante los años del Tercer Reich y cómo pregonaba la superioridad de la “raza árida” (sic).

Entonces les hablaba de lo absurda que es la xenofobia y de la importancia de los nicaragüenses en la agricultura. “Un país creyente en Dios no puede ser xenofóbico”, decía. Y volvía con el valor del amor, con la letra de canciones de Bad Bunny y Ozuna, con la importancia de amarse uno mismo. Los muchachos participaban, leían versículos y a veces bromeaban usando el lado romántico del concepto “amor”.

La lección de 40 minutos se pasó volando y el tema, si lo hubo, quedó para después. Los alumnos se despidieron uno a uno y vaciaron el aula hasta dejar limpia la vista a los tres murales: Jesús guiando a unas ovejas, Jesús tocando una puerta y otro de una oveja echada sobre una mano superpuesta a la Tierra colocada sobre una cruz en la gran bóveda celestial.

Después el profesor nos explicó que esto no es una clase de catecismo, que él la dicta según su mejor criterio dentro de los márgenes que establecen los programas desde el Ministerio de Educación Pública (MEP), aunque están pendientes reformas que ningún gobierno se ha decidido a ejecutar después de un fallo trascendental de la Sala Constitucional en el año 2010 (resolución 2023-2010).

Ese fallo decía que la Iglesia Católica ya no tendría la última palabra en la contratación de los educadores de Religión, aunque hasta ese momento la oficina del departamento de esa materia estaba situada aún en el edificio de la Conferencia Episcopal, con los obispos.

También decía que cada niño podía recibir clases sobre la religión que profesa y que los colegiales estudiarían las religiones de una manera más amplia, ecuménica. Todo a cargo de profesores o maestros que en su gran mayoría fueron colocados por la Iglesia Católica y con recursos limitados del MEP. Los magistrados entendieron que estaban pidiendo algo imposible (maestros de las distintas religiones) y aceptaron que los cambios se hicieran mediante nuevos programas educativos.

Desde eso han pasado ya más de ocho años y el MEP no ha cumplido con lo dispuesto por la Sala Constitucional. Luego de tres administraciones nada ha cambiado, a pesar del exaltamiento de las religiones en la discusión nacional; o quizás debido a ello.

“La coyuntura está difícil”, dice el profesor Sosa al acabar su clase, antes de confesar que quisiera dar dos lecciones en lugar de una, aunque sabe que otros más bien propondrían la eliminación total. En el MEP, el ministro Édgar Mora solo aspira a adaptar la educación religiosa a la currícula y a la necesidad de crear habilidades para la vida, pues asegura que estas clases están desfasadas. En otras palabras, que hay recursos que podrían aprovecharse mejor

Mora y sus dos antecesores, Sonia Marta Mora y Leonardo Garnier, distan de ser los más entusiastas del catolicismo, pero el sistema impera. En la práctica, el sistema de educación del Estado lleva a las aulas la religión oficial, definida por la Constitución como Católica, a pesar de la separación que plantearon los magistrados en 2010.

“Es un sistema confesional solapado”, resume Mario Méndez, teólogo y director de la Escuela de Ciencias Ecuménicas de la Universidad Nacional. Se refiere a una educación que cumplirá pronto 80 años desde que los diputados en noviembre de 1940 introdujeron en la ley la concesión que había dado Rafael Ángel Calderón Guardia a la Iglesia Católica como parte de las negociaciones de las Garantías Sociales.

Atrás quedaban las reformas liberales que los gobiernos de finales del siglo XIX y principios del XX habían ordenado para separar la enorme presencia de la Iglesia Católica sobre la educación desde tiempos de la colonia. Esto recuerda Marvin Salazar, director del Departamento de Educación Religiosa del MEP, mientras habla en su oficina, ahora sí en un edificio del Gobierno.

Marvin Salazar, jefe del Departamento de Educación Religiosa en el MEP. (Foto: Álvaro Murillo)

Salazar, exdirigente de la Juventud Católica y de la Renovación Carismática, se ufana de ser el primer laico en ese puesto. Antes todos eran sacerdotes y asegura que esta es una señal de los tiempos. En el despacho exhibe ejemplares del Eco Católico, las Biblias azules de “Dios habla hoy”, imágenes del niño Jesús y la Sagrada Familia, una copia del Corán y un libro sobre Baha’ullah, el religioso persa fundador de una religión monoteísta llamada bahaísmo.

