El denunciante, Javier Miranda, uno de los ocho laicos sancionados por el obispo por "desobediencia", señala que la Diócesis de Ciudad del Este y la Itaipú Binacional firmaron dos millonarios convenios, pero que el dinero no fue utilizado para el efecto establecido.
El acuerdo Nº 4500002008/2006 firmado con la entidad binacional tuvo un valor de 312 millones de guaraníes para beneficiar a niños enfermos de labios leporinos, en situación de calle, personas privadas de su libertad y familiares, a mujeres que sufren de violencia doméstica, así como el desarrollo de capacitaciones y formación de líderes, dirigentes y catequistas.
El otro convenio Nº 4500005814/2007 se firmó con un monto de 624 millones de guaraníes también para "asistencia social y moral" a los mismos beneficiarios del convenio anterior más el Seminario Mayor San José de Ciudad del Este.
Estos dos convenios son la segunda y tercera etapa de un proceso, debido a que según la denuncia también existe otro millonario monto que fue desembolsado para una primera etapa de "asistencia social".
Lo grave del caso es que ninguna de las instituciones recibió ayuda, según el informe del Padre Nilo Mármol, actual encargado de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia en Alto Paraná.
En una nota enviada en carácter de coordinador de la red Prodena (Red de Protección a la Niñez y la Adolescencia de Alto Paraná) a la Asociación de Laicos -presidida por el denunciante Javier Miranda- Mármol afirma que ninguna de las instituciones que integran la red recibió aporte alguno de la Diócesis, entre ellas el Hogar Bethel, Mita Pyahu Roga, Hogar Santa Teresa, CEAPRA, APAMAP, PREALPA y el Hogar Santa María.
El padre Nilo, antes de asumir como encargado de la SNNA, estuvo al frente de la red Prodena y como director del Hogar Santa Teresa del barrio 23 de Octubre, que trabaja con niños en situación de calle.
"Durante el tiempo que estuve a cargo del Hogar y como coordinador de Prodena, nunca implementamos planes o proyectos con apoyo económico de la Diócesis. Tampoco en los registros de la Secretaría de la Niñez existen antecedentes de trabajo con el Obispado", dijo el padre Nilo.
Eleazar Ullón, coordinador de Ceapra, también descartó que la institución a su cargo haya recibido dinero de la Diócesis en los últimos tres años.
VARIOS ATAQUES. Esta denuncia es una de las varias acusaciones de parte de la Asociación de Laicos del Alto Paraná contra Monseñor Livieres. Anteriormente conformaban la Junta Diocesana de Laicos (JUDILA) pero fueron desacreditados por el Obispo y se disolvió el organismo.
El año pasado iniciaron una férrea campaña contra el Monseñor, denunciando irregularidades en el Seminario Mayor San José, como el caso del sacerdote acusado por presunto abuso sexual, Carlos Urrutigoity.
Esta denuncia por supuesta malversación contra el obispo será investigada por la fiscala Carolina Rosa Gadea, quien deberá calificar con exactitud el supuesto hecho punible cometido por el líder religioso.
El denunciante solicita a la agente del Ministerio Público que solicite a la Itaipú un informe detallado de los convenios firmados con la Diócesis de Ciudad del Este y a las instituciones supuestamente beneficiarias, para confirmar si recibieron o no aportes económicos a raíz de estos acuerdos.
Por su parte el obispo Rogelio Livieres Plano prefirió no brindar declaraciones a la prensa y mandó decir a través de su secretario Daniel Silvera, que "si la denuncia prospera, responderá ante la Justicia con sus abogados".
