Educación para la ciudadanía

ES cierto que la polémica sobre Educación para la Ciudadanía puede abrir un debate sobre el papel de la educación en nuestro país, como dice J. A. Marina. Y que deberíamos aprovecharlo para ponernos de acuerdo en la idea que de la educación debemos tener los españoles. Pero no nos engañemos, no se aborda la educación desde un análisis fundamental, sin prejuicios, y con el ánimo de todo buen dialogante de llegara a acuerdos. Ni tampoco se espera un 'pacto por la educación', cosa que a veces se escucha y que podría propiciar un cambio de orientación y una unidad entre las fuerzas políticas y los distintos interlocutores sociales. Nada de eso, lo grave es que la sociedad ha jugado ya sus bazas y cada uno defiende su idea de la educación, que es en definitiva consecuencia de un posicionamiento social, particular, y desde luego en función de intereses de clase.
 
Se han esgrimido argumentos a favor de la unidad, pero casi siempre de un modo interesado, e inculpando al otro del fracaso de toda negociación. Y desde varios puntos de vista se ha tratado de aunar voluntades respecto a las leyes educativas, ya sea de la LOCE por el PP, de la LOE en los últimos meses con el gobierno actual. Pero el espectáculo sigue siendo el mismo, pura desunión: el PSOE deroga la LOCE (que tampoco había recibido el respaldo de todos) cuando llega al poder, y el PP desautoriza cuando puede lo que se aprueba en esta legislatura en que gobierna el PSOE. Mientras tanto los ciudadanos, los profesionales de la enseñanza y los jóvenes que están inmersos en el proceso educativo, seguimos atónitos el enfrentamiento, viendo cómo la educación se convierte en arma arrojadiza, por meros intereses políticos.

Ahora se ha aprobado la LOE en el Parlamento, con el apoyo mayoritario de las fuerzas políticas, menos el PP, y empezamos a andar de nuevo con un sistema prácticamente idéntico al de la LOGSE. También las respectivas comunidades autónomas aprueban en sus parlamentos las leyes con carácter autonómico que pretenden reforzar éste o el otro aspecto que consideran relevante. En nuestro caso la LEA tiene claro que hay que potenciar la figura de la dirección del centro, cosa que yo no comparto, pero que los sindicatos bendicen a la espera que se concrete en su implantación.

El PP y la Iglesia, es decir, la derecha, se opone no solo al espíritu y la letra de esas leyes, en clara revancha, sin abrirse a negociación alguna, sino que llama a la deserción, y un caso particular es la materia de Educación para la Ciudadanía. Ellos llaman a esa negativa a asumir leyes aprobadas por el parlamento 'objeción de conciencia'. Creo que ese es el peor modelo que se les puede ofrecer a unos jóvenes que están en edad de aprender a respetar el ordenamiento social democrático.

El caso me recuerda cuando se objetaba para no ir a la mili, y la prestación de un servicio social sustitutorio. Esperanza Aguirre ha apelado a este 'recurso' como un ataque contra dicha asignatura, algo propio de 'Reinos de Taifas' en que se ha convertido España. Algo absolutamente anacrónico, la objeción de conciencia le permitía a muchos librarse de la mili, sencillamente; o bien porque estaban convencidos de que portar armas o matar era algo terrible, poco menos que una traición a su conciencia moral. En realidad era una espita que ya olía a un cierto aperturismo, pero todavía no muy peligroso para el sistema. Ahora se oponen a la implantación de una asignatura bajo el supuesto derecho de unos padres, detrás están los obispos, que instrumentalizan el asunto, de dar una educación coherente con sus principios religiosos. Imagínense si ahora hay que negociar con todas las religiones y sectas que hay en nuestro país, difícilmente conseguiríamos aprobar planes de estudio donde se impartieran asignaturas tan evolucionistas, materialistas, inmanentistas y, en definitiva, tan poco religiosas como Biología, Física, Química, Historia, Filosofía, Lengua, Sociología, etc.

