Dos lesbianas logran la patria potestad compartida de dos gemelas en Navarra

Una juez navarra considera que las madres forman «un núcleo familiar idóneo» para las pequeñas. Las menores, hermanas gemelas que aún no tienen un año, son hijas biológicas de una de las mujeres.

Una pareja de lesbianas que conviven en una localidad cercana a Pamplona desde 1999 ha conseguido que una juez reconozca a ambas iguales derechos y deberes respecto a dos gemelas nacidas hace un año. Una de ellas se sometió a un proceso de inseminación artificial y es la madre biológica de las pequeñas.

Por primera vez en España, una juez ha decidido que dos lesbianas pueden ser madres legales de un niño en igualdad de condiciones ya que considera que la pareja forma «un núcleo familiar adecuado para favorecer el desarrollo psicológico y social». Cuenta Luis Sanchís en El Periódico que la titular del Juzgado de Familia número 3 de Pamplona ha concedido la adopción de dos niñas gemelas –que todavía no han cumplido un año– a la novia de la madre. Esto supone que las dos mujeres compartirán la patria potestad, por lo que tendrán los mismos derechos y obligaciones respecto a las pequeñas.

El auto recuerda que la adoptante y la madre biológica son pareja desde hace más de siete años y conviven desde 1999. Su objetivo era ser madres en el año 2000, por lo que una de ellas solicitó una inseminación artificial al Centro de Planificación Familiar del Gobierno navarro. El texto de la sentencia especifica que ya en ese momento se les realizó un informe que valoraba a la pareja.

ESTABILIDAD
El resultado fue positivo porque ambas «garantizaban el buen desarrollo físico, psicológico y social de la posible criatura». Cuando la solicitante se sometió a la inseminación, no prosperó el embarazo, por lo que su compañera decidió intentarlo y se quedó embarazada de gemelas.

Tras el nacimiento, una psicóloga del centro emitió otro informe que las valoraba como pareja y a título individual. El documento especifica que las dos mujeres, de 38 y 42 años, son «estables desde el punto de vista psicológico, familiar y socioeconómico». La juez destaca que forman un núcleo familiar «adecuado e idóneo para su desarrollo».

SATISFACCIÓN HOMOSEXUAL
Las asociaciones que defienden los derechos de gays y lesbianas acogieron con entusiasmo la noticia, una «sentencia histórica». «Se abre una puerta que ya no se podrá cerrar», dijo Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.

En su opinión, la sentencia prueba que, finalmente, una ley ampara los derechos de los niños nacidos y educados en familias homosexuales. Gimeno exigió a los políticos que comprendan «de una vez que hay miles de parejas homosexuales» que están cuidando a «niños cuyos derechos no pueden ser recortados en virtud de la moral de algunos».

Asun Companys, abogada de las madres, admitió ayer que no esperaba esta sentencia. «Creía que la iban a recurrir», afirmó. Companys, que colabora con asociaciones de mujeres, explicó que las dos mujeres están muy satisfechas, aunque no quieren perder el anonimato. Según la abogada, «la puerta está abierta, aunque la justicia tarda en dar respuesta a las demandas sociales».

MÁS LENTO
La adopción de las niñas se tramitó de forma más lenta que en el caso de una pareja heterosexual. La petición se apoyó en el artículo 8° de la ley foral navarra, que equipara los derechos de las parejas estables sin citar la orientación sexual de quienes las forman.

La Unión Progresista de Fiscales también aplaudió la sentencia. Su portavoz, Antonio Camacho, manifestó que es «lo normal en un estado del siglo XXI y que oponerse a ello sólo se basa en razones morales que podían imponerse en el siglo XVIII». Camacho está convencido de que demostrará lo acertado de la equiparación plena de derechos entre homosexuales y heterosexuales. A su juicio, también probará que los niños adoptados viven «perfectamente bien» en una pareja de lesbianas.

Navarra fue la primera comunidad autónoma que reconoció el derecho de gays y lesbianas a adoptar. Aunque la ley está impugnada ante el Tribunal Constitucional por parte de medio centenar de diputados del Partido Popular y uno de la Unión del Pueblo Navarro, la sentencia hecha pública ayer es firme y no hay riesgo de que pueda modificarse. En el caso de que el alto tribunal la declarase inconstitucional, no se suspendería la aplicación

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