Es el caso más grave del país (hasta ahora conocido) de abusos sexuales por parte de curas y monjas sobre decenas de niñas y niños. ¿Por qué en estos dos años el Vaticano hizo todo para encubrir y dar impunidad?
En estos días se cumplen dos años del destape de la causa por los abusos sexuales cometidos sobre niñas y niños sordos en el instituto religioso de la localidad mendocina de Luján de Cuyo.
Se trata, nada menos, del caso más grave en Argentina (de los conocido hasta hoy) de abusos sexuales eclesiásticos, tanto por la cantidad de víctimas, como por la cantidad de victimarios y por el sistema de encubrimiento e impunidad orquestado por la alta jerarquía de la Iglesia católica.
Como en cada caso de estas características salidos a la luz en las últimas décadas, son los sobrevivientes y sus familiares quienes se ven en la obligación de luchar a brazo partido contra el encubrimiento de la Iglesia y la complicidad del Estado.
Solo cuando los casos son insosteniblemente escandalosos, jueces y fiscales parecen despertar de sus descansos eternos y activan los expedientes. Y allí deben estar también las víctimas, siguiendo paso a paso lo que se hace desde los tribunales, sumando al dolor por los abusos el odio por los obstáculos del sistema.
El grito
En noviembre de 2016 un grupo de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos denunció que varios adultos del Instituto Antonio Provolo cometieron sistemáticos crímenes aberrantes (que incluían torturas físicas y psicológicas) contra niñas y niños sordos. Tras años de silencio obtenido a base del terror, un valiente puñado de víctimas puso a la luz un verdadero sistema criminal con la complicidad de la jerarquía eclesiástica y el Estado.
Cual caja de Pandora, la puesta en acto de unas pocas denuncias desató un vendaval que en poco tiempo escandalizó al país de Jorge Bergoglio, desde hacía ya tres años y medio bautizado Papa Francisco. Las primeras vejaciones denunciadas no eran las únicas y en poco tiempo se supo que sus ejecutores tenían un largo historial criminal, siempre silenciado por la Curia.
Inmediatamente el escándalo uniría a Cuyo con el norte y el centro del país. Desde Salta llegaría el testimonio de Daniel Sgardelis, un hombre de 44 años que no solo avaló lo dicho por la víctimas mendocinas sino que relató los abusos que él mismo sufrió en los años 80, en el Provolo de La Plata, por parte del mismo jefe de la banda de abusadores detenido en Luján de Cuyo.
Así se abrió otro expediente penal en la capital bonaerense, dejando al descubierto la complicidad de monseñor Héctor Aguer, durante años encubridor de dos de los abusadores.
Todos los caminos conducen a Roma
Como se dijo, hasta donde se conoce, esta es la causa más grave de abusos sexuales eclesiásticos en el país, por la cantidad de protagonistas y por el nivel de encubrimiento e impunidad orquestado por la Iglesia.
Por ello resalta la figura de Francisco, ya que los años en que se produjeron gran parte de estos crímenes fueron en los que Bergoglio jugó un rol fundamental en la Iglesia católica argentina y transitó su meteórico ascenso en su “carrera eclesiástica”. Y se sabe que dentro de la Iglesia católica muy pocas cosas, al menos de las importantes, escapan al conocimiento pormenorizado de la alta jerarquía.
Recién a mediados de 2017 el Vaticano nombraría una “comisión de investigación” intrainstitucional, integrada por dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Córdoba, quienes desde el primer momento se negaron, por un lado, a aportar información a la causa judicial y, por otro lado, a intentar extraer de ella todo lo que pudiera serles de particular interés.
Para ambas cosas invocaron el privilegio jurídico que le otorga el vigente Concordato de 1966, firmado entre la dictadura de Juan Carlos Onganía y la Santa Sede.
Y no hay que olvidar que en 2014, ya siendo Papa, Bergoglio tomó conocimiento a través de varias víctimas italianas de muchos casos de abusos sexuales cometidos por decena de curas en el Instituto Provolo de Verona, entre los que se encontraba el mismo Nicola Corradi, con el que convivió durante décadas en su Iglesia argentina. Y no adoptó ninguna medida.
Actualmente la causa espera fecha para el comienzo del juicio oral. Tiene quince imputados, entre los que se encuentran los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez (ambas de la congregación de las Hermanas del Huerto, implicada en otros casos de abusos sexuales en otras ciudades del país).
