El fiscal superior de Galicia eleva al Tribunal Supremo la reclamación planteada por el colectivo de presos de la ciudad durante la dictadura.
En Castilla y León la ultraderecha de Vox ha anunciado ya que, de llegar al Gobierno regional, apostarán por la derogación de aquellas leyes autonómicas que van en contra de su ideario. Entre ellas, las de violencia de género y memoria histórica.
En tierras gallegas, sin embargo, la formación liderada por Santiago Abascal, a pesar de su ascendencia ourensana por parte materna, no logra esa fuerza que sí consigue en buena parte del territorio del Estado. Quizás por ello, estos días no veamos protestas por la decisión que ha adoptado el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, que ha firmado ya el decreto por que se remite al Tribunal Supremo la denuncia, realizada por el colectivo de presas y presos de Ferrol en la dictadura, contra el Ministerio de Defensa por no retirar los nombres asociados al franquismo de la zona del arsenal ferrolano.
La Fiscalía de Galicia ha remitido a este órgano dicha denuncia por considerarla de su competencia. Este grupo de Ferrol, según informa en un comunicado, remitió un escrito en 2020 dirigido al propio Ministerio en este sentido. En el mismo explicaba que existen 13 calles con nombres de militares franquistas en el arsenal ferrolano y que, por lo tanto, atendiendo a la Ley de Memoria Histórica, solicitaban su retirada.
Curiosamente, en esta ocasión no son los nostálgicos del dictador, de su familia o los mencionados herederos de la ultraderecha los que se han negado a ese cambio, sino que la negativa llega de Defensa, Ministerio que tras revisar la situación contestó a los reclamantes que no veía motivo para su retirada.
A raíz de esto, el colectivo denunció la situación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ahora ha establecido que “los hechos presuntamente delictivos vienen atribuidos a autoridades del Ministerio de Defensa que no tienen la consideración de aforadas ante la jurisdicción del TSXG”, tal y como señala Suanzes en su escrito.
Los denunciantes señalan que la situación “recobra actualidad” tras la propuesta de diputados socialistas de Andalucía para que se considere la ‘Desbandá’ como ‘Lugar de la Memoria Democrática’.
Además, añaden que “no se puede pedir un reconocimiento a las víctimas de la ‘Desbandá’ y, al mismo tiempo, mantener en Ferrol calles y distinciones para los protagonistas de esos crímenes contra la humanidad”, en referencia a que el callejero ferrolano conserva el nombre de Salvador Moreno, retirada de otras ciudades gallegas, y del Crucero Baleares, considerados “perpetradores de este crimen”.
Por último, el colectivo recuerdan que el municipio se encuentra en el proceso para ser reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que para lograrlo “no puede persistir en honrar con la denominación de sus calles a quienes traicionaron la voluntad del pueblo y la legalidad”.