Lo que está pasando es que un grupo social poderoso está haciendo valer su posición de fuerza en la sociedad, porque se lo puede permitir, y, además, creo que no tienen nada que perder. Bueno, las asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de orientación católica que han visto que sí tenían algo que perder, además de un modo bastante inútil, se han avenido al diálogo.

El Parlamento ha decidido imponer como obligatoria una materia, sus razones tendrá, aunque ni conmigo ni con el sector de profesores al que pertenezco se ha parado a negociar. Pero nos guste o no, no nos dedicamos a objetar, ni llamamos a la rebelión. Sería una falta grave como ciudadanos y como profesionales, además de mostrar una actitud poco democrática.

El orden constitucional que respetamos, y muchos defendemos, viene inspirado por un principio de igualdad de derechos de los ciudadanos, el caso de la educación es paradigmático. Todos tienen derecho a un mismo tipo de educación que les capacite para integrarse plenamente en la sociedad, precisamente la formación básica en los valores y principios que guían nuestro ordenamiento social es un primer paso para ello. Las creencias religiosas, que son distintas según el tipo de confesión, con las que los españoles se sienten identificados, vienen después como derechos, y nunca deben coartar el derecho fundamental de todos a una educación general que les capacite como personas integradas en la sociedad. Esto es algo fundamental en un Estado moderno, democrático, que no puede ser más que aconfesional, con una Constitución garante de derechos fundamentales del ciudadano, pero derechos en un régimen de igualdad. La propia Ana Palacios decía respecto de la Constitución Europea, que por desgracia no fue aprobada, que no podía tener más bandera que la secularización, fundamento histórico y cultural de una Europa que se quiere unida (Jeremy Rifkin, 'El sueño europeo').

El espíritu que mueve a Europa y demás países modernos y democráticos es la laicidad, una mentalidad racionalista heredera de la Ilustración que cree a la Razón Humana capaz por sí misma de dar explicaciones del orden natural y humano, desde lo cual instituir un orden social basado en el progreso social.

Creo que el ideario de una escuela para todos, pública, gratuita y capaz de formar ciudadanos en un plano de igualdad, responde a la tradición laica propia del Estado moderno, constitucional y democrático. Otra cosa sería a estas alturas reaccionario, un volver atrás, por mucho que nos quejemos de los males de nuestro ordenamiento social democrático.

Hay que respetar pero desde la igualdad. Considerar que una comunidad tiene un modo de vida distinto, que le capacita para exigir un tratamiento diferente es no solo profundamente elitista y discriminatorio para el resto sino además insólito, cuando es el Estado el que sostiene la educación con la aportación de todos los ciudadanos.

Es cierto que la implantación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por el Parlamento se ha hecho sin negociar, en principio, con la Iglesia; pero tampoco se ha negociado con Evangelistas, con Islámicos, con Judíos, etc. Ni tan siquiera con los profesores que impartíamos una asignatura muy parecida y de la que nadie habla: Ética, o Vida Moral y Reflexión Ética, en la que se cuestionan los valores morales, y se proponen los principios morales sobre los que desarrollar nuestra conciencia moral, y en la que nos atrevemos a llegar incluso a la totalidad de la conciencia moral, sean principios morales o religiosos los que consideramos. Que los Obispos consideren que el Estado no es quien para educar la conciencia moral, privativa según ellos de su Institución y su comunidad, es algo absolutamente imposible, en un orden social en el que se distingue perfectamente entre Religión y Estado. Para la Ética no hay principios morales que no se pretendan en principio con validez universal. El Estado, defensor de una Ética Cívica no puede sentirse coartado por una comunidad particular, por numerosa que ésta sea.

