La dirección elegida por el PSOE para avanzar en la laicidad es la correcta y los insultos de personajes como Joaquín Leguina o Antonio Burgos son la prueba de ello
Se ha abierto el melón y ya era hora, porque se nos estaba poniendo maduro en exceso. El PSOE está elaborando el programa electoral con que acudirá a las elecciones generales del 20D y la mayor novedad está en la nueva relación con la Iglesia Católica que proponen los socialistas. Porque una cosa es que cada uno esté en su casa y Dios en la de todos, y otra bien diferente es que Dios esté en las casas de todos: las escuelas, los parlamentos, los ayuntamientos, los cuarteles…
Un extremo que es aún peor cuando Dios y sus testaferros pueden apropiarse de las casas de todos, gracias a la Ley Hipotecaria de José María Aznar que les daba permiso para arramplar con inmuebles comunes, como casas de maestros, mezquitas o hasta plazas de pueblo que han llegado a inmatricular con absoluta impunidad.
Todo esto, nos promete Pedro Sánchez, va a cambiar si él llega a ser presidente del Gobierno. La Ley Hipotecaria se modificará y a la Iglesia se le “reclamarán” los bienes incautados durante estos años. Quizá, por cuestiones de retroactividad, solo podamos rogarles sin éxito que devuelvan lo inmatriculado, pero ya no podrán continuar con la apropiación indebida. Y hablando de acaparar, se acabará también eso de que el Catolicismo se quede con los muertos de todosy se establecerá un protocolo para realizar funerales de Estado civiles.
Además, se vuelve a prometer que la Religión dejará de ser una asignatura obligatoria y cuya nota contará para el expediente. Lo mismo que prometió, y cumplió, Zapatero en 2004 y que sigue vigente hoy día por el empeño del PP de devolvernos al pasado sin necesidad de usar el DeLorean.
Aunque el órdago lo ha lanzado el PSOE con la promesa de eliminar la mención a la Iglesia Católica en la Constitución Española. Pese al supuesto carácter aconfesional de España, el artículo 16 de la Carta Magna hace una mención honorífica a la “Iglesia Católica” que no disfrutan el resto de confesiones. Para llevar a cabo esta modificación, que atañe a derechos fundamentales, el PSOE necesita el apoyo de tres cuartas partes de la Cámara y convocar un referéndum, en el que entrarían otras modificaciones de la Constitución.
Aquella mención en la ley de leyes de 1978 se incluyó como un guiño para apaciguar una Iglesia aún demasiado franquista, así como la referencia a que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. Dice Sánchez que su ejemplo es “la República francesa”. En el país galo, entre el 52% y el 64%, según las fuentes, se declara católico, (hace 15 años era el 80%) mientras que en España, según el barómetro del CIS de enero de 2015, los católicos representan el 69,3%. Pero es que la condición de mayoritario que tiene el catolicismo no casa con la laicidad que exige la democracia, porque por esa regla de tres tendrían que recibir más privilegios los españoles que sean blancos, o del Real Madrid o que ven Gran Hermano.
Pero lo más importante es, por una parte, conducir el debate de manera racional y educada, sin tonos revanchistas como el que demostró Pablo Iglesias en Salvados (¡Vamos que si lo pagarán!). Y, por otra parte, que la promesa no caiga en el olvido si llegan al Gobierno. Porque ya hemos visto en demasiadas ocasiones que los programas socialistas se convierten en miedo cuando los alzacuellos empiezan a amenazar.
