Educación chilena: Una mirada laica

La educación es un pilar fundamental para el desarrollo del ser humano, por lo que toda sociedad organizada debe darle la importancia que ella merece. En este sentido, Chile tiene que brindar a todos sus ciudadanos, independientemente de su condición social, una educación de calidad para que estos igualen sus posibilidades de abrir nuevos horizontes y ampliar sus niveles de conciencia.

Con una educación de calidad orientada al desarrollo humano se estará formando hombres y mujeres con sólidos valores éticos, tolerantes, respetuosos de los Derechos Humanos y capaces de insertarse en una sociedad democrática, participando activamente en los procesos que en ella se viven, contribuyendo al bien común desde una perspectiva abierta y laica, haciendo al hombre más libre para la toma de decisiones bien fundadas.

Un pensamiento de Fernando Savater¹ para ilustrar lo anteriormente señalado: “Nacemos humanos pero eso no basta: tenemos también que llegar a serlo. ¡Y se da por supuesto que podemos fracasar en el intento o rechazar la ocasión misma de intentarlo!”. Entonces, desde este punto de vista, la educación juega un rol fundamental para no fracasar como personas en el proceso evolutivo de la vida humana. Por lo que seremos más humanos en la medida que la educación forme individuos amantes de la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las relaciones humanas, el cuidado de una sana convivencia social y la tolerancia para respetar la diversidad cultural.

El hecho de llegar a ser humano, en la línea de pensamiento de Savater, implica una idea que es fundamental: los hombres y mujeres son seres incompletos y, por lo tanto, para avanzar en el desarrollo humano es necesario educarse para ampliar los niveles de conciencia y, como consecuencia, hacerse más libres para tener una vida que trascienda y valga la pena vivirla, una vida que permita, en palabras de Paulo Freire², de ser “capaces de intervenir, capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo”, en ese peregrinar por la vida “nos volvemos seres éticos”.

Agrega Paulo Freire que “la utopía posible, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo, es la reinvención de las sociedades, en el sentido de hacerlas más humanas, menos feas, en el sentido de transformar la fealdad en belleza. La utopía posible es trabajar para hacer que nuestras sociedades sean más visibles, más deseables para todo el mundo, para todas las clases sociales”. Si seguimos esta línea de reflexión, surge la idea de que la educación debe ser el camino para brindar a los hombres y mujeres, espacios para crecer y desarrollarse a plenitud, para lo cual ésta debe ser de naturaleza laica, abierta a todas las creencias políticas y religiosas, sin que ello implique que se adoctrine en las escuelas en una u otra corriente en particular.

La educación laica ha tenido tropiezos gigantescos para implementarse en Chile; sin embargo, hay algunos hitos muy significativos que la han puesto en el tapete de la discusión pública en algunos momentos de la historia, entre los cuales hay que destacar la Ley General de Instrucción Primaria Obligatoria (1860), la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) y la creación de La Sociedad de Instrucción Primaria. En estos hitos de la historia de la educación jugaron un rol fundamental destacados libre pensadores, por la valentía y calidad de los argumentos que vertieron para avanzar en la educación, especialmente en los sectores más desvalidos.

Ley General de Instrucción Primaria Obligatoria (1860)³

Es en 1860 cuando se promulga la Ley General de Instrucción Primaria Obligatoria, bajo el gobierno de Manuel Montt, en donde se establece la responsabilidad del Estado como el principal sostenedor de la educación, garantizando su gratuidad. Terminaba así un debate de largos 10 años.

Fue Domingo Faustino Sarmiento el encargado de redactar el proyecto con la intención de replicar lo que él había observado tanto en Europa como en Estados Unidos, focalizando en la necesidad de ampliar la cobertura de la educación impartida hasta ese momento.

El debate se centró en el número de escuelas que había que crear especialmente en el sector rural, lo que según los opositores al proyecto no tendría beneficios porque las familias populares no manifestaban interés en enviar a sus hijos a la escuela. A estos argumentos respondía Victorino Lastarria⁴: “Esas causas las encuentro yo, en primer lugar, en la miseria deplorable que pesa sobre la mayor parte de los habitantes de la República, en la incuria de que está dominado el proletariado, en la falta de recursos, en la falta de espíritu público; en la falta de conocimientos industriales. En segundo lugar, en la discriminación en que está la población en todo el país…”

Sin duda, esa desidia era producto de la ignorancia y de la falta de conciencia en relación a los aportes con que la educación contribuye al desarrollo humano y social de las personas, los padres se contentaban solo con que sus hijos aprendieran a leer y las operaciones aritméticas básicas.

