Declaración pública de condena a los crímenes sexuales de sacerdotes de la Iglesia Católica y de solidaridad con las víctimas

A la ciudadanía toda:

Ante el conocimiento público de los abusos sexuales hacia menores de edad cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en los últimos años y el reconocimiento de tales aberraciones, violatorias de los Derechos Humanos, por parte de esa institución, a través de documentos emitidos por la Conferencia Episcopal del Uruguay el día 13 de abril las organizaciones firmantes manifiestan:

  • Su solidaridad con las víctimas, ofreciendo lo que esté a su alcance respecto al asesoramiento en diferentes áreas, contribuyendo a la recomposición personal, y al esclarecimiento de los crímenes por la vía judicial.
  • Su repudio y condena ante los reiterados actos de abuso sexual a menores y otros actos de violencia, física o psicológica, por parte de numerosos sacerdotes católicos y al encubrimiento sistemático e institucional de las jerarquías de la Iglesia Católica -tanto en el territorio nacional como en el Vaticano- a través del tiempo. Hacen suyas las declaraciones de condena a iguales actos delictivos en el mundo entero, realizadas por la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) y otras instituciones defensoras de los DDHH.
  • Preocupación ante los reiterados crímenes sexuales y actos delictivos en el mundo entero perpetrados por sacerdotes católicos, que emergen a la luz pública en las últimas décadas a través de investigaciones periodísticas. Uruguay no es ajeno a tales aberraciones, presentes a lo largo de toda nuestra historia, habiendo motivado alarma e indignación ciudadana en el 1900, antes de la consagración del Estado Laico por la Constitución de 1917, donde se establece la separación de la iglesia católica del Estado, con el voto afirmativo de prácticamente todos los partidos políticos de entonces y la aprobación de la ciudadanía en un plebiscito. Hoy como ayer salen a luz estos actos, al desafiar el ocultamiento de las altas jerarquías católicas.
  • Reivindicar a las instituciones estatales –representativas de toda la sociedad y garantes de los derechos de la ciudadanía- como la vía de canalización de las denuncias de abuso sexual: tanto a través de la policía como del poder judicial. En consecuencia, manifestamos el más absoluto y contundente rechazo a la estrategia implementada por la Conferencia Episcopal del Uruguay de convocar a las víctimas a que realicen las denuncias ante un organismo creado en su seno a tales efectos. La actuación de esta oficina eclesial “ad hoc” de las instituciones estatales, estará inevitablemente signada por la parcialidad, como la experiencia lo indica. Según el órgano católico de referencia estará integrado por personal “idóneo”, que tendrá que informar a las autoridades eclesiásticas, las que tienen control sobre la misma, resultando de ello que las autoridades se transforman en juez y parte. Actuará como un “filtro” ante el Estado, cuando en realidad la institución que representa debe ser indagada. Este ensayo de privatización de la justicia o derecho paralelo, consagra en los hechos, la división de la sociedad en categorías de triste memoria en la historia reciente: por un lado el conjunto de los ciudadanos y por otro, los sacerdotes católicos que gozan de privilegios especiales. Un derecho paralelo, inadmisible para la institucionalidad republicana y la definición de Estado Laico, evocador de otras modalidades de corporativismo que han sido nefastas en la historia reciente del país, y que nos han agredido hace poco, como sociedad, con el robo de materiales relativos a la búsqueda de desaparecidos. Distintos corporativismos, similares ocultamientos.
  • Denunciar el encubrimiento de los casos de pedofilia a lo largo del tiempo. Como lo demuestran las investigaciones periodísticas, los casos en los últimos años no fueron denunciados ante la justicia por las autoridades eclesiásticas. Tal es el caso notorio del ex arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, que integró la Comisión Para la Paz y otros organismos para el esclarecimiento de violaciones a los DDHH, y sin embargo –como se ha comprobado- encubrió a sacerdotes pedófilos durante los años de su gestión. El mencionado jerarca actualmente integra la Conferencia Episcopal del Uruguay como obispo emérito y por lo tanto es miembro activo -con voz y voto- de ese organismo. Iguales consideraciones pueden realizarse en los casos de violación y abuso sexual en el mismo tiempo y posterior, incluyendo el presente, en los departamentos de Montevideo y Treinta y Tres, involucrando a otros jerarcas.
