Los diez estados europeos que apoyan a Italia en su defensa de la presencia de crucifijos en las aulas de los colegios públicos sostuvieron hoy que el crucifijo es un "símbolo nacional", aparte de un "símbolo religioso".
Durante la vista ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Lautsi, el interviniente en nombre de los estados, Joseph Weiler, dijo que el crucifijo "forma parte de la identidad nacional y es respetado también por la población laica".
Weiler añadió que "Italia sin crucifijos no es Italia".
Armenia, Bulgaria, Chipre, Grecia, Lituania, Malta, Rusia y San Marino apoyaron los argumentos italianos.
Weiler, tocado con kipá judía, se preguntó si se puede retirar una imagen de la reina de Inglaterra de las aulas británicas por ser también la jefa de la Iglesia anglicana. Su respuesta fue "no".
El portavoz de los estados aseguró que el Tribunal de Estrasburgo no podrá decir un día si se quita el termino "Dios" del himno inglés, ya que "será el pueblo inglés quien lo decida".
Weiler señaló que la demandante, Soile Lautsi "quiere imponer a Italia que sea un estado laico".
En este sentido, los dos representantes del Gobierno italiano afirmaron que Lautsi es una "militante atea" que "busca imponer en la escuela su concepto personal de laicismo".
Nicola Lettieri y Giuseppe Albenzio se opusieron a que el Estado suprima los símbolos religiosos, porque con ello "se pondría a favor de los ateos y agnósticos racionalistas". La religión, añadieron, tiene una "dimensión social, pública y colectiva".
Tras recordar que en Italia se puede acudir al colegio con velo islámico y que el plan de estudios es "pluralista y alejado del proselitismo y adoctrinamiento", Lettieri coincidió con Weiler en que el crucifijo representa un "sentimiento popular italiano".
Añadió Lettieri que el caso Lautsi "no es jurídico, sino político e ideológico".
La defensa de Lautsi la ejercieron Nicolo y Natalia Paoletti. El primero afirmó que la presencia de los crucifijos en las aulas de un colegio público supone "la tiranía de la mayoría, que no protege a las minorías".
Después de asegurar que algunos estados confunden laicismo con ateísmo, aseguraron que la presencia de crucifijos supone una "injerencia del estado en la libertad de pensamiento, conciencia y religión".
Además recordaron que su demanda sólo se refiere a los colegios públicos y no a los centros privados o a las calles. La demandante, dijeron, "quiere educar a sus hijos en el respeto al principio de laicismo" expresado en la tolerancia y en el derecho a la igualdad.
La sentencia dictada por la Sala en noviembre de 2009 consideró que la exhibición obligatoria de crucifijos en las aulas es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de libertad de religión de los alumnos.
Por ello, el fallo condenó a Italia por una violación del artículo 2 del Protocolo nº 1 (Derecho a la instrucción) examinado conjuntamente con el artículo 9 (Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Un grupo de 33 diputados europeos -en referencia a la edad a la que Jesucristo fue crucificado- ha apoyado al Gobierno italiano, entre ellos, el parlamentario del PP Ignacio Salafranca.
Además, han intervenido en el procedimiento asociaciones y ONG como Humans Right Watch, Eurojuris, el European Centre for Law and Justice o el Comité central de católicos alemanes.
La Gran Sala, presidida por el juez francés Jean-Paul Costa, dictará sentencia en los próximos meses.
