El decreto ley recogerá las cuotas de la Iglesia católica en Unicajasur
Definitivamente, la Consejería de Economía y Hacienda ha eliminado del borrador del decreto ley de reforma de la norma autonómica de cajas de ahorros, enviado a los partidos de la oposición, la bula legal de la que disfrutan ahora los representantes del Cabildo catedralicio de Córdoba en Cajasur. Al contrario que el resto de consejeros, los mandatos de los canónigos son perpetuos y su edad de jubilación está en 75 años, en lugar de 70. La reforma de la ley acaba con estos privilegios.
Aunque el secretario de Organización del PSOE, Rafael Velasco, aludió ayer a "situaciones kafkianas" por las interpretaciones sobre el contenido de la ley, lo cierto es que el Gobierno socialista ha defendido una cosa y la contraria en los dos proyectos de decreto en poder de este periódico. En un primer texto, se dice que la futura Unicajasur estará sometida al régimen general, pero a continuación se añade: "Si bien se reconoce a los (…) canónigos las singularidades que la actual ley les reconoce (sometimiento en cuanto al procedimiento de nombramiento y duración de mandatos a lo que digan sus Estatutos y límite de edad en el consejo de administración de 75 años)".
En el segundo texto, enviado a las cajas y a la oposición, se reitera el sometimiento al régimen general e incluso se enfatiza que "expresamente se declaran derogadas" las disposiciones con las prebendas personales de los representantes del Cabildo que figuran en la actual ley.
Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron ayer que la "intención de la Junta desde el principio" es que no haya "ningún privilegio para nadie, como no podía ser de otra manera", pero no explicaron por qué entonces se redactó un documento en el que se mantenían las prebendas. El embrollo, con tintes misteriosos, es aún mayor porque en los pactos alcanzados por Unicaja y Cajasur el asunto de las prerrogativas canónigas nunca estuvo en un papel. El ex presidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, terció ayer en la polémica y aseguró que "los privilegios personales no pueden, ni deben obstaculizar ese proceso de fusión", según Europa Press.
En este último decreto se propone la modificación de hasta 14 artículos de la ley de Cajas de Ahorros y de seis disposiciones. La propuesta de cambio da salida a la propuesta de fusión entre Unicaja, Cajasur y Caja de Jaén e incluye los términos acordados por la entidad malagueña presidida por Braulio Medel y por la cordobesa, capitaneada por el sacerdote Santiago Gómez Sierra, en el protocolo de fusión. El último borrador amplía la presencia de las entidades fundadoras en el consejo de administración de lo que se llamará (si nadie lo remedia) Unicajasur en un 26%, es decir, tendrán siete sillones en un órgano que contará con 25, de los que dos corresponderán al Cabildo. El decreto recoge en la disposición adicional segunda la representación en los órganos de gobierno de la Iglesia católica (asamblea general, consejo de administración, comisión ejecutiva y comisión de control), por lo que se le da máxima cobertura legal -podría haberse regulado en los Estatutos – a lo acordado en el protocolo de fusión. No obstante, en el último texto el porcentaje de representación no viene precisado y figura en blanco.
La reforma amplía de dos a tres años el periodo transitorio de los órganos de gobierno en caso de fusiones, refuerza la posición de la Junta a la hora de autorizar uniones con cajas de otras comunidades, rebaja a dos tercios la mayoría necesaria para acordar la emisión de cuotas participativas y obliga a incluir entre la documentación de las entidades para los proyectos de fusión un informe de impacto de género en los órganos de gobierno.
Las prisas del Gobierno andaluz por dar rango ley a la fusión a tres bandas está urgida por el Banco de España, a causa de la cuando menos delicada situación de Cajasur.