Paulo Freire⁵ nos dice al respecto que “los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla”, quizás este argumento justifica de mejor modo la respuesta que daban los sectores populares a la necesidad de educarse.

Sin duda, la dictación de esta ley constituye uno de los primeros pasos para construir una educación liberadora, que aumente los niveles de conciencia de amplios sectores populares.

Hoy a más de un siglo de la promulgación de esta ley, aún no se consigue que los estudiantes sean capaces de leer comprensivamente, lo que es un gran problema, porque sin comprender lo que se lee no es posible desarrollar un espíritu crítico que permita analizar en profundidad la realidad que afrontan, dejando de ser espectadores de los procesos que les toca vivir, es decir, sin una educación liberadora no es posible desarrollar niveles más altos de conciencia. Sanders⁶ señala que “esta educación liberadora es un ‘despertar de la conciencia’, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad; la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades; y una acción eficaz y transformadora. Psicológicamente, el proceso encierra la conciencia de dignidad de uno; una praxis de la libertad”.

La ausencia a clases de los niños y niñas fue un problema difícil de superar, lo que provocó que el presupuesto para educación fuera discutido año a año. Sin embargo, el Estado logró que se siguieran aportando recursos para la creación de escuelas, lo que implicó un aumento de la escolaridad.

Como consecuencia de esta ley en la educación primaria se establece un sistema de educación pública de carácter obligatoria y gratuita, por lo que el Estado se transforma en su sostenedor; el sistema educacional queda sujeto a una estructura dependiente del Estado a través de la Inspección de Educación Primaria desde la cual se definían los reglamentos, la distribución de recursos y se supervisaba la actividad pedagógica, estableciendo dos sectores: una educación pública a cargo del Estado y las municipalidades y otra de carácter privado.

Los logros en cuanto a cobertura no fueron significativos porque los padres de los estudiantes no enviaban a sus hijos a las escuelas.

Ley de Educación Primaria Obligatoria (1920) N° 3.654

El tema educacional no estuvo ausente después de promulgada la Ley General de Instrucción Primaria Obligatoria de 1860. Es así como después de largos años de debates se aprueba en el Parlamento, el año 1920, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria⁷, que aseguraba la gratuidad de la educación y el acceso universal a este nivel de escolaridad, para lo cual se estimuló la creación de nuevas escuelas y se exigió a los docentes el título de normalista.

Una distinción significativa entre la Ley de 1860 con respecto a la Ley de 1920 es que en esta última el Estado garantizaba a cada niño y cada niña el acceso gratuito a los centros educacionales y velaba para que se cumpliera esta normativa, cuestión que no era supervisada en la de 1860. Es así como los padres tenían la obligación de enviar a sus hijos a una escuela fiscal, municipal o particular por un periodo de 4 años antes de que estos cumplieran 13 años de edad. El artículo 1°⁸ establecía, además, que “a falta de los padres o guardadores, las disposiciones de esta ley se aplicarán a las personas que tengan a su cargo el cuidado de menores”.

La exigencia de la obligatoriedad se señalaba con claridad en el artículo 3°: “Los menores que hubieren cumplido trece años sin haber adquirido los conocimientos de los dos primeros grados de la educación primaria, deberán seguir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o hasta cumplir quince años de edad. Si obtienen alguna ocupación de carácter permanente continuarán sometidos a esta obligación hasta los dieciséis años de edad, debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria o complementaria”.

Finalmente el artículo 4° señalaba que: “El cumplimiento de la educación escolar en esta forma será comprobado mediante un examen rendido anualmente ante una comisión nombrada por la Junta Comunal de Educación”.

Este sistema de instrucción primaria estuvo sometido fuertemente a un debate de corte ideológico entre liberales y conservadores durante todo el siglo XIX, especialmente por los alcances del Estado Docente y la Libertad de Enseñanza.

La explicación de este debate se encuentra en la oposición que mantuvieron los sectores conservadores ante el rol que correspondería al Estado en la conducción de la educación. Manifestaban entre sus críticas que el Estado limitaría la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos y que había un peligro real de que la enseñanza de la religión católica no se mantuviera en las escuelas públicas. Por su parte, los sectores liberales defendían la idea de que la iglesia católica no tuviera injerencia en la educación pública, ya que esta debía tener un carácter laico, sin cerrar la existencia de una educación privada.

