Documentos de la Junta reconocen a la Iglesia la propiedad de la Mezquita

La administración autonómica se refiere al monumento como «Catedral» en un convenio fechado en 2005 La presidenta eleva el tono del enfrentamiento y la Iglesia se defiende

Hubo un tiempo en que la Junta de Andalucía no tenía dudas sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral y reconocía al Cabildo como propietario, titular y responsable del monumento más representativo de Córdoba. Así se pone de manifiesto en varios documentos oficiales propios de la relación entre dos instituciones en los que diversos representantes de la Junta de Andalucía se refieren al Cabildo como «propietario» o «titular» del inmueble. Se trata de un discurso que poco tiene que ver con el que ahora defiende la presidenta de la administración autonómica, Susana Díaz, quien el pasado sábado elevó el tono de la polémica que se abrió hace ahora casi un año por la inmatriculación de la Mezquita-Catedral por parte del Cabildo y la exigencia de la titularidad pública del monumento. La presidenta llegó a decir que no considera «legítimo ni razonable» que la Iglesia lo haya puesto a su nombre «por 30 euros» e insistió en que el inmueble debe ser «de todos los cordobeses, los andaluces y los españoles».

La Junta y la Iglesia siempre han mantenido una relación correcta en referencia a la Mezquita-Catedral debido a la competencia del gobierno regional de proteger el patrimonio andaluz, más aún cuando el monumento en concreto está catalogado por la Junta como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que lleva implícito ya desde la propia designación unas tareas de conservación por parte de la administración autonómica. Fruto de esta responsabilidad se firmó un convenio en 19 de diciembre de 1991, hace más de 20 años, para la «conservación, mantenimiento, tutoría y mejor cumplimiento de la función social de la Catedral, antigua Mezquita». Sorprende en este encabezado que también la Junta reconoce la denominación de Catedral para el monumento. El documento está firmado por el entonces consejero de Cultura, Juan Manuel Suárez Japón, y por el deán del Cabildo Alfonso García Molano y en él se reconoce que la Iglesia «como titular del monumento viene desempeñando los deberes de conservación, mantenimiento y custodia en los términos exigidos por la Ley 18/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español». El convenio tiene como objetivo afrontar las obras de restauración de la torre y la capilla del Inca-Garcilaso de la «Catedral, antigua Mezquita», según se recoge de manera literal en el documento.

El segundo documento está fechado el 29 de junio de 2005 y en esta ocasión es la entonces delegada de Cultura de la Junta, Mercedes Mudarra, quien se dirige al Cabildo «en calidad de propietario del inmueble» bajo el asunto «régimen de visitas en Torre de la Catedral». También en esta ocasión el Gobierno autonómico reconoce al monumento como «Catedral» y, en esta caso, incluso obvia la palabra Mezquita, algo que tanto ha molestado que lo haga el Cabildo en los folletos turísticos de las visitas, según la versión de la Junta.

Estos textos oficiales son además anteriores a la inmatriculación, que se produjo en 2006, lo que avala que antes de que se produjera la inscripción en el Registro de la Propiedad ya se reconocía a la Iglesia como titular del inmueble. Sin embargo la Junta de Andalucía ha cambiado de actitud aprovechando la polémica iniciada por la plataforma ciudadana Mezquita-Catedral Patrimonio de todos. Primero fue IU -socio de gobierno en la Junta con el PSOE- quien se hizo eco de la petición del colectivo y, en cierto modo, presionó a los socialistas para que también lo hicieran. No obstante, entre los propios socios de gobierno parece que no hay igualdad de criterio. Así el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, planteó un debate sobre la gestión del monumento en un reunión celebrada el día de Nochebuena pero no puso en duda su titularidad. Sin embargo, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró la semana pasada que la Mezquita-Catedral debe ser «pública» y dejó en manos del Cabildo la gestión turística, todo lo contrario de lo que había planteado Rodríguez. Entretanto, la Iglesia sigue defendiendo que toda la legislación internacional y nacional «avala que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236». Además, recuerda que el Ministerio de Hacienda así lo afirmó en un informe publicado el pasado mes de abril.

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