¿Debe el Estado enseñar catecismo?

En el debate actual sobre la enseñanza de la religión en la escuela pública, los que defienden que el Estado debe enseñar la religión como una asignatura más, obligatoria y con nota, suelen hacer la debida distinción entre la "religión" y la "catequesis". Según esta distinción, el Estado no confesional debe incluir en sus planes de estudio la religión, pero no la catequesis.

Porque la religión es un conjunto de 'conocimientos' sobre el hecho religioso. Conocimientos de los que todo ciudadano bien instruido debe ser informado. Sin embargo, si hablamos de catequesis, entonces nos estamos refiriendo, no ya sólo a unos conocimientos, sino sobre todo a unas 'creencias' que los alumnos deben comprender y aceptar, para vivir de acuerdo con ellas. Cosa que, como es lógico, no es competencia del poder civil, sino que corresponde a los responsables de cada confesión religiosa.

Hasta aquí, todo está claro. Y nadie tendría que poner reparos, si es que el asunto de la enseñanza religiosa se plantea en esos términos. Lo que pasa es que los dirigentes de la Iglesia (y sus incondicionales seguidores en esta materia) no se limitan a exigirle al Estado que enseñe religión, sino que además quieren que adoctrine también a los jóvenes en la catequesis católica. Por eso los libros de texto de la asignatura de religión son censurados minuciosamente por los obispos. Como son también los obispos quienes ponen y quitan, cada año, a los profesores de religión. Y sabemos que, para quitar a uno de estos profesores, el obispado de turno puede aducir que el profesor no vive de acuerdo con las obligaciones que impone la Iglesia.

Ahora bien, si todo este asunto se plantea en estos términos, ¿se puede asegurar tranquilamente que un Estado no confesional tiene obligación de enseñar y costear la catequesis confesional de una determinada religión? Es evidente que, si esta cuestión se piensa sin apasionamiento, la respuesta es que un Estado, que constitucionalmente no es confesional, no tiene por qué adoctrinar a los ciudadanos en una determinada confesión religiosa. Sobre todo, cuando estamos en una sociedad plural en la que conviven gentes que profesan confesiones muy distintas. Y cuando sabemos que el Estado tiene que defender la igualdad de todos los ciudadanos. Como es lógico, si los poderes públicos catequizan a unos ciudadanos en unas creencias, tendrían que catequizar a todos los demás también, a cada cual en las suyas, cosa que no es posible y que, por tanto, lesiona la igualdad de derechos de todos.

A la vista de esta dificultad, que cualquiera entiende perfectamente, los defensores de la clase de religión se empeñan en que es sólo una asignatura con sus correspondientes 'conocimientos', pero que no se trata de una catequesis con sus correspondientes 'creencias'. Así estaban las cosas hasta que, el pasado día 26, el papa Benedicto XVI nos sacó de dudas. En un discurso a los obispos de Polonia, el papa acaba de decir que la educación religiosa de los jóvenes es «educación en la fe» y se trata, por tanto, de «enseñanza de la religión y de la catequesis en la escuela». Por eso el papa no está de acuerdo en que la clase de religión se vea reducida a «la dimensión de religionología o de ciencias de la religión, incluso cuando eso es lo que se desea en algunos ambientes». La mentalidad del papa, por tanto, está muy clara: «La formación de las jóvenes generaciones es un deber que afecta a los padres, a la Iglesia y al Estado». De ahí, «la estrechísima colaboración de la Iglesia con la escuela, con los institutos y con las demás instituciones laicas que se ocupan de la educación de la juventud».

La conclusión es clara: según la mentalidad eclesiástica actual, el Estado tiene que enseñar catecismo católico. Insisto en esto. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. La Iglesia no se contenta con que, en las escuelas públicas, se enseñen conocimientos que se refieren a las ciencias de las religiones. Lo que se quiere, a toda costa, es que sea el Estado el que enseñe catequesis en los colegios, sean públicos o sean concertados.

¿Qué decir de todo esto? Varias cosas:

  1. Si fuera posible que, en una sociedad plural, el Estado enseñase, por igual, las creencias religiosas que demanda cada familia, parece que eso sería razonable.
  2. Dado que semejante proyecto no es posible sin lesionar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, es evidente que el Estado no debe ponerse a catequizar a unos ciudadanos en una religión, al tiempo que abandona a los demás, que serán precisamente los más débiles, los que menos presión social pueden hacer (inmigrantes, grupos marginales, etc).
  3. Es patente la debilidad de la Iglesia para enseñar su fe, lo que se traduce en la pretensión de que sea el Estado el que enseñe lo que ella se ve incapaz de enseñar.
  4. Cuando se trata de la enseñanza católica, la cosa se complica porque, en este caso, el Estado no se las tiene que ver sólo con una religión, sino además con otro Estado, el Vaticano. Pero, entonces, ¿no estamos ante el peligro de ingerencia de un Estado en los asuntos internos de otro Estado? ¿No quiere decir todo esto que urge revisar los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979? Y si la cosa se piensa desde la fe de los cristianos, permítaseme una pregunta imprudente ¿no resulta extraño imaginarse a Jesús pretendiendo conseguir de Herodes y Pilatos que aquellos mandatarios políticos se pusieran a enseñar el Evangelio en Galilea o en Judea?
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