“Todo ser humano tiene una dimensión religiosa y aquí no aplicando el catecismo, sino enseñando cómo vivir la experiencia de la fe”, aseguró Salazar en entrevista con este semanario. Antes quiso dejar claras las cosas: “En este país la educación es totalmente laica (…) No hay ninguna cosa que imponga la Iglesia”. Dice que nada tiene que ver que la religión católica sea la oficial del Estado, aunque su superior, el ministro Mora, opina lo contrario.

En la planilla del MEP hay ocho sacerdotes católicos que laboran en Educación Religiosa. Son seis docentes, un asesor regional (Jorge Porras, en Nicoya) y un asesor nacional, el experimentado sacerdote Alejandro Rojas, residente en la parroquia La Merced (San José) y militante del sindicato Asociación Nacional de Educadores (ANDE).

A Rojas se le suele ver en las fotografías tripartitas de Gobierno-sindicatos-Iglesia, con esta como mediadora de conflictos. Fue el encargado de llamar al ministro Mora, pocos días después de asumir sus funciones en mayo 2018, para comunicarle que el arzobispo José Rafael Quirós lo citaba en su oficina, en la Conferencia Episcopal.

En esa reunión, el obispo Quirós empezó hablando sobre cómo interpretar el histórico fallo del 2010 sobre educación religiosa y las implicaciones de que los docentes de esta asignatura ya no necesiten el aval de la Conferencia Episcopal, cuenta Édgar Mora.

Al consultar la versión de la Iglesia sobre la educación religiosa en la actualidad, un funcionario recomendó hablar con el sacerdote Rojas, aunque también es funcionario del MEP. Él calificó que el momento es de “transición”. Después, por la vía oficial, el sacerdote Mauricio Granados (secretario adjunto de la Conferencia Episcopal) también respondió: “el estado es de transición y de espera de los alcances jurídicos (del fallo del 2010”.

Granados sostuvo que durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, con la ministra Sonia Marta Mora, intentaron acercarse para conocer cómo se estaba aplicando el fallo del 2010, pero que no tuvieron respuesta. Dijo que incluso un grupo de padres de familia católicos acudieron a la Defensoría de los Habitantes para que el MEP informara sobre la “idoneidad para impartir dicho credo religioso”.

La realidad es que nada ha cambiado desde hace nueve años, cuando el MEP sacó su oficina del edificio de los obispos católicos y empezó a nombrar docentes sin necesidad la bendición de la Iglesia. Durante el gobierno de Laura Chinchilla, el ministro Leonardo Garnier encargó confeccionar nuevos programas y las propuestas fueron insatisfactorias, por lo que ni siquiera las llevó al Consejo Superior de Educación.

“Estuvieron un tiempo largo y cuando lo entregaron nos pareció que no cumplía, porque lo que hicieron fue un programa doctrinal cristiano. Eso estaba a cargo de un Departamento de larguísima tradición de pertenencia con la Iglesia y se sentían más funcionarios de la Conferencia Episcopal que el MEP”, recuerda Garnier. Es el departamento que dirige ahora el laico Salazar.

El ministro Édgar Mora acepta que ese trabajo está pendiente. No piensa en impulsar la eliminación de la educación religiosa ni reducir el tiempo de clase (dos lecciones semanales para primaria y una para secundaria) para dedicarlo a materias básicas.

Mora sí reconoce la necesidad de pensar bien si se están aprovechando los recursos que el Estado invierte, aunque para ello ve conveniente una discusión con otros actores, incluidos padres de familia.

En el terreno queda claro que no todo se aprovecha: uno de cada cinco alumnos está exento de acudir a las clases de Religión porque sus padres o encargados enviaron una nota que los exime de esa asignatura.

Está previsto desde la misma ley que se aprobó en 1940, en que se establece que basta una nota por escrito, a mano, con lápiz o como sea, para que el alumno quede exento de asistir a las clases de religión.

Un reportaje del diario La Nación publicado el 5 de abril de 2018 decía que uno de cada tres estudiantes estaba exento de asistir a esa clase y que en diez años la asistencia se había reducido casi un 10%. Los datos, tomados de la unidad de Estadística del MEP, no convencían a Marvin Salazar, director del departamento de esa cartera; pero admite que ha aumentado la cantidad de padres de familia que envían la carta para excluir a sus hijos de esas lecciones.

