El colectivo Déjala Decidir demandó un debate objetivo en el que se respete el estado laico y la firma de 65 mil personas que respaldan esta iniciativa.
Luego de que el Congreso de la República archivara el proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en caso de violación sexual, el colectivo Déjala Decidir convocó este martes a una protesta en la Plaza San Martín para demostrar su rechazo e indignación ante la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento.
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Decenas de manifestantes con arengas, carteles en mano y cuerpos pintados se mostraron en contra de la decisión de los congresistas Javier Velasquéz Quesquén, Julio Gagó, Martha Chávez, Luz Salgado, Aldo Bardales y Javier Bedoya.
“Estamos indignados porque el Congreso finalmente no está representando la demanda de las mujeres que abortamos en condiciones inseguras. Buscamos que se respete la firma de más de 65 mil personas que respaldan este proyecto de ley”, manifestó a Perú21, Zaida Lucas, activista del colectivo Déjala Decidir.
Tras esta acción, el colectivo tiene como objetivo inmediato priorizar la agenda de la despenalización del aborto para proponer la reconsideración dentro de la Comisión de Fiscalización y sobre todo lograr un debate objetivo.
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“El proyecto no fue debatido objetivamente, se mezclaron concepciones religiosas particulares de fe, no se respetó el estado laico, se ha dado la espalda al proyecto de vida de miles de mujeres que sufren violaciones, en su mayoría niñas y adolescentes”, denunció Sandra De la Cruz, vocera del colectivo Déjala Decidir.
Las activistas calificaron este hecho como ‘irónico’, ya que este miércoles 25 de noviembre se conmemora el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es por ello que también se hizo una convocatoria a los ciudadanos para marchar mañana, miércoles, a las 2:00 p.m. La concentración será en el Parque de la Muralla, en el Centro de Lima.
Al respecto, la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, quien también acudió a la Plaza San Martín, indicó que se debe dar una norma “que le permita a la mujer tomar una decisión de poder continuar o interrumpir su embarazo cuando se da un caso de violencia sexual”,
Según explicó, el Gobierno ya ha mostrado su postura respecto a este tema, teniendo en cuenta las cifras de abortos ilegales que se manejan a nivel nacional.
