Declaración de Europa Laica sobre la privatización del Registro Civil

DECLARACIÓN SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

Europa Laica rechaza la privatización de los registros civiles, por entender que socaba el Estado de Derecho, los mercantiliza y atenta contra la protección de datos de las personas.

Preámbulo

Los Registro Civiles modernos tiene su germen en la Revolución francesa (1793), aunque sus orígenes son muy anteriores y aparecen en culturas orientales, en la civilización del imperio romano. Estos registros son “controlados”, básicamente, por la Iglesia católica a través del bautismo y del resto de ritos de paso, a partir del enorme poder alcanzado en la Edad Media.

Con el inicio de la secularización de la sociedad y de la libertad de culto, sobre todo a raíz de la época de la Ilustración, los Registros Civiles pasan a ser asumidos por el Estado, a través de entidades locales, comunales o estatales y casi siempre en el ámbito de la organización de Justicia. A lo largo del s.XIX los Registros Civiles dependientes de los Estados modernos, se extienden por el resto del mundo.

El Registro Civil en España comenzó en enero de 1871, a raíz de la entrada en vigor de leyes estatales que lo instauraban, exigiendo a los municipios la creación de un Registro Civil en el que se debían inscribir los datos referentes al estado civil de todos los españoles y españolas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etc.), al margen de sus creencias.

Privatización

Ante la prevista privatización del Registro Civil por parte del Gobierno del Partido Popular en fechas inmediatas (julio de 2015), Europa Laica realiza las siguientes consideraciones:

1.- En la actualidad, los actos inscribibles en dicho registro se refieren a la identidad, estado civil y demás circunstancias personales, con repercusiones de trascendencia a lo largo de la vida: nacimiento, nombre, defunción, nacionalidad, matrimonio, hij@s, separaciones, modificación judicial de la capacidad de las personas, tutela, actos relativos al régimen patrimonial de personas discapacitadas, y otras circunstancias individuales.

2.- Así pues, el Registro Civil se articula mediante derechos y deberes individuales: tenemos derecho de inscripción de todos estos actos, y deber de inscribir aquellos tipificados como obligatorios. Asimismo, la inscripción registral tiene fuerza de prueba legal y única admisible para dar fe de los datos registrales; además, a partir de estos datos se articulan los datos registrales de padrones municipales, Seguridad Social, Hacienda, etc.

3.- Así pues, el Registro Civil es un registro de personas físicas, por contraposición al Registro Mercantil, que lo es de personas jurídicas; asimismo, el Registro de la Propiedad inscribe derechos reales sobre bienes inmuebles y sus transacciones.

4.- El actual centro directivo del Registro Civil es la Dirección General del Registro y del Notariado, adscrito al Ministerio de Justicia, y el servicio es prestado por funcionarios públicos y financiado de los Presupuestos del Estado.

5.- Bajo la excusa del colapso de los expedientes de nacionalidad se ha gestado una operación de privatización encubierta del servicio, adscribiendo sus funciones al Registro Mercantil; los registradores son funcionarios pero cobran precios y aranceles por sus servicios y contratan a sus propias plantillas. Con la “promesa” de que ciertas operaciones seguirían sin cobrarse directamente a los solicitantes, el Gobierno del PP daría carta blanca a registradores y notarios, entre los que figuran, no lo olvidemos, altos cargos y familiares del actual Gobierno del PP y hasta el mismo Presidente.

6.- Como viene siendo habitual, ante los problemas organizativos y de gestión en el ámbito público la ideología fundamentalista neoliberal replica, no con una propuesta organizativa y de gestión más eficiente en el ámbito público, sino con una privatización, de hecho, del servicio. Al calor de la misma, se crearán nuevas figuras registrales y, con toda seguridad, suculentos negocios para registradores y notarios, puesto que acabaremos teniendo que pagar precios por cada uno de los hechos registrales.

Ante esta situación, Europa Laica rechaza y denuncia el intento de privatización del Registro Civil por las siguientes razones:

  • La dirección y gestión de las funciones del Registro Civil deben permanecer, en todo caso, en el estricto ámbito de la función pública y ser financiado por los Presupuestos Generales del Estado, como corresponde a hechos y actos individuales susceptibles del ejercicio de libertades y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española.
  • Las máximas garantías en la protección de datos de las personas se desarrollan en el ámbito público, de ahí que pasar esos datos a la iniciativa privada socaba un Derecho fundamental, como es el de la privacidad de datos sensibles de las personas.
  • Toda privatización de un servicio público conlleva la conversión de l@s ciudadan@s en clientes: los derechos y garantías propios de la condición de ciudadanía (libertad de conciencia, igualdad de trato, no discriminación) son sustituidos por una mera relación contractual, sometida a los vaivenes del “mercado”, que en este caso coincidirá con los intereses económicos de registradores y notarios.
  • Las necesidades de reestructuración de la organización y gestión del Registro Civil en ningún caso debe conllevar merma en los puestos de trabajo actualmente existentes, en un momento como el actual, caracterizado por la eliminación de miles de puestos de trabajo en la función pública y por el consiguiente deterioro de los servicios públicos.

Europa Laica se suma a cuantas iniciativas sociales y políticas de rechazo a esta privatización que socaba el Estado de Derecho vayan surgiendo. Y en caso de que se lleva a efecto luchará para que próximas mayorías parlamentarias lo rescaten para el ámbito público.

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