El 20 de enero de 2011 ha vuelto a perpetrarse otro acto contra el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado: en Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de todos los españoles, el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, y la subsecretaria de la Presidencia, Soledad López Fernández, se reunieron con el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, el Nuncio de su Santidad en España, monseñor Renzo Fratini, el coordinador de los viajes del Papa, Alberto Gasbarri y el director ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, Yago de la Cierva, a fin de coordinar mediante comisiones mixtas (en las que están implicados el Ministerio de la Presidencia, diversos ministerios, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) el viaje del jerarca Supremo de la iglesia católica, Joseph Alois Ratzinger, y la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Madrid el próximo verano.
El Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) denuncia esta reunión, que atenta contra el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones y rechaza la inercia confesional a la que están sometidos este Gobierno y todos los Gobiernos anteriores desde la fecha de vigencia de la Constitución de 1978.
Al Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) le parece inaceptable que el poder ejecutivo (a nivel nacional, autonómico y local) y el poder legislativo (Congreso, Senado, Asambleas autonómicas) acojan, financien, asistan en calidad de sus cargos a actos de carácter confesional y se arruguen ante determinados chantajes, explícitos o tácitos, por parte de la jerarquía católica y sus principales grupos de presión.
El Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) estima que es un atentado contra la ciudadanía trabajadora, más considerando la crisis económica que hace estragos cada día en nuestro país y en el mundo entero, que con el dinero de todos se financie el viaje privado del señor Ratzinger y un evento de carácter estrictamente confesional, e igualmente que el Gobierno conceda unas exenciones fiscales de hasta el 80% de lo invertido a las empresas privadas que financian el 50% del viaje de Ratzinger.
El Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) considera que nuestro país no puede alcanzar y ejercer sus derechos y libertades en plena igualdad de condiciones, tal como declara la Constitución, mientras las instituciones y los representantes del Estado mantengan un Concordato enraizado en la historia franquista y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano, que perpetúan y una situación de privilegio con la iglesia católica de imposible encaje con los principios constitucionales.
El Movimiento hacia un Estado laico (MHUEL) se pregunta también si habrá algún día un Gobierno que ponga fin a este desvarío confesional.
Zaragoza, a 27 de enero de 2011