El contexto social en el que se produce este debate es de una gran injusticia social, la que se vivía en los ámbitos económico, político y cultural, por lo por lo que esta situación no podía estar ajena a la educación, tal como lo señalara el profesor Alejandro Venegas⁹: “ El atraso vergonzoso en la instrucción de nuestro pueblo tiene su causa en el espíritu conservador, clerical y las tendencias profundamente oligárquicas que han predominado hasta el presente (…) Por otra parte, los magnates de todos los partidos políticos y los aspirantes a tales no pueden mirar sin ojerizas esa maldita instrucción que, redimiendo siervos, los ve dejando poco a poco sin inquilinos”.

Se comprenderá lo difícil que habrá sido la promulgación de esta ley cuyo objetivo final era provocar un cambio en el sistema educacional y, de esta manera, contribuir al desarrollo social de toda la población y, por ende, de cada de uno de sus miembros.

La ley de Instrucción Primaria Obligatoria, entonces, surge como respuesta a la necesidad de tener un pueblo educado para superar los niveles de miseria e ignorancia en que se encontraba sumido, dado que para las familias populares mandar a sus hijos a estudiar les significaba restar ingresos para tener un sustento mínimo para vivir; es una respuesta a los altos índices de analfabetismo que tenía el país, a la resistencia de los sectores conservadores que veían el peligro de enviar a sus hijos a escuelas donde no se les enseñara la religión católica, y que la moral aprendida en los hogares fuera modificada en las escuelas.

Entre los más destacados impulsores de esta Ley se encuentran Darío Salas, Inspector General de Instrucción Primaria en el Gobierno del Presidente Juan Luis Sanfuentes y Pedro Aguirre Cerda, durante su desempeño como ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1918.

La Sociedad de Instrucción Primaria

La creación de la Sociedad de Instrucción Primaria de Valparaíso tenía como finalidad fomentar la educación del pueblo. En su constitución como sociedad intervinieron un grupo significativo de masones. Esta sociedad posteriormente daría origen a la Escuela Sarmiento y a la Escuela Blas Cuevas. Esta última fue objeto de ataques desde el mismo día de su inauguración por su orientación laica.

En la inauguración de esta escuela intervino el Serenísimo Gran Maestro de la Gran Logia de Chile de la época, Ramón Allende Padín, abuelo del presidente Salvador Allende. En su discurso hizo referencia a la injusticia social existente, especialmente en lo educacional y en el carácter de la escuela en cuanto a lo religioso. Dos citas del discurso ilustran plenamente lo anterior: “Hoy que la civilización de las naciones, la grandeza de los pueblos no se mide por sus ejércitos ni por sus riquezas naturales, sino por la ilustración, cada escuela que se levanta es un paso al progreso”. Luego haciendo referencia a la Escuela Blas Cuevas señaló: “Nótese aquí que no se enseña catecismo de religión, es decir, el dogma de una fe; pero a ello nos hemos decidido después de maduro examen, creyendo, con la mayoría del público ilustrado y siguiendo la opinión más generalmente aceptada, que la educación religiosa no pertenece a la escuela sino al hogar doméstico, al cuidado de los padres de familia, jueces únicos que pueden y deben inculcar en sus hijos la creencia que estimen verdadera”.

No podríamos dejar de mencionar a Pedro Aguirre Cerda, libre pensador, político, educador y abogado que ocupó varios cargos ministeriales y la Presidencia de la República. Todos conocemos su lema como gobernante: “Gobernar es Educar”. En su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939, Aguirre Cerda señaló: “Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo”.

La sola lectura de este mensaje nos pone en sintonía con lo que acontece hoy en nuestro país, donde el debate respecto de la gratuidad de la educación se mueve entre dos conceptos claves: la educación como bien de consumo o la educación como un derecho.

En estos días en que muchos de los focos de atención de los políticos y de la población en general están puestos en la educación pública, es importante valorar su significado como eje fundamental y de vital relevancia para el desarrollo social, especialmente de los sectores más vulnerados, por lo que esta debe proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para su desarrollo humano y social. Una Educación Pública que no solo forme individuos, sino personas integrales que puedan incorporarse a una sociedad pluralista, democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.

