Declaración de la Asociación Uruguaya de Libres Pensadores (AULP) y otras Asociaciones Civiles, en defensa de la laicidad frente a las intervenciones del Jefe de la Iglesia Católica uruguaya Sr. Sturla.
En las últimas semanas la sociedad uruguaya ha sido testigo de nuevos ataques a la laicidad por parte de la iglesia católica a través de su jefe, el arzobispo de Montevideo Daniel Sturla. El nuevo embate se debe, en esta oportunidad, al cuestionamiento que esta institución realiza a la Guía de Educación Sexual elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), ejerciendo presión para que el CODICEN (Consejo Directivo Central) de la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), órgano rector de la educación inicial, primaria y media, no distribuyera el material de estudio referido, así como a reclamar la transferencia de recursos estatales a la educación privada, en particular la confesional. Ante ello, algunas organizaciones sociales defensoras de la laicidad, entre ellas la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, han manifestado el rechazo a esta intromisión indebida de un credo, por ser violatoria de los principios de la misma y del Estado Laico, consagrado en la Constitución de la República.
Como parte de esta estrategia invasiva en términos de comunicación y cada vez más preocupante por la intromisión de la referida corporación y el intento de imponer sus criterios al Estado, el arzobispo Sturla responde a la mencionada defensa de la laicidad, en entrevista publicada por el diario El País el pasado 28 de diciembre, con la agresividad propia de quien no acepta la posibilidad de la existencia de múltiples verdades. En la misma, manifiesta que no se le puede negar “el derecho a la Iglesia de decir lo que piensa. Eso es fascismo”. El exabrupto esconde en forma engañosa la negación que la institución que representa tiene del concepto de laicidad. La laicidad y el Estado Laico, que es su expresión práctica, garantiza la libre expresión de todas las ideas en igualdad de condiciones, sin favoritismos de ninguna naturaleza. Imponer su doctrina como única verdad revelada, o expresándolo con sus palabras: “el anuncio liberador que es el encuentro con Jesucristo”, es una concepción autoritaria. Para educar en tal o cual materia, primero se obliga a tener fe. Estas declaraciones están en consonancia con las que realizara meses atrás el obispo de Canelones, Alberto Sanguinetti, respecto a la necesidad de impartir catecismo en la educación pública.
Tras la apariencia de un sacerdote renovador de la iglesia católica, que se comunica con lenguaje llano, hay un actor político que pretende avasallar las instituciones republicanas y laicas. Es el mismo que el 19 de junio (2014) le tomó juramento a la bandera nacional en la catedral metropolitana, a alumnos de instituciones católicas, contraviniendo la normativa vigente (art. 28 de la ley 9.948), que señala que el mismo debe realizarse en centros educativos y por el personal autorizado –público o privado, según sea el caso-, delante de la bandera del Estado Vaticano y culminando la ceremonia, con la expresión dogmática del director de una de las instituciones educativas: “¡Qué Dios los bendiga! Amén.” Es el mismo, que en una entrevista en el periódico “La Diaria” (11 de agosto), señaló que la merma de fieles a la iglesia católica, se debe a “un balde de laicidad” que tiene la sociedad uruguaya. Es el mismo, que propuso la creación de una oficina estatal “de asuntos religiosos”, para ejercer “control” sobre los diferentes credos. Como actor político, se reunió el pasado 30 de diciembre, a su solicitud, según manifestó a la prensa con el Dr. Tabaré Vázquez, recientemente electo Presidente de la República, calificando el encuentro como “cordial y bueno”. Señaló que dialogaron sobre la Guía de Educación Sexual, agregando que en la charla expresó: “me gustaría también explorar lo que puede ser la colaboración en el tema educación entre la Iglesia y el Estado”. En particular, resaltó el rol que podrían representar los liceos Jubilar o Impulso en esa “colaboración”.
Ante estos nuevos atropellos a la Laicidad y el Estado Laico, la Asociación Uruguaya de Librepensadores Declara:
1- Reivindicar al Estado Laico, como única garantía de la libertad de expresión, en el que todas las voces se manifiestan en igualdad de condiciones, sin favoritismos hacia una visión del mundo en particular.
