El bloque de diputados cristianos afina un Proyecto de Ley para la Libertad Religiosa y de Culto que busca el reconocimiento estatal a las iglesias no católicas, mediante la creación de una figura jurídica acorde con esa actividad.
Con ese objetivo es que los partidos Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana iniciaron un proceso de consultas con diferentes sectores para escuchar sus inquietudes e incluirlas en la iniciativa.
La semana pasada se reunieron con pastores de la Alianza Evangélica y han enviado misivas a municipios y congregaciones de otras denominaciones.
Según el diputado de Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, la intención es presentar un texto sustitutivo al plan de ley que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, para lograr su aprobación en comisión e iniciar debate en el plenario antes del 1.° de mayo del 2017.
El proyecto original fue presentado hace dos años por legisladores de seis fracciones que entonces conformaban el parlamento (Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, Renovación Costarricense, Movimiento Libertario y Accesibilidad Sin Exclusión), aunque era promovido por Carlos Avendaño.
Nueva figura. El plan pretende que las iglesias evangélicas ya no recurran a la Ley de Asociaciones para formalizar su operación ante el Estado. En la actualidad, se ven en esa obligación para poder obtener servicios, permisos y créditos en el sector financiero.
En criterio del diputado Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana, no procede que reciban el mismo trato que las asociaciones deportivas o de vecinos.
“Lo que se trata es de facilitar la organización legal de estos grupos. Las iglesias tienen sus particularidades y hay que regularlas, hay que crear una figura jurídica más acorde con la labor”, dijo el legislador.
La nueva figura jurídica excluiría a la Iglesia católica porque ya es reconocida por el Estado, y a las iglesias que promueven prácticas de hechicería y brujería.
“Queremos que haya una verdadera libertad religiosa en Costa Rica, una ley que regule cuál es la objeción de conciencia (negativa a acatar órdenes con base en creencias). No queremos que se sigan cerrando iglesias porque digan que hay problemas de sonido. Estamos legislando en favor de los derechos humanos de una minoría”, dijo Ramírez.
“No estamos pidiendo exoneraciones de impuestos ni ayudas del Gobierno; estamos pidiendo que haya una ley que regule las minorías religiosas y que asegure la libertad de culto, como lo dice la Constitución”, agregó.