  • El reconocimiento a la revocación del decreto de la Intendencia de Treinta y Tres, que declaraba como ciudadano ilustre al sacerdote Francesco Zapella (22 de setiembre de 2014), de nacionalidad italiana, pero de actuación en Uruguay por largo tiempo, debido a “las informaciones emitidas” por la prensa (decreto revocatorio del 14 de abril de 2016). El sacerdote Zapella había llegado a Uruguay con una causa abierta en Italia en 1991 por abuso sexual a menores y en la actualidad tiene causa abierta en Uruguay imputado por los mismos motivos. Finalmente la verdad salió a luz, pese al empecinado ocultamiento de las jerarquías eclesiásticas
  • Reconocer la labor periodística y de investigación, como factor fundamental en el conocimiento de los hechos y de información a la ciudadanía, evitando de esa forma, la invisibilización de los mismos y en consecuencia, el encubrimiento de los criminales. Lo mismo ha sucedido en diversas partes del mundo, recientemente relatado por la película “Spotligh”, inspirada en la investigación periodística que da cuenta de los casos de pedofilia en la ciudad de Boston, estado de Massachussets (USA). La Conferencia Episcopal del Uruguay y su vocero Milton Tróccoli (obispo auxiliar de Montevideo) reconocen su salida a la opinión pública “frente a las resonancias generadas por el film Spotlight, que ha llevado a varios medios de comunicación a realizar investigaciones sobre este asunto.” (13 de abril de 2016)
  • Llamar a la ciudadanía a estar atentos, a custodiar los derechos de nuestros niños y niñas, y a denunciar a las autoridades estatales todos los actos que supongan la vulneración de derechos, sea maltrato o violencia física, emocional, o sexual. No permitir que estas aberraciones continúen sucediendo. Recomendar a las víctimas y a sus familiares o allegados, a realizar las denuncias correspondientes a través de los mecanismos legales vigentes.
  • Preocupación ante la injerencia y protagonismo de la Iglesia Católica en los asuntos públicos, permanentemente convocada por las autoridades estatales como un actor de consulta, por ser –según se dice- un referente moral, vulnerando y violentando la institucionalidad republicana y laica del Uruguay, que en el art. 5º de su Constitución establece que “el Estado no sostiene religión alguna”, así como las elementales reglas de convivencia tolerante. Los sacerdotes católicos y de otros credos deben estar fuera de las instituciones estatales, y en particular fuera de la escuela pública y del cuidado de menores. Tal como lo demuestran los hechos del presente y la historia, la Iglesia Católica no puede arrogarse ser el reservorio de las virtudes morales, ni enarbolar las banderas de exclusivismos anacrónicos y autoritarios.
  • Rechazar, por las razones jurídicas, políticas y morales expuestas, todo intento de colonización e invasión del Estado y del espacio público, incluyendo la instalación de símbolos o imágenes religiosas (valga como ejemplo el proyecto de erigir un monumento a la virgen María en la rambla del Buceo en Montevideo) por parte de las organizaciones religiosas, así como la transferencia de recursos estatales a las instituciones educativas privadas, en particular las religiosas. Uruguay es un Estado Laico y sus instituciones democrático-republicanas son garantía de tolerancia, convivencia pacífica e igualdad ante la ley, sin privilegios de ninguna naturaleza. Del celo y compromiso de los ciudadanos en su defensa depende que lo siga siendo.

Montevideo, 15 de abril de 2016

FIRMAN:

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de Setiembre

AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional

Círculo Escéptico Uruguay

Club Teresita Garibaldi

MySU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

Print Friendly, PDF & Email

También te podría gustar...