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Desde Asturias Laica: La lista de propiedades inmatriculadas por la Iglesia de 1998 a 2015 llega al Consejo de Ministros

Excelente artículo de nuestros compañeros de Asturias Laica en su blog de recomendada visita.

Según Transparencia, sólo la mitad de los inmuebles que han pasado a engrosar el patrimonio de la Iglesia son estrictamente religiosos; el resto pueden ser fincas, garajes, edificios de viviendas…

El listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015 estará hoy sobre la mesa del Consejo de Ministros y después será remitido al Congreso, que encargó su elaboración en 2017. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, dará conocimiento al Gobierno del listado del que ya sabemos, gracias al portal de transparencia, que incluyen más de 34.000 fincas a nombre de las diócesis, la mayoría sólo con una certificación de la propia iglesia.

De ellas, apuntaban entonces, “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos“. Esto quiere decir que solo la mitad de los inmuebles que han pasado a engrosar el patrimonio de la Iglesia son estrictamente religiosos; el resto pueden ser fincas, garajes, edificios de viviendas…

El Consejo de Ministros verá este martes el informe elaborado por la vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y se lo enviará al Congreso, según han informado fuentes gubernamentales a elDiario.es. A partir de ahí, el listado de los más de treinta mil bienes e inmuebles podrán ser sometidos a consulta pública para que los particulares que consideren que tienen derechos de propiedad sobre los mismos puedan iniciar los procesos de reclamación.

Aznar promovió una modificación de la Ley Hipotecaria que permitió a la Iglesia registrar a su nombre miles de fincas con una simple certificación eclesiástica. Durante la dictadura franquista una ley permitía que la Iglesia registrara los templos con tan solo la firma de un obispo. La normativa de Aznar ampliaba ese privilegio a lugares que no fueran de culto. Ese procedimiento estuvo vigente hasta el año 2015, cuando se modificó esa normativa. En ese periodo de diecisiete años, la Iglesia inmatriculó un total de 34.961 bienes de acuerdo al informe que ha llegado “en mano” al Consejo de Ministros, es decir, sin incluirse previamente en el orden del día, según esas mismas fuentes.

El Gobierno había confirmado el pasado mes de abril de 2020 que estaba elaborando “un informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, sobre la base de los listados solicitados a los Registradores de la Propiedad a través del Colegio de Registradores”, incluyendo monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla.  Así lo explicó el Gobierno en su respuesta a una pregunta planteada por el senador de Compromís, Carles Mulet que se hacía eco de la demanda de la Coordinadora Recuperando, integrada por una veintena de colectivos ciudadanos para saber “¿por qué (el Gobierno) no hace público el listado?” de dichos bienes.

Una reivindicación que viene de largo

El listado de inmatriculaciones es una reivindicación que viene de largo. El PSOE impulsó una proposición no de ley en la Comisión de Justicia del Congreso en la que instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar ese listado para que se pudiera poner en marcha el proceso de recuperación de los bienes por parte de quien consideraba que tenía derechos de propiedad sobre los mismos. La moción fue aprobada con el voto en contra de PP y Ciudadanos en 2017.  El Gobierno de Rajoy encargó los trabajos a los registradores de la propiedad.  Cuando Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Dolores Delgado comenzó los trabajos que ahora ha culminado el departamento de Carmen Calvo, que es la que pilota las relaciones con las órdenes religiosas. “Con la remisión al Congreso del listado, se podrá consultar a partir de ahora el origen de estas inmatriculaciones, lo que podría hacer posible la reclamación de los bienes en caso de conflicto sobre su titularidad”, explican en Moncloa.

Algunos de monumentos emblemáticos que la Iglesia ha inmatriculado por apenas unos euros son la Mezquita de Córdoba en 2006, la Giralda y la Catedral de Sevilla en 2010 o la Catedral de Zaragoza –conocida como la Seo–. A esta lista hay que sumar la Catedral de Valladolid, la del Buen Pastor de Donostia, y las de Granada, Jaca y Málaga. No obstante, en el listado figuran también bienes inmuebles que nada tienen que ver con la actividad religiosa, como pisos o garajes. De hecho, el informe que el Colegio de Registradores remitió al Gobierno recogía que más de la mitad de esos bienes inmatriculados eran de ese tipo. Ese documento demostró, además, que sólo en 4.075 casos la Iglesia aportó algún título de propiedad más allá de su propia certificación.

Casi cuatro años después, el listado llegará al Congreso, lo que hará saber con detalle cuáles son, conocer el origen de las inmatriculaciones, y se abre la puerta a posibles reclamaciones en caso de que haya conflicto en la titularidad.

A partir de ese informe, el Gobierno ha abordado con la Iglesia el asunto de las inmatriculaciones, que se suma a la fiscalidad, otro de los asuntos que Pedro Sánchez pretende modificar en su mandato. La vicepresidenta primera ya ha iniciado las conversaciones con la conferencia episcopal sobre la intención de que la Iglesia pague IBI por los lugares que tiene a su disposición y que no son de culto. “Queremos que la Iglesia responda de la fiscalidad como en Francia o Italia”, expresó Calvo en una entrevista antes de reunirse con el nuncio del Vaticano en España. Ese asunto también se abordó en el encuentro que mantuvo con el número dos del Papa, el cardenal Pietro Parolin.

Los obispos conocían que el Gobierno iba a “mover el tema” a lo largo de la semana, pero aseguran no haber tenido acceso al informe que se enviará al Congreso

Fuentes de la Conferencia Episcopal Española quitan importancia a la remisión de ese listado al Congreso. Consideran que lo que se va a hacer público ya es público puesto que está en los registros. Tampoco les preocupan los posibles conflictos en la titularidad: “La iglesia no quiere nada que no sea suyo”. Estas fuentes recuerdan también que todos los bienes inmatriculados tuvieron, por ley, un periodo de dos años para ser reclamados y que la inmatriculación “por certificación” en el caso de la iglesia católica finalizó en 2015. Ahora las diócesis deben cumplir los mismos requisitos que el resto.

Preguntados sobre el envío al Congreso del listado, la Conferencia Episcopal sí admite que “nos avisaron de que este tema se movería esta semana“, aunque negaron tenerlo en su poder, y apuntaron a las dudas de que “sea legal” que se le dé publicidad, en función de la última sentencia de la Audiencia Nacional. ¿Qué dirá el informe? Fuentes episcopales apuntan a que “seguramente dirán que se ha procedido, en la mayoría de los casos, conforme a la ley”.

“Nos dijeron que el Congreso de los Diputados lo había pedido”, destacan fuentes de Añastro que añaden que mostraron sus dudas de que, finalmente, el informe enviado al Congreso contenga un listado explícito de los bienes. Algo que, según ha podido confirmar RD, sí se incluirá.

Fuentes:

Adela Molina, Cadena SER
Irene Castro, El Diario
Jesús Bastante, Religión Digital


Antonio Manuel, portavoz de la Coordinadora Recuperando, en Twitter

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