Las mentiras resultan a menudo mucho verosímiles, más atractivas para la razón,
que la realidad, pues quien miente tiene la gran ventaja
de conocer de antemano lo que su audiencia espera o desea oír.
Hannah Arendt
Podemos observar que la izquierda ha dejado de ser anticlerical. Ofreciendo en este aspecto sensibles diferencias con el pasado. Ahora bien, abandonar el anticlericalismo, en modo alguno puede significar dejar de criticar a la Iglesia cuando su comportamiento es egoísta, incívico y contrario a los valores de una sociedad democrática y de los principios que sientan las bases de una justicia social.
Voy a tratar en este breve ensayo, de las inmatriculaciones. Por cierto, un buen número de ciudadanos ignoran qué es eso y gracias, precisamente a esa ignorancia, se continúan perpetrando abusos y atropellos.
Probablemente, no sea ocioso a este efecto, indicar que desde 1998 hasta 2018 han tenido lugar más de treinta mil inmatriculaciones. El número es sin duda escalofriante. Podemos hablar, por poner algunos ejemplos, de plazas públicas como la de Alcalá de Henares, mezquitas como la de Córdoba, que fue registrada por treinta euros y cuya visita cuesta diez, a cualquier ciudadano deseoso de contemplar esa maravilla de la época musulmana. He ahí, por tanto, un suculento negocio. Si seguimos enumerando, nos encontraremos asimismo con cementerios, ermitas, garajes, fuentes, casas y un largo etcétera.
Esto de inmatricular es un privilegio que sigue la estela del franquismo y frente al que es preciso adoptar una actitud crítica e incluso, emprender una serie de medidas tendentes a subsanar lo que de escandaloso tienen estas apropiaciones indebidas. Durante mucho tiempo se ha venido mintiendo, tergiversando y obteniendo pingües beneficios. Ya es hora de poner fin a estas cínicas actitudes.
Antes de seguir adelante, conviene señalar que obispos, arzobispos y otros cargos eclesiásticos podían auto-concederse la propiedad de los bienes, simplemente emitiendo un certificado sin tener que aportar documento alguno de propiedad.
Citaré que al poco de finalizar la Guerra Civil, la dictadura franquista aprueba una Ley Hipotecaria, en su Reglamento de desarrollo expone textualmente, ‘tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los diocesanos respectivos’ lo que en ‘roman paladino’ viene a significar que bastaba con un certificado del obispo para que la Iglesia se apoderara de cualquier propiedad.
Sería oportuno a todas luces, que se hiciera público el listado de inmatriculaciones. Entiendo, modestamente, que se trata de un derecho democrático y que no puede ni debe posponerse por más tiempo dicha publicación que posibilitaría, de paso, que quienes se sientan perjudicados pudieran reclamar las inscripciones que se hayan realizado irregularmente, pues como dijo el comediógrafo griego Menandro en sus Sentencias ‘los avaros muestran un comportamiento impropio de hombres libres’.
La Iglesia, es obvio, que ha perdido capacidad de influencia. Ya no es, como lo fue en otro tiempo, el sostén del orden establecido, ni la entidad transmisora de los comportamientos morales, que entiende unilateralmente que deben afectar a todos los ciudadanos.
Vivimos en una sociedad que presenta signos de fatiga y, donde el miedo y respeto que antes inspiraba se desdibuja. En este punto asistimos al ocaso y al cambio de ciclo de una época.
Han envejecido y son obsoletas aquellas estructuras sociales propias de una sociedad patriarcal y se abren paso, si bien tímidamente, los valores laicos y republicanos.
La Iglesia tiene acumuladas algunas ‘deudas’ que obran como un peso muerto, que limita extraordinariamente su adaptación a una sociedad democrática. Quizás, el principal sea su apoyo e identificación con los vencedores en la Guerra Civil y su defensa a ultranza de las injustas medidas que infringieron a los vencidos.
Por otra parte, creo que no se ha evaluado de forma crítica su actuación durante la dictadura, muy especialmente por lo que respecta al nacional-catolicismo, si bien, deben tenerse en cuenta posiciones valientes y decididas como las del Cardenal Tarancón, en el tardo-franquismo y en la Transición. Todo esto es vital para superar el problema de las ‘dos Españas’ que sigue planeando, enturbiando y perjudicando nuestra convivencia.
Regresemos a las inmatriculaciones. Es obligado que en el plazo, más breve posible, se haga pública la lista de bienes de la Iglesia. En tanto que continúe la opacidad existente, seguirá operando como una deuda pendiente.
Por otro lado, voces autorizadas como la Comisión de Expertos que analizó estos supuestos, recomendaba expresamente, que las inmatriculaciones que se demostraran irregulares o fraudulentas pudieran anularse mediante un oportuno recurso al Tribunal Constitucional.
Estamos hablando de que se han inscrito ‘bienes de dominio público’ por parte de una entidad particular como la Iglesia. Ni que decir tiene, que esta vía permitiría por ejemplo a las Corporaciones Locales, pero también, a los particulares afectados, recurrir ante los Tribunales la titularidad de estos inmuebles que les fueron arrebatados.
Este y otros problemas habrán de dirimirse, tarde o temprano, en los juzgados de toda España. Cuanto antes se inicie este proceso, mejor, puesto que servirá para dejar atrás un periodo de penumbras, de opacidad y hasta de obscurantismo.
El laicismo pretende como principal finalidad la nítida separación del Estado y de las confesiones religiosas. La Constitución Española de 1978, se define como aconfesional, pero da un tratamiento especial y privilegiado a la Iglesia Católica.
Al amparo de la impunidad que ha venido gozando se han divulgado determinados bulos, mentiras y tergiversaciones que hoy se calificarían como fakes news, pero que sólo suponen un desconocimiento paladino de las leyes. Quizás la principal de estas intoxicaciones sea proclamar, como se ha hecho, que la Iglesia amparada por la Ley y la Constitución goza de todo el derecho a inmatricular sus bienes y templos, dando carta de naturaleza a una apropiación indebida de lo que no le pertenecía en derecho.
Ha llegado el momento de que empiecen a sentarse las bases para acabar también, en ese terreno con injusticias y atropellos largamente consentidos. Es justo, desde cualquier punto de vista, que cualquier ciudadano que se sienta perjudicado y pueda demostrar que la inscripción se practicó ilegalmente, pueda entablar las acciones legales pertinentes y solicitar la nulidad de la misma.
Hablar de inmatriculaciones, justicia y legalidad es un auténtico oxímoron. Circulan abundantes dosieres y hay testimonios sobrados en multitud de archivos… pero hasta el momento ha faltado voluntad política para atreverse a cruzar el umbral e iniciar una reparación que en tanto no se produzca, supone una importante deuda pendiente del sistema democrático.
Sabido es que la dictadura franquista fue un periodo de ignorancia, arbitrariedad, crueldad, ensañamiento y hasta