2- Rechazar por agraviantes y demostrativas de una profunda intolerancia, las declaraciones del arzobispo Sturla – recientemente nombrado cardenal-, tergiversando las virtudes del Estado Laico, y asimilándolas con las de un Estado autoritario, seguramente trayendo a su memoria los tiempos no tan lejanos en los que su iglesia –como parte del Estado- mandaba al suplicio a todos aquellos que se apartaran de su verdad revelada. El paso del tiempo sin embargo, no la ha alejado de sus prejuicios y persecuciones a personas por razones de conciencia, de ideas políticas, de género, o de opciones sexuales.
3- Rechazar todo intento por invadir las instituciones del Estado, sea por vías directas, como la creación de una oficina estatal de “asuntos religiosos” en la órbita del Poder Ejecutivo reclamada por Sturla, o la representación de algunas concepciones religiosas por parte de algunos diputados electos para la siguiente legislatura, invocando una “predestinación divina”, apartándose de esa forma de la idea de representación de todos los ciudadanos; así como por indirectas, haciendo lobby y ejerciendo presión sobre las autoridades estatales, que por su naturaleza representan a toda la sociedad.
4- Rechazar la financiación estatal de la educación privada, sea por vía indirecta como sucede ahora con el beneficio impositivo que reciben las empresas que realizan “donaciones” a los liceos católicos Jubilar, Impulso y Providencia, o con el subsidio directo que promueve tanto la iglesia católica uruguaya y algunos actores de la escena política, con recursos que son de toda la sociedad. La misma supondría, asimismo, la injusta y escandalosa transferencia de recursos del Estado uruguayo al Estado Vaticano.
5- Reivindicar la deliberación ciudadana como el único espacio aceptable en una democracia republicana y laica, que persigue la búsqueda del bien común, y rechazar enfáticamente todo intento de negociación de espacios de poder a puertas cerradas y a espaldas de los ciudadanos, que son los verdaderos depositarios de la soberanía.
6- Llamar a los ciudadanos que más allá de las fronteras político partidarias, se sienten comprometidos con los valores y principios de la laicidad, a defender el Estado Laico dentro de sus estructuras partidarias.
7- Manifestar su preocupación por la propuestas privatizadoras de la enseñanza y violatorias de la laicidad expresadas por diversos actores políticos de todos los partidos con representación parlamentaria en la presente legislatura, algunas de las cuales se expresaban en los programas de gobierno propuestos a la ciudadanía, o el caso del Dr. Tabaré Vázquez –presidente electo- que propuso un sistema educativo basado en la distribución de “vouchers” formación de los valores del dogmatismo. Así, la conciencia de los ciudadanos pasaría a ser una mercancía a merced de mercaderes oportunistas que pretenden vivir del presupuesto del Estado.
8- Manifestar su preocupación por las iniciativas recientemente planteadas de crear colegios religiosos sólo para niñas en unos casos y sólo para niños en otros, lo que supondría hacer retroceder a la enseñanza a las arcaicas maneras prejuiciosas, religiosas y sexistas de enseñar, previas a la escuela vareliana, constituyendo hoy una visión anacrónica de la sociedad.
9- Llamar a las organizaciones sociales y sindicales que se identifiquen con la defensa de la educación pública laica, gratuita y obligatoria, a asumir la defensa ante el feroz ataque privatizador y violatorio de la laicidad que en forma planificada están organizando las expresiones oscurantistas, dogmáticas y reaccionarias de la sociedad.
10-Llamar a todos los ciudadanos, más allá de las convicciones que cada quien tenga, a comprometerse en la defensa de la laicidad, la libertad de conciencia y los principios y valores republicanos, que son la garantía o dique para que ninguna corporación religiosa –la iglesia católica en particular- intente establecer condiciones de dominación hacia otros credos y a la sociedad en su conjunto, a través de estrategias engañosas de alianzas prometedoras de espacios de poder. La propuesta de crear una oficina pública de “asuntos religiosos”, no persigue otro propósito, más que el desde la posición privilegiada de un altar estatal, permitirle a la iglesia católica y por ende al Estado Vaticano, arrogarse el derecho de determinar cuáles creencias son válidas y cuáles no, rompiendo definitivamente con los principios de laicidad y el Estado Laico que nuestra Constitución consagra desde 1919 hasta nuestros días en su art. 5o: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna. […]”
