Declaración en apoyo a la Educación Pública en Uruguay

Actualmente se discute en Uruguay la ley de  Rendición de Cuentas del Presupuesto, la diputada del Frente Amplio Macarena Gelman presentó una iniciativa para derogar la exoneración tributaria a las «donaciones» de empresas privadas a las Universidades privadas (las empresas pueden deducir el 83 % de lo donado).  Lo que permite una financiación «encubierta» de estas instituciones por parte del Estado, siendo la iglesia católica una de las grandes beneficiarias.

Un grupo de asociaciones y entidades cívicas han lanzado la siguiente Declaración en favor de la Educación Pública y la defensa de la laicidad del Estado:

Declaración en apoyo a la Educación Pública

Acerca de la propuesta de cambio de normativa en donaciones a Universidades privadas y financiación de instituciones educativas por parte del Estado

La Educación es el factor social que mejor define a una sociedad. De su calidad, la capacidad de integración social que tenga, y las posibilidades  de autodeterminación de las personas que promueva, depende buena parte de la calidad y profundidad de la democracia.

En función de estos principios generales, las organizaciones sociales firmantes manifiestan:

1- Afirmar su apoyo a la Educación Pública como pilar de la integración social, el desarrollo del pensamiento crítico y la emancipación de las personas.

2- Saludar y apoyar la iniciativa surgida en el Parlamento  de derogar las exoneraciones fiscales a las “donaciones” realizada por privados a las Universidades privadas. Entendemos el tratamiento de esta propuesta  como uno de los asuntos más urgentes, pues contribuye a la transparencia institucional. La legislación vigente otorga a los donantes privados  la posibilidad  de exonerar el 83 % de su contribución al Estado (renuncia fiscal) por lo que,  en realidad, es el Estado el que fundamentalmente realiza la donación.

3- Rechazo a la renuncia fiscal señalada porque el Estado –representante de toda la sociedad- sólo debe sostener y financiar instituciones educativas públicas. Ese instrumento tributario, en esta materia, implica una vulneración a la legitimidad de las instituciones republicanas, en tanto que son las autoridades legítimamente constituidas las que deben decidir respecto a la asignación de recursos y no la voluntad privada, que persigue intereses particulares. Si una empresa privada tiene verdadera voluntad de colaborar no necesita del apoyo del Estado para cumplir sus propósitos.

4- Promover todas las propuestas tendientes al fortalecimiento de la Educación Pública y, en consecuencia, rechazar aquellas que promueven la fragmentación y la segregación social.

5- Alentar la iniciativa para derogar la normativa de la renuncia fiscal que comprende a las instituciones educativas de los niveles primario y medio, muchas de cuyas instituciones practican la selección de sus alumnos en función de la composición familiar y la escolaridad, segregando de esa forma, a los jóvenes más vulnerables.

6- Defender la Laicidad en el Estado, sintetizada en el art. 5º de la Constitución de la República, que en el párrafo relativo al tema, señala: “El Estado no sostiene religión alguna.” Ello implica que no ostenta, no auspicia y no financia religión alguna. Muchas de las instituciones privadas de referencia pertenecen a cultos religiosos y, por esta vía, el Estado las está sosteniendo financieramente. En este caso la renuncia fiscal implica la renuncia del Estado a la formación en ciudadanía y en valores y, a la vez, entregar la conciencia de los ciudadanos a intereses particulares.

7- Auspiciar el debate y la participación en la búsqueda de una Educación de calidad que permita la integración e inserción de los sectores que han quedado al margen de la sociedad, el desarrollo de los centros educativos en todo el país y en los tres niveles: primario, medio y superior apostando, asimismo, a la innovación, mejora en la gestión administrativa y de los recursos financieros. Ello sin que implique subordinación a políticas tributarias, con disposiciones frecuentemente escondidas y que sortean el debate ciudadano.

Supone en consecuencia, fortalecer los pilares constitutivos de la Educación Pública uruguaya: laicidad, gratuidad y obligatoriedad y asegurar, así, mejores posibilidades para la integración y la paz social.

Adhieren:

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de Setiembre

AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional

Círculo Escéptico Uruguay

Club Teresita Garibaldi

MySU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

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