El número de víctimas aún es desconocido, ya que los familiares denuncian que no han sido citados todos los niños y niñas que concurrían al establecimiento. Además, muchas de las personas que han sido citadas en estos dos años como testigos terminaron manifestando haber sido también víctimas de los imputados.
Encubrimiento y complicidad al desnudo
La denuncia también puso en evidencia el modus operandi de la Iglesia Católica. En 1984 Nicola Corradi fue obligado por sus superiores a escapar de Italia, al haber aparecido las primeras denuncias de abusos sexuales. Amparado por el Vaticano, primero fue trasladado a la sede del Provolo de La Plata. Y desde 1998, amparado por el Episcopado argentino, se afincó en el instituto lujanino.
Un clarísimo ejemplo del sistema de encubrimiento e impunidad, orquestado desde la misma jeraquía eclesiástica y aplicado en todo el mundo, tal como lo expuso este diario en su documental No abusarás. El mandamiento negado en la Iglesia de Francisco, publicado el año pasado.
Ese sistema, tal como lo denuncia reiteradamente Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, está avalado por el mismo Estado a través del Concordato de 1966, mantenido por todos los gobiernos (militares y constitucionales) que sucedieron a Onganía.
Para el letrado, las normas jurídicas que la Iglesia aplica a los casos de abuso sexual son la columna vertebral donde se engarza todo el sistema de encubrimiento del clero abusador. “La iglesia en cualquier parte del mundo, ante la noticia de un abuso, lo primero que hace es proteger al abusador. Si el caso no tomó estado público, se lo traslada con la complicidad del obispo. Mientras que si tomó estado público, comienza un procedimiento de investigación interno donde las víctimas no tienen más derechos que el de presentar la denuncia”, explica Lombardi.
La denuncia de los sobrevivientes puso al desnudo la complicidad del Estado. Las familias nunca fueron acompañadas pro funcionarios provinciales. La Asociación Xumek, patrocinante de parte de las querellas, recuerda que “en 2008 fue radicada una denuncia penal por delitos sexuales en el Provolo, cuyo expediente no presentó investigación alguna, no se tomó ninguna medida conforme a la ley y a los protocolos de actuación ante casos de denuncia de abusos sexuales y tampoco se citó a la víctima menor sorda”.
Dos años intensos
Mientras se tramita la causa judicial en Mendoza, los dos años transcurridos desde que se destapó el escándalo del Provolo mendocino fue más que intensos. Nuevas denuncias de abusos sexuales salieron a la luz en otros lugares del país contra curas y otros miembros de la Iglesia al tiempo que Francisco protagonizó nuevos escándalos internacionales sobre este tema, como su rol pérfido en el caso de los obispos encubridores de Chile o su crisis interna en el Vaticano frente a la acusación de víctimas de hacer todo para encubrir abusadores.
Pero también en Argentina se desarrolló el intenso debate alrededor de la legalización del aborto y de la aplicación plena de la ley de Educación Sexual Integral, que encontraron a la jerarquía católica en la primera fila de la lucha contra derechos elementales, defendiendo supuestos “valores” que la ubican más cerca de la tristemente célebre Santa Inquisición que de millones de pibas y pibes que solo quieren vivir sus vidas sin represiones oscurantistas ni ideologías encorsetadas.
A su vez esos debates pusieron sobre el tapete otro más abarcativo sobre los verdaderos intereses, nada celestiales sino muy terrenales, que defiende con cruces y espadas la institución gobernada por Bergoglio. La decisión de sostener a como dé lugar sus multimillonarios intereses económicos y su injustificable nivel de injerencia en la regimentación de la vida cotidiana de la población, obligaron a la Curia a una exposición política que hacía tiempo no se veía.
Por eso la pelea consciente por la efectiva separación de la Iglesia y el Estado se impone como una necesidad de las millones de personas que quieren juicio y castigo a los ejecutores de crímenes aberrantes como los del Provolo. La lucha en las calles del movimiento de mujeres por conquistar el aborto legal, seguro y gratuito y por la implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas tiene muchos vasos comunicantes con la lucha de las víctimas de abusos sexuales por parte de curas y “laicos consagrados”. Una lucha más necesaria que nunca.
