Derechos Humanos: La agenda permanente

El 10 de diciembre pasado se conmemoraron 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los hechos violentos que atentaron contra la dignidad y la vida de las personas en la Segunda Guerra Mundial y que motivaron el establecimiento de esta declaración, con el fiel propósito de que horrores similares no se repitieran en el mundo, tienen plena vigencia hoy. En efecto, los hechos de la Segunda Guerra Mundial son el registro que antecede a numerosas situaciones de violencia en contextos de guerra, conflictos armados y de terrorismo de Estado. Por décadas hemos sido testigos de estas vulneraciones de derechos en contextos particulares y en países de latitudes muy diversas.

Por ejemplo, las dictaduras en Argentina, Chile y Uruguay, donde agentes y organismos del Estado fueron los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos, forman parte de ese registro que nos advierte que ese tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir.  

Frente a este tipo de situaciones pareciera haber consenso y compresión respecto de qué es o qué implicancias tiene la violación a un derecho humano, por ejemplo, cuando se afecta el derecho a la vida; la integridad física, síquica y moral; la libertad de expresión, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos inhumanos y degradantes, o el derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

En contextos donde la gobernabilidad pareciera estar garantizada por un Estado de Derecho, es decir, donde las instituciones del Estado funcionan, hay una estructura a cargo de diseñar y ejecutar políticas que permitan el acceso y goce efectivo de los derechos, hay un sistema de leyes y normas que garantizan la protección de estos derechos, y más aún, donde hay organismos internacionales que le dicen al Estado cuáles son los incumplimientos frente a determinados derechos que están consignados en  convenciones o tratados que el país ha suscrito, pareciera ser que, ante las garantías de un Estado de Derecho, se normalizan las vulneraciones de derechos. 

Dicho de otro modo, situaciones que pueden ser constitutivas, por ejemplo, de discriminación hacia grupos de la diversidad sexual o a grupos de migrantes, pueden convertirse fácilmente en hechos donde el Estado y la ciudadanía no adviertan a tiempo que se está vulnerando un derecho humano. 

En este punto me gustaría plantear algunas ideas que pueden contribuir a la discusión sobre los derechos en el Chile actual.

1. La sociedad chilena es diversa. No obstante, las propuestas que surgen desde el Estado ven en esta diversidad más un dato cultural o sociológico que la posibilidad de aplicar un enfoque de derechos. Mirar la diversidad desde los derechos humanos es observar los atributos que compartimos como seres humanos. Por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho a votar y a expresarnos libremente. El principio de igualdad y no discriminación se basa en este fundamento: todos los seres humanos tenemos el derecho a no ser discriminados y a tener un trato igualitario.  

Este principio permite fundamentar la inclusión en la política pública de las diferencias culturales de distintas poblaciones que habitan el territorio nacional: indígenas, migrantes, población urbana, rural, entre otros grupos. Puede darse que se generen iniciativas que tengan como foco, por ejemplo, la migración, pero es muy distinto analizar y dar respuestas mirando cómo se accede o cómo se protegen los derechos de grupos específicos de personas que la simple descripción o caracterización de los y las migrantes que han llegado a Chile en los últimos años.

La cultura normaliza la discriminación y por tanto normaliza el uso de estereotipos. Los estereotipos son construcciones e imágenes ampliamente socializadas respecto de lo qué son o no las mujeres, lo qué son o no los homosexuales, lo qué son o no los indígenas. En estas construcciones culturales se jerarquizan como buenos o malos atributos dependiendo de a quién nos estamos refiriendo. Y en esta jerarquización claramente hay una práctica discriminatoria de la que muchas veces no somos tan conscientes porque nuestra cultura tiende a naturalizar las diferencias. 

En la publicidad comercial y en campañas públicas, es común ver, imágenes de mujeres donde se las muestra especialmente cumpliendo roles domésticos: a cargo del cuidado de los hijos. Es cierto que se advierten cambios en los anuncios donde las mujeres y las niñas aparecen en situaciones de ejercicio del poder, pero son las menos y casi excepcionales. 

Alguien podría discutir incluso si efectivamente el tipo de publicidad que se describe es o no discriminatoria. Pero lo cierto es que convenciones internacionales como la Convención contra todas las formas de discriminación hacia las mujeres (conocida por su sigla en inglés CEDAW) advierten sobre este tema, particularmente sobre las implicancias del tratamiento de las mujeres en los medios de comunicación como un espacio donde se vulneran sus derechos. Por ello se insta a los Estados a desarrollar políticas en éste y otros temas, que permitan a las mujeres y las niñas avanzar en el goce efectivo de los derechos humanos. 

