Derecho a Morir Dignamente advierte de posibles vetos autonómicos a la eutanasia

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ve limitado el alcance de la proposición de ley del PSOE para la regulación de la eutanasia, y advierte de la posibilidad de que las comunidades autónomas con gobiernos conservadores pongan trabas a su aplicación con la llamada comisión de control previo. Esa comisión, recuerda la DMD, delega en dos personas, un jurista y un médico, la revisión de la documentación del enfermo.

Su inclusión en el texto legislativo que se tramita en el Congreso supone «una metedura de pata», según destaca en una entrevista Fernando Marín, vicepresidente de la asociación, quien defiende que el único límite que se debería fijar con respecto a la eutanasia es el de «la libertad individual de decidir«.

Marín, médico especializado en cuidados paliativos, hace hincapié en que las comisiones de control previo serían nombradas por las comunidades autónomas, con el riesgo de que acaben siendo «una herramienta de boicot» a la aplicación de la ley por razones políticas o ideológicas. «Se podría dar el caso de que haya gente de Galicia o Andalucía que se vaya a morir a Cataluña», subraya.

El vicepresidente de DMD lamenta que la comisión de control previo sea «marca España», pues no existe tal figura en las leyes de Luxemburgo, Bélgica y Holanda, países en los que está despenalizada la eutanasia activay en los que el control posterior de los casos «funciona muy bien».

En el caso de Holanda, destaca que desde 2002 solo ha habido tres procesos judiciales contra médicos por dudas de que se cumplieran los requisitos que regulan la muerte asistida, entre decenas de miles de casos.

Más allá de la comisión de control previo, también critica de la propuesta legislativa de regulación de la muerte asistida la exclusión de los menores de edad y determinados requisitos como el de padecer una discapacidad grave crónica.

Libertad individual para decidir

Alude al caso de Maribel Tellaetxe, una mujer con alzheimer que pidió a su familia que la ayudaran a morir cuando no los reconociera, a propósito del cual el Ayuntamiento de Portugalete aprobó una declaración institucional en favor de la despenalización de la eutanasia. «¿Hay que exigirle que esté peor, que sea más dependiente?», plantea Fernando Marín, quien insiste en que «lo importante es la libertad del individuo a la hora de decidir», sin que tenga que esperar a que ya no pueda decidir.

«Nadie va a decidir morir de forma arbitraria, superficial o por un arrebato. Es absurdo», concluye el vicepresidente de DMD frente a la oposición de determinados sectores de la sociedad española, que, «mayoritariamente», sostiene, está a favor de la eutanasia.

Lamenta que los «tabúes» culturales y religiosos se trasladen al debate político en torno a la eutanasia, y reconoce su escepticismo en cuanto a que la ley salga adelante, en vista de la «incertidumbre política» actual.

Marín critica que Ciudadanos esté «bloqueando» la tramitación de la ley con la concesión de prórrogas a las enmiendas en la Mesa del Congreso, censura que la regulación de la eutanasia se vea «en medio de guerras partidistas que no tienen en cuenta las necesidades de las personas» y teme que el debate acabe volviendo al punto de partida.

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