Los obispos reclaman un terreno para ellos, la Iglesia se considera aparte, las asociaciones de padres de alumnos con orientación de la derecha católica se defienden de una intromisión del Estado. Se está exigiendo el reconocimiento de que hay un grupo que tiene un mayor peso social que los demás. En realidad supone una sociedad dividida, es decir, una parte de ella se separa, está ya haciendo objeción de conciencia. Y es que hay demasiado ruido social: el divorcio, las drogas, los problemas en la familia, los jóvenes que no estudian, la falta de autoridad y de referentes auténticos en la familia y en la sociedad. La consecuencia de todo esto es el apartarse, no se quiere nada con todo ese mundo caótico. Se procuran unos guetos, los Colegios privados y privados concertados, las Universidades, las parroquias y demás centros donde ellos tienen el control de las conciencias, el resto les importa poco. Los Obispos no hablan para la generalidad del país, si ofenden a otros no les importa, si la clase media se siente dividida es algo que a ellos no les pesa. Le puede importar al PSOE que pierde votos de centro derecha, pero la Iglesia está ya posicionada social y políticamente.

Todo esto está ya muy claro, ahora deberíamos promover la unidad social, en la educación y promoción de los ciudadanos. La escuela pública, por sus valores de igualdad cumple un cometido fundamental en esta labor. Allí caben todos, alumnos buenos y menos buenos, de cualquier nivel social, con creencias religiosas o sin ellas, ciudadanos españoles y extranjeros; con problemas o sin ellos, con padres divorciados o no, con familias que se ocupan más o menos de sus hijos. Y me dirán muchos profesionales de la privada o concertada que ellos tienen los mismos problemas que los centros no públicos, no lo dudo, malo es que nos enfrentemos unos con otros, en vez de ayudarnos, pero les digo también que las estadísticas no engañan, escolarizamos a más del 80% de los jóvenes inmigrantes que llegan, damos servicio a las zonas y barrios más deprimidos; nuestros alumnos se mezclan y a veces obtienen peor resultado académico, normal, hablamos de población segregada. Impartimos las asignaturas que el sistema educativo cree conveniente, como Educación para la Ciudadanía, como Cambio Social en Nuevas Relaciones de Género (cosa que otros no), etc. Algunos centros privados, o privados concertados, segregan disciplinas y segregan alumnos, no quieren ruido, se hacen un hueco social, una burbuja que les permite mejores resultados académicos y un reconocimiento social en la clase media-alta. Pues bien, yo defiendo la enseñanza pública, la de todos y para todos, la que es sostenida con fondos públicos y responde al ideario de la escuela pública y pido a los padres que no dividan la sociedad, que no tengan miedo a mezclarse, de eso también aprenden nuestros hijos, sobre todo porque se educan en la igualdad.

Los obispos que no hablan de estas cosas ocultan la verdad, mienten, hay una operación en curso de cierre social, de impedir que una parte de la población tenga igualdad de derechos. De ahí la solución que buscan: la separación, defender lo que creen suyo, es decir, el no contaminarse, el mantener sus principios, su ideario, allí donde ni hay aborto, ni divorcio, ni homosexualidad, ni temporalidad, ni paro, ni drogas, ni delincuencia, etc. Como si uno se pudiera evaporar de los problemas, como si alguna vez no te tocara también a ti, como si en alguna forma no fueras ya un apestado. Sin embargo, si lo hacen es apoyándose en el erario público y sin comprometerse en la igualdad de todos, que debía ser lo primero. Pero hay que comprender, socialmente no somos todos iguales, ni accedemos a la misma educación. Cada uno busca lo que es acorde con su clase y su posición, cada uno tiene la religión que puede, es decir la que su bolsillo y su educación le permite. Ahora bien, no olvidemos que la mayor parte de la enseñanza es pública o subvencionada, sería el colmo que el estado pagara y otros decidieran, pero a tenor de lo que pasa con la contratación de los profesores de religión y el concierto con los colegios privados (en detrimento de la pública), todo es posible.

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