2. La Educación en derechos humanos es un terreno donde necesariamente Chile debe avanzar.  El Estado debiera hacer esfuerzos en la línea de promover y desarrollar políticas que permitan incluir en la enseñanza básica y media, los contenidos necesarios sobre derechos humanos. 

Para ello no basta con la incorporación en textos educativos, se debe contribuir a la formación docente en esta materia y también generar una línea de trabajo destinada a la educación superior. 

Existen iniciativas donde se ha incluido en algunas carreras universitarias cátedras o electivos donde se abordan materias relacionadas con los derechos humanos, sin embargo sigue siendo aún muy incipiente tal esfuerzo. Falta un abordaje integral de los derechos humanos donde las universidades no solo se involucren a nivel de difusión de contenidos sino además de generar dispositivos y estructuras que permitan viabilizar la práctica de los derechos humanos. Un ejemplo muy concreto tiene que ver con la falta de mecanismos de prevención y atención del acoso sexual, que es una forma de violencia frecuente en las universidades. 

En el contexto nacional, la educación en derechos humanos debe dar cuenta de las violaciones de derechos humanos del pasado de manera que se informe sobre hechos tan concretos como la desaparición de personas, la tortura, el exilio y la censura, entre otros temas. Pero junto con ello se deben abordar los problemas de derechos humanos del presente como la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, la configuración del derecho a la educación, la discriminación contra las diversidades sexuales, entre otros temas. 

La educación en derechos humanos permite sin duda avanzar hacia una sociedad menos discriminatoria y tolerante con la diversidad de pensamiento y de opciones. 

3. Las garantías de protección a los derechos humanos están dadas por el Estado. Sin embargo, y tal como lo han mostrado recientes informes nacionales, Chile debe avanzar hacia la conformación de una institucionalidad de derechos humanos que permita abordar desde el Estado con mayor integralidad y eficacia los distintos problemas de derechos humanos. 

Actualmente, el Estado chileno cuenta con estructuras como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y otras reparticiones en el Ministerio del Interior, Ministerio del Exterior, Servicio Médico Legal, entre otros organismos. Cada una de estas instituciones o programas tiene competencias acotadas y donde se generan vacíos para responder a determinados problemas en derechos humanos.

Por ejemplo, el Instituto tiene una facultad amplia en cuanto a la promoción en derechos humanos, no obstante sus facultades legales son bastante específicas. 

Una institucionalidad más completa e integral de derechos humanos necesariamente debe apuntar hacia la figura de la Defensoría ciudadana o del pueblo, donde las facultades legales se ven fortalecidas. 

4. Chile es un Estado laico. Esto implica que se den garantías a la libertad de conciencia y de religión. En ese sentido, las políticas públicas no pueden tener sesgos discriminatorios o que afecten el tratamiento igualitario de credos y pensamientos. 

Pero también las políticas públicas deben propender y resguardar que como Estado Laico no existan visiones sesgadas, basadas en el prejuicio o en una determinada creencia valórica personal, que incidan en los resultados de una determinada ley o política. 

En el debate programático de la reciente elección presidencial se habló sobre la Ley Antiterrorista y Ley antidiscriminación. También, sobre el aborto y el matrimonio igualitario. Sin embargo, en estas discusiones ha estado ausente el foco sobre los derechos.

Los compromisos internacionales que ha suscrito el país aluden precisamente a estos temas como déficit en el ámbito de los derechos humanos. Se refieren, por ejemplo, a la necesidad que Chile avance en materia de derechos sexuales y reproductivos como garantía de acceso y goce efectivo de los derechos de las mujeres en este ámbito. No se trata de una mera discusión valórica, sino de generar una verdadera discusión en un Estado de Derecho. 

Los desafíos en derechos humanos para Chile son cuantiosos. Desde la profundización del contenido de los derechos hasta la forma que adquiere la institucionalidad para viabilizar estos derechos. 

Para ello, Estado y sociedad civil deben advertir cuáles son las posibilidades de acción y las prioridades que en el contexto particular de nuestro país se pueden plasmar en una agenda integral de derechos humanos. 

Desafíos que pasan por el registro del pasado, por las deudas en materia de verdad y justicia, pero también desafíos que nacen en el presente a partir de discriminaciones hacia grupos que hablan de un Chile mucho más diverso. Es una tarea compleja, no hay duda, pero muy desafiante.  

mani Iniciativa Laicista 12

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