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Declaración del ILEC sobre el aborto no punible

A raíz de un involuntario error producido en la Declaración Pública emitida ayer, queremos dejar expresado a modo de enmienda y de sinceras disculpas, que hemos cometido un grave error al imputarle a la diputada Sánchez Andía una denuncia contra la dip. María José Lubertino ante el INADI.

A raíz de un involuntario error producido en la Declaración Pública emitida en el día de ayer, queremos dejar expresado a modo de enmienda y de sinceras disculpas, que hemos cometido un grave error al imputarle a la diputada Sánchez Andía el haber impulsado junto con el rabino Sergio Bergman una denuncia contra la dip. María José Lubertino ante el INADI por haber infringido con sus opiniones la Ley 23.592.

Muy por el contrario, la diputada Rocío SANCHEZ ANDÍA, del bloque Coalición Cívica acompañó el proyecto de la minoría durante la sesión del pasado viernes 28SET2012 cuando se sometió a tratamiento el proyecto de ley sobre protocolo de aborto no punible. Aunque de convicciones católicas, la diputada SANCHEZ ANDÍA demostró una verdadera actitud republicana al manifestar su apoyo a la iniciativa argumentando que su religión no le dictamina su pensamiento y accionar político.

En realidad, la diputada que debió ser referida en nuestro erróneo comunicado de ayer es Victoria MORALES GORLERI, de modo tal que la correcta redacción de párrafo del comunicado emitido ayer debe decir lo siguiente:   

“… Los dichos de la diputada Lubertino a través de la red Twitter han causado malestar y ofensa en otros miembros de la Legislatura; tales los casos de los diputados Sergio BERGMAN y Victoria MORALES GORLERI, quienes pretenden ahora encuadrar estas manifestaciones dentro de una peregrina figura delictiva que, bajo ningún aspecto, podría ser considerada como tal…”

 Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para manifestar nuestra solidaridad con la diputada Lubertino frente al intento torpe de ser criminalizada por sus expresiones. Debemos poner de manifiesto asimismo que Lubertino ya pidió disculpas públicas “si alguien se sintió ofendido porque tal vez no fueron las palabras más afortunadas"

Con las debidas disculpas que manifestamos, vaya nuestro cordial saludo y solidaridad a las diputadas porteñas LUBERTINO y SANCHEZ ANDÍA, y a todos los legisladores que acompañaron favorablemente la iniciativa legislativa


Insistimos nuevamente a lamentables sucesos en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, esta vez en ocasión del tratamiento de la Ley de aborto no punible.

La reacción integrista intenta una vez más cercenar el debate legislativo, tomando como excusa las declaraciones efectuadas por la legisladora María José Lubertino a través de las redes sociales.

            Los dichos de la diputada Lubertino a través de la red Twitter han causado malestar y ofensa en otros miembros de la Legislatura; tales los casos de los diputados Bergman y Sánchez Andía, quienes pretenden ahora encuadrar estas manifestaciones dentro de una peregrina figura delictiva que, bajo ningún aspecto, podría ser considerada como tal.

            Las afirmaciones vertidas –ingeniosas y oportunas para algunos, ofensivas y poco felices, para otros- están amparadas bajo la plena vigencia de la libertad de expresión; condición necesaria para la existencia de cualquier república. Aun cuando estas opiniones hubieran sido vertidas en el propio recinto legislativo, que no ha sido el caso, la Carta Fundamental de la Ciudad garantiza en su art. Artículo 78º queNingún diputado puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones, discursos o votos que emita en el ejercicio de su función, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato”.

                La falaz pretensión de que la diputada Lubertino haya infringido o violado con sus afirmaciones lo establecido en la Ley 23.592, no es sino el recurso extremo de ciertos sectores que pretenden enturbiar un debate tendiente a hallar una solución –hoy parcial, pero no por ello menos importante- a un extendido drama que afecta directamente a la salud física y psíquica de un número importante de mujeres argentinas.  Digamos también que la ley de aborto no punible forma parte también de los principios garantizados en el Art. 37º de la Constitución de la Ciudad, cuando señala que: “Se reconocen los derechos reproductivos y sexuales, libres de coerción y violencia, como derechos humanos básicos, especialmente a decidir responsablemente sobre la procreación, el número de hijos y el intervalo entre sus nacimientos”.

                Hoy el clima de época y de ideas –producto de un grado de madurez republicana, aunque insuficiente- hace posible el tratamiento legislativo de temas centrales para la ampliación de los derechos de Ciudadanía. El aborto no punible es apenas un comienzo para la realización de un Estado sin imposiciones dogmáticas ni tutelajes religiosos.

En definitiva, es el comienzo de un camino hacia un Estado Laico, en Unión y Libertad

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