Siguiendo el pensamiento de Pedro Aguirre Cerda se puede sostener que la educación es la palanca que permite igualar las condiciones de todos los miembros de nuestra sociedad, facilitándoles una ampliación de sus niveles de conciencia para hacerlos más libres y de esta manera poder enfrentar con más y mejores herramientas los desafíos del mundo globalizado en que vivimos. En estas condiciones estaremos atendiendo a las demandas de equidad social con la finalidad de lograr una mayor cohesión social, formando personas que puedan integrarse a una sociedad pluralista, democrática y respetuosa de las garantías fundamentales de las personas. Marquier¹⁰ nos plantea una idea fuerza muy importante: “Impidiendo al ser humano entrar en relación con los demás, cooperando abierta y sanamente, dando y recibiendo apoyo, ese mecanismo deja al individuo muy solo, entregado a sus propias fuerzas y, por lo tanto, muy vulnerable”. Entonces no cabe duda que la educación brinda un mundo de posibilidades de desarrollo humano no solo individual, sino también colectivo.

La educación es un pilar sobre el cual descansa la justicia para superar las desigualdades sociales, apoyando y elevando a los grupos vulnerados producto de la sociedad, facilitando de esta manera el acceso a todas las manifestaciones de la cultura, al mundo laboral y social, a lo que hay que agregar la cohesión social, especialmente, en el momento histórico que estamos viviendo donde muchos de los habitantes de nuestro país tienen rasgos distintos y a los cuales no estábamos acostumbrados a ver en la magnitud que hoy vemos. La sociedad será cada día más diversa en colores, sabores, tradiciones y culturas, por lo que los desafíos para la educación pública serán cada vez más exigentes.

Desde estos argumentos hay una tarea ineludible y que no ha estado en la discusión pública, pero que es muy relevante. Es poner en primer plano la necesidad de tener una educación laica, plural, igualitaria y de calidad, una educación que favorezca la libertad de pensamiento, la que debe ser considerada como un derecho democrático con respecto a la concepción y difusión de las creencias.

La educación actual contempla la asignatura de religión como obligatoria para todos los establecimientos educacionales, la que contempla dos horas de clases durante los 12 años de estudio, haciendo la salvedad de que la asistencia a ellas es optativa para el alumno y la familia. Sin embargo, esto en la práctica es muy difícil de realizar porque los estudiantes quedan marginados de la interacción con sus pares.

El currículum escolar en materia religiosa está monopolizado por dos corrientes religiosas: la católica y la evangélica, marginando en la práctica a otras tan importantes como la islámica y la judía, por nombrar algunas.

Si lo que se plantea es una educación laica, lo más adecuado podría ser dar un curso de Historia de las religiones o simplemente tener un espacio curricular para el trabajo filosófico lo que permitiría generar espacios de reflexión en torno a las grandes preguntas de la filosofía.

A través de la historia de Chile la educación desde siempre ha sido considerada como una palanca para el desarrollo social. Los nombres de Bernardo O”Higgins, Darío Salas, Ramón Allende, Faustino Sarmiento, Valentín Letelier, Miguel Luis Amunátegui, Luis Gómez Catalán, y tantos otros han brillado con luz propia en su accionar en defensa de la educación pública y su laicidad. Chile está preparado para educar a sus futuras generaciones con una impronta laica, pluralista e igualitaria. Tenemos que asumir este desafío como sociedad y luchar para que nuestra educación pública sea efectivamente laica porque ella garantiza el respeto por la diversidad de credos y la tolerancia.

NOTAS

1 Savater F. 2004. El valor de educar. Ariel S.A. Barcelona
2 Freire P. 2009. El grito manso. 2° Edición. Artes Gráficas Delsur. Argentina
3 http://www.archivonacional.cl/616/w3-article-28319.html
4 www.archivonacional.cl/616/w3-article-28319.html
5 Freire, P. 2002. Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI Editores Argentina S.A.
6 Sanders, T. en Freire, P. 2008. La Educación como Práctica de la Libertad. Artes gráficas del Sur. Argentina 7 Ley de Instrucción Primaria Obligatoria
8 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=24146
9 http://docplayer.es/12313377-Reforma-o-revolucion-al-modelo-educacional-chileno-debate-acerca-de-la-ley-de-instruccion-primaria-obligatoria-1890-1920-1.html
10 Marquier , A. 2006. La libertad del ser. Ediciones y distribuciones Vedrá. S. L.

Julio Zuleta

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*Los artículos de opinión expresan la de su autor, sin que la publicación suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan todo lo expresado en el mismo. Europa Laica expresa sus opiniones a través de sus comunicados.

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