Defendamos el Estado laico

Algunos jerarcas de la Iglesia Católica mexicana no dejan pasar oportunidad alguna para atacar públicamente el carácter laico del estado mexicano. Los motivos siempre sobran. Las justificaciones abundan. Las explicaciones entrelazan lo terrenal con lo divino. Las sotanas se envuelven en la política. Las disposiciones legales son percibidas como persecución religiosa. El último escenario de la disputa histórica entre el estado mexicano y la Iglesia Católica lo constituye la validez de los matrimonios homosexuales y el derecho que tienen esas parejas a la adopción de menores.
    En un acto republicano y de clara división de poderes que reconocemos y aplaudimos a todas luces, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con una votación de nueve votos contra dos, validó las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, que permite los matrimonios homosexuales y que esas parejas, si así lo desean, puedan adoptar a menores de edad. La decisión mayoritaria de la SCJN viene a fortalecer el estado de derecho, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, los derechos humanos y la equidad en nuestra sociedad. Precisamente es la fortaleza del estado de derecho la que evitará que las reformas sean “un cheque en blanco”, como lo señalaron los magistrados, para que la sola solicitud de adopción por parte de parejas homosexuales se acepte sin mediar un proceso adecuado al que también se sujetan las parejas heterosexuales. Por lo tanto, la validez o no de la adopción dependerá de un proceso administrativo y de la decisión de un juez de lo familiar.
    Sin que sea un asunto menor, me parece que las preferencias sexuales de las personas no deben estar a discusión; en cambio la lucha porque todos los mexicanos vivamos en un mismo marco jurídico de respeto a los derechos humanos, a las diferencias, y que se respete y fortalezca el carácter laico del estado mexicano esa sí es una lucha en la que todos debemos participar.
    Precisamente, es en ese marco que debemos tomar las declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez en relación a los matrimonios homosexuales y su derecho a la adopción; así como su afirmación de que los ministros de la Corte fueron maiceados por el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para aprobar las mencionadas adopciones. Por un lado, las declaraciones del purpurado son una inaceptable intervención a la vida pública del estado laico mexicano; con lo cual se viola el artículo 130 constitucional que prohíbe expresamente a los ministros de las iglesias “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones”. Asimismo, la Arquidiócesis de México se lanza a la arena y afirma que “los bautizados tienen la obligación moral de ejercer en las próximas elecciones un voto serio y responsable, para evitar que algunos políticos y partidos sigan atentando en contra de la fe y la moral que los cristianos hemos recibido de nuestros padres”. Con lo cual también viola el artículo 130 constitucional que establece que “los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en contra de candidato, partido o asociación política alguna”. Todo ello, ha generado la defensa del carácter laico del Estado por parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, y que la SCJN censure de manera unánime mediante un punto de acuerdo las declaraciones de Sandoval Íñiguez.
    En esta disputa por el poder en México, el papel que ha jugado el “gobierno” de Felipe Calderón ha sido de un abierto aliado de la jerarquía católica utilizando las mismas instancias del Estado mexicano como la Procuraduría General de la República (PGR) para enfrentar las disposiciones que de manera autónoma y soberana han tomado los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en torno a la despenalización del aborto, los matrimonios entre homosexuales y su derecho a la adopción de menores. Aún esperamos la respuesta de la Secretaría de Gobernación que es legalmente la encargada de regular las relaciones entre las iglesias y el estado mexicano; pero al día de hoy nada ha dicho el secretario, José Francisco Blake Mora, con lo que se confirma la cercanía de Felipe Calderón con la alta jerarquía católica y su omisión en la defensa del Estado laico en México.
    La escaramuza entre Marcelo Ebrad y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez es un hecho de gran trascendencia, pues la autoridad capitalina busca reafirmar la naturaleza laica del Estado mexicano, realidad que se les olvida a los jerarcas de la Iglesia Católica. Las declaraciones del cardenal no deben pasar desapercibidas; el jerarca es una de las cabezas más visibles de la derecha conservadora-yunquista-panista, y se sabe impune y protegido por los más altos intereses de la elite en el país, por ello la trascendencia de la demanda civil por daño moral interpuesta por Marcelo Ebrad, en contra del arzobispo de Guadalajara, y del vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.
    Es harto necesario que el cardenal Juan Sandoval deje de ser protegido por el poder y termine su impunidad. Es responsabilidad del gobierno y de la ciudadanía respetar y hacer respetar el estado laico frente a las iglesias que se encuentran en el territorio nacional. Asimismo, no se debe confundir la “libertad de expresión”, con el enfrentamiento verbal y abierto en contra de las leyes y el Estado mexicano por parte de algunos jerarcas de la Iglesia Católica.

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