Uno de los dictámenes pone el foco en la defensa de la dignidad de las mujeres y prohíbe que estas sean enviadas a prisión por abortar; la otra niega a los estados capacidad para determinar cuándo comienza la vida. Juristas y activistas creen que ambas servirán como guía para litigios estratégicos y otras acciones a favor de la despenalización del aborto en el resto de la región.
El colofón del evento antiabortista de un edil de Vox en València: un cáterin de 1.400 euros pagado por el Ayuntamiento
El Consistorio también ha costeado los 495 euros que costó el autobús que se dispuso para trasladar a…