“Las dificultades para hacer efectiva la separación entre la Iglesia católica y el Estado en nuestro país han generado una comprensible relación de animadversión hacia el hecho religioso con consecuencias directas sobre las minorías”, asegura la comisionada del Ayuntamiento de Barcelona
La desaparición de lo religioso de la sociedad moderna ha sido un mito. La espiritualidad y las identidades religiosas están, hoy, muy presentes, tanto en el mundo global como en el mundo local. El mito apuntaba erróneamente a que el avance de la ciencia y la industrialización eran incompatibles con la creencia y la práctica religiosa. Se pensaba que ser moderno era incompatible con ser religioso y, por tanto, el futuro de las religiones en Europa, en el mundo y en nuestra ciudad estaba predestinado a desaparecer.
Nada más lejos de la realidad. En los últimos años hemos visto cómo los movimientos religiosos han ganado relevancia y visibilidad en todo el mundo y la diversidad cultural y religiosa es ya una evidencia en nuestra ciudad. En 2015 se contabilizaron en Barcelona 513 centros de culto pertenecientes a 21 tradiciones religiosas diferentes, de los cuales, casi la mitad (47,3%) pertenecen a la iglesia católica. Siguen en número las iglesias evangélicas (32,5%), con su enorme diversidad, los oratorios islámicos (4,8%) y los centros budistas (4,8%), además de otras comunidades con un número menor de centros de culto abiertos en la ciudad.
Durante muchos años, tanto los representantes políticos como muchos académicos en nuestro país han obviado completamente la cuestión religiosa y la han ignorado a la hora de pensar las políticas públicas de las sociedades europeas. Esto ha provocado que se hayan mantenido privilegios hacia algunas religiones hegemónicas, al tiempo que se despreciaba la realidad y las necesidades de aquellas confesiones más minoritarias.
Uno de los retos más importantes de hoy es garantizar el acceso igualitario de las entidades religiosas al ámbito público, ya sea por el uso puntual de equipamientos o de la vía pública para realizar actividades. Para dar respuesta a esta necesidad, la semana pasada presentamos una medida de gobierno que establece criterios ecuánimes para todas las entidades religiosas y de consciencia de la ciudad. Criterios que resuelven cuestiones pendientes, como el pago de tasas en el uso del espacio público, o las condiciones en las que se debe efectuar el acceso puntual de las entidades religiosas a los equipamientos municipales. El objetivo inmediato de esta medida es evitar situaciones de discriminación, pero también situaciones de privilegio en el trato a algunas entidades religiosas.
Sin embargo, debemos tener presente que cuando hablamos de libertad religiosa y de libertad de conciencia estamos hablando de un derecho fundamental: el derecho de los creyentes a la práctica de su religión, pero también el que tenemos los ateos a no practicar ninguna. Desarrollar unos criterios para la práctica religiosa puntual en el espacio público es garantizar un trato igualitario a todos los ciudadanos –sean de la confesión que sean– en el ejercicio de un derecho. Hacerlo desde la más absoluta neutralidad institucional es un reto que asumimos como Gobierno laico.
Y es que, tal vez, ha llegado el momento de asumir el hundimiento del mito de la desaparición de las religiones y afrontar el reto de la gobernanza de la sociedad diversa. La emergencia de la crisis de gobernabilidad vinculada a cuestiones religiosas en países como Francia pone de relieve la importancia de tener en cuenta la variable religiosa como un factor clave en la construcción de la cohesión social. En este sentido, impulsar políticas públicas que reconocen el hecho incontestable de la presencia del pluralismo cultural y religioso de la ciudad en que vivimos es también una forma de trabajar por la cohesión y la paz social.
