Educación exige al Episcopado que rinda cuentas sobre los profesores de Religión

Las conversaciones entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Educación para tratar de llegar a un acuerdo sobre los desarrollos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), relativos a la clase de Religión y al estatus laboral de su profesorado, «están en punto muerto».

Así lo indicaron a ABC fuentes oficiales de la Conferencia Episcopal, quienes aseguraron que «estamos muy lejos de alcanzar una solución satisfactoria» para ambas cuestiones. A su vez, denunciaron que «es la actitud negociadora del Gobierno» la que «hace imposible» cualquier acuerdo en materia educativa.

Tras el encuentro en mayo de la Comisión Mixta Iglesia-Gobierno y a la que acudieron la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, y el vicepresidente del Episcopado, Antonio Cañizares, ambas instituciones han mantenido diversos contactos a través de cartas donde se han emitido diversas propuestas. Éstas, según ha podido saber este diario, no han hecho sino constatar los «profundos desencuentros» entre el Gobierno y la Iglesia en estos asuntos.

A pesar de que estaba prevista una nueva reunión, esta vez de técnicos, entre Educación y Episcopado esta semana, el encuentro tendrá lugar probablemente después de la asamblea plenaria extraordinaria que celebrará la Conferencia Episcopal los días 21 y 22 de junio y en la que, entre otras cuestiones, se abordará la cuestión educativa.

Derecho de exención
La «negociación» se ha llevado a cabo mediante envíos de propuestas a una y otra sede. Así, a finales de mayo la Conferencia Episcopal hizo llegar sus proposiciones al Ministerio. Entre ellas, se encontraba la exigencia de una alternativa de calidad a la asignatura de Religión («cuya presencia no está recogida en la disposición adicional segunda de la ley», critican desde la Casa de la Iglesia), así como el cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado respecto a los criterios de contratación y renovación del profesorado de esta materia.

La contrapropuesta de Educación llegó a la sede episcopal el 6 de junio, siendo evaluada por el Comité Ejecutivo del Episcopado el pasado viernes. En la misma, el Ministerio únicamente se comprometía a estudiar la posibilidad de plantear ante el Consejo de Estado una consulta sobre la legalidad de una alternativa a la clase de Religión. En dicha consulta, se incluiría la facultad de exención para aquellos alumnos que, no queriendo cursar Religión, se negasen a tener una asignatura adicional a las del currículo.

En todo caso, Educación no aseguraba una alternativa de calidad ni se planteaba que las notas de esta materia fuesen computables. En cuanto a la hora en que se impartiría esta asignatura, el Ministerio se remitía a la autoridad de los centros, únicos responsables de elaborar los horarios escolares.

Profesores
En cuanto a la disposición adicional tercera, referida a los profesores de Religión, la postura del Ministerio viene recogida en el texto de la LOE. En la norma se indica que su régimen laboral será «en conformidad con el Estatuto de los Trabajadores» y apunta que su remoción del puesto de trabajo «se ajustará a derecho». En esta cuestión es donde más evidente se hace el desencuentro Iglesia-Gobierno, toda vez que, en virtud de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, cada obispo en su diócesis no debe dar razón alguna para la renovación o no en su puesto de los profesores de Religión.

Para el Ministerio, los criterios para designar o «despedir» a un profesor de esta materia deben ser estrictamente profesionales. Mientras, la Iglesia solicita que estos docentes se ajusten, en lo profesional y en su vida personal, al perfil ético y educativo que se busca para quien imparte formación religiosa.

En más de una ocasión los Tribunales han condenado a la Administración educativa a indemnizar o devolver a su puesto a profesores de Religión que habían sido despedidos de modo improcedente. Los casos más polémicos se han dado en Andalucía y Canarias, con profesores no renovados por haber contraído matrimonio por lo civil o defender la laicidad del Estado. Aunque es la Iglesia la que designa aquellos docentes que están preparados para impartir esta asignatura y a los que no, el empleador (las administraciones educativas) es quien ha de hacerse cargo de las indemnizaciones.

Por ello, el Ministerio de Educación exige a la Conferencia Episcopal una motivación de las altas y bajas anuales en el profesorado de Religión, cuestión a lo que se niega el Episcopado amparándose en los Acuerdos con la Santa Sede y en la necesidad de «salvaguardar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación adecuada». La resolución a este conflicto es especialmente sangrante, toda vez que tanto el Ministerio como la Iglesia coinciden en la necesidad de dar una mayor estabilidad a este profesorado, que se antoja como uno de los grandes perjudicados en el caso de que, finalmente, no exista una alternativa de calidad a la Religión.

Levantarse de la mesa
El pasado viernes, el Comité Ejecutivo analizó las propuestas de Educación, y constató las dificultades para alcanzar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno socialista en materia educativa. Durante la reunión, en la que se marcó el orden del día de la asamblea plenaria extraordinaria, los obispos decidieron hacer llegar su descontento con la propuesta ministerial, así como la posibilidad de elaborar una nota que vería la luz el 23 de junio en la que denunciaran la falta de acuerdo.

Como ya se comprobó tras la reunión del pasado 25 de mayo, todo parece indicar que tanto el Ministerio de Educación como la Conferencia Episcopal dan por hecho que no habrá acuerdo y esperan «que sea el otro el primero que se levante de la mesa», apuntaron desde la Casa de la Iglesia.

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