Eso significa que más estudiantes deben buscar qué hacer mientras sus compañeros reciben las clases de Religión. Algunos entran tarde, otros se van antes a su casa y otros pueden irse a la biblioteca o deambular por ahí.

Otros se tienen que quedar en el aula como si recibieran la clase. Es el caso de Zoe, una niña estudiante de una escuela en San Rafael Arriba de Desamparados. Desde que tenía nueve años le pidió a su papá que enviara la nota porque en su familia no pertenecen a ninguna religión. “Yo escribí la carta, pero no hay lugar a donde irse y debe quedarse en el aula. No reza, pero a veces tiene que participar”, cuenta su papá, José.

“Soy ateo y le he dado libertad a mi hija para que crea en lo que ella quiera. Mis papá le han hablado del catolicismo, pero ella no cree en ningún dios y ahí tiene que estar. Sería bueno que enseñaran sobre el valor de las religiones diversas y su aporte en lo social, pero no es eso lo que hacen”, cuenta José Mario Méndez, teólogo de la UNA, es poco optimista con la posibilidad de reformar pronto la educación religiosa.

Dice que el fallo del 2010 solo enmendó algunos detalles (la posibilidad de que egresados de la Escuela de Ciencias Ecuménicas pudieran ser profesores de Religión, por ejemplo), pero planteó cosas imposibles, como que cada religión pudiera escoger a sus propios docentes afines. Esto, además, provocaría clasificaciones entre los menores por razones religiosas.

“El objetivo debería ser educar en la diversidad y la convivencia, ahora que vemos un repunte en los odios religiosos, pero eso debería ser muy amplio e incluir las visiones incluso de las poblaciones ancestrales. ¿No es que la Constitución ahora dice que somos un país pluricultural? Bueno, ya sabemos que eso cuesta mucho cambiarlo. Más bien hay quienes quisieran reformar los programas, pero para hacerlos más confesionales”, reflexiona Méndez.

Marvin Salazar y su asesor nacional, el sacerdote Rojas, niegan que estén aplicando el catecismo en las aulas. Lo mismo dice el profesor Sosa en su salón en La Trinidad de Moravia, donde ningún muchacho ha pedido excluirse de la clase.

Consultada por aparte, una estudiante de ese grupo dice que no tiene en problema con Religión porque es una clase que sirve “para hablar de cualquier cosa” y que no le molesta la oración que siempre dirige el profesor. “Él cae bien y es como un rato para descansar”, agrega.

Ese profesor, Sosa, trabaja en la pastoral de la Iglesia y cuenta que es orientador, pero que hace mucho tiempo fue curado milagrosamente y desde entonces cree en Dios. Además, dice que se egresó de la Universidad Católica (propiedad de la Iglesia) y que aquí lo que enseña son valores, no doctrina. “¡Dios guarde!”, exclamó.

La ley 21, desde 1940, dice que basta una nota escrita de los padres de familia para que los niños o adolescentes queden exentos de la clase de Religión en escuelas y colegios públicos.

Sin embargo, la directora de la escuela Franklin D. Roosevelt (en San Pedro de Montes de Oca), Carmen Madrigal Portuguez, quiso llevar la exigencia más allá y las quejas llegaron hasta el despacho del ministro de Educación, Édgar Mora.

El jerarca debió corregir una disposición de la directora de la escuela, pues esta el 21 de febrero emitió una circular (EFDR-31-21-022019) en la que decía esto a los papás: “no es suficiente que ustedes indiquen en el cuaderno de comunicación si su hijo o hija no recibirán educación religiosa (…) deben hacer una carta en la que explique las razones”, y entregarla personalmente. Solo después “se le devolverá la resolución en forma escrita en el cuaderno oficial de comunicación”.

La queja de padres de familia tenía razón. Esta orden resultaba “excesiva” y “contraria al ordenamiento jurídico”, dictaminó el ministro Mora el 3 de abril, cuando ordenó dejar sin efecto la circular de la directora Madrigal y recordó que una simple nota de los padres de familia debe ser de acatamiento inmediato para el centro educativo.

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