Dos usuarias de una piscina municipal en Granada, expulsadas por llevar ‘burkini’, pese a la que normativa lo permite

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Granada denuncia un acto discriminatorio en la piscina municipal Antonio Prieto.

Dos usuarias de la pisicina del Centro Deportivo Municipal Periodista Antonio Prieto, que gestiona y explota la empresa INACUA, como concesionaria, fueron expulsadas este domingo por nadar con un traje de baño completo, conocido como ‘burkini’, según ha denunciado este lunes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Granada, que califica el suceso como un “acto discriminatorio e islamofobo”.

El ‘burkini’ es un traje de baño especialmente diseñado para mujeres musulmanas que solo deja al descubierto la cara, las manos y los pies.

Miembros de la APDHA en Granada fueron testigos del trato discriminatorio dispensado a las dos usuarias, a las que personal de INACUA instó “a marcharse del recinto con sus hijos e hijas, debido al tipo de traje de baño que llevaban”.

Y ello, pese a que ante un hecho similar acecido el pasado septiembre, cuando tres usuarias fueropn expulsadas de la misma piscina por nadar con un traje de baño similar, el Ayuntamiento de Granada aclaró que “no hay restricción normativa alguna para el uso de esta prenda en la normativa municipal ni en la de la concesionaria, por ello se debe readmitir y permitir que los usuarios con dicha prenda utilicen las instalaciones siempre que no haya otros criterios de seguridad o higiene que lo limiten”.

Así cuando en septiembre pasado sucedió un hecho similar en el centro, situado en la Avenida Federico García Lorca, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada  respondió que «no hay restricción normativa alguna para el uso de esta prenda en la normativa municipal ni en la de la concesionaria, por ello se debe readmitir y permitir que los usuarios con dicha prenda utilicen las instalaciones siempre que no haya otros criterios de seguridad o higiene que lo limiten».

Por tanto, APDHA exigió en un comunicado un “posicionamiento oficial” del Ayuntamiento ante esta situación.

También reclama “una disculpa de INACUA, empresa encargada de la gestión de la piscina, a las usuarias expulsadas del recinto” y que se garantice por parte del Ayuntamiento “que ningún otro episodio discriminatorio volverá a ocurrir en piscinas municipales”. Si esto se repitiera el Ayuntamiento “debería rescindir el contrato con los actuales adjudicatarios de la piscina”, añadió la asociación.

Para APDHA “un ayuntamiento que está a punto de abrir un Observatorio sobre Delitos de Odio debería garantizar que estos no ocurran en sus dependencias y por parte del personal que depende de ellos”.

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