Decidir sobre el crucifijo, una cuestión de responsabilidad

EL 27 de febrero de este año, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Valladolid dicta Sentencia, resolviendo el litigio sobre los símbolos religiosos en las aulas del colegio público Macías Picabea. El juez exige que la Administración educativa de Castilla y León se pronuncie sobre la solicitud de retirada de los símbolos religiosos existentes tanto en las aulas, como en las dependencias comunes del colegio.

Pero la Junta, que en su día no asumió su responsabilidad, dejando que el conflicto se enquistara y confrontara a padres y alumnos, amenaza con seguir incumpliendo sus obligaciones y presentar un recurso contra una sentencia que, a todas luces, resulta razonable.

Como se sabe, el conflicto judicial se suscitó cuando la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid interpuso recurso frente a la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que estimaba no ser competente para ordenar la retirada de símbolos religiosos en las aulas de los colegios públicos, dejando la decisión en manos del Consejo Escolar del propio centro Macías Picabea.

La Sentencia recuerda que es responsabilidad de la Junta decidir sobre el asunto, puesto que la autonomía del centro ha de someterse al marco general establecido por las administraciones educativas que son garantes del ejercicio del derecho a la educación.

La resolución judicial no es novedosa sino que se hace eco de una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (St 15/10/2002) que ordena a la Administración educativa decidir sobre el mantenimiento de los símbolos religiosos, con independencia de que su decisión se acomode o no al criterio del Consejo Escolar. Pues bien, la Junta de Castilla y León, que es la Administración competente en materia educativa, no asume su responsabilidad cuando, como en este caso, surgen problemas que le resultan incómodos. Poder y responsabilidad son dos caras de la misma moneda y quien ostenta el poder sin responsabilidad no merece ejercerlo. En el caso que nos ocupa, la falta de respuesta de la Consejería de Educación suscitó un conflicto entre padres, alumnos y responsables del centro que no debería de haberse producido y que continúa planteado. Indudablemente no es admisible que los ciudadanos tengan que soportar la carga de resolver conflictos que han de ser asumidos, ponderados y solucionados por quienes han sido elegidos para dar respuestas y aportar soluciones generales. En esto precisamente consiste la acción de Gobierno.

Los padres defensores de la escuela laica no tienen por qué buscar respuestas judiciales, ni esperar meses a que se dicte sentencia o se resuelva el recurso, mientras su día a día se impregna de incidentes en las idas y venidas del colegio (porque las mayorías siguen imponiendo sus razones a las minorías en cualquier ámbito y la escuela no es inmune a esta regla sociológica).

La Junta tenía obligación de resolver sobre la retirada de los símbolos religiosos en las escuelas públicas, pero ha declinado su responsabilidad porque, lógicamente desde el punto de vista electoral, no es rentable la decisión que ha de adoptar en el sentido de declarar que han de retirarse los crucifijos de las aulas de los colegios públicos, puesto que su mantenimiento limita la libertad religiosa de aquéllos alumnos no católicos que, lógicamente no van a optar por educarse en un colegio con ideario religioso (de los muchos que existen en nuestra ciudad). Lamentablemente, la dejación de funciones y responsabilidades a menudo no tiene castigo electoral.

Ana Redondo. Profesora titular de Derecho Constitucional Universidad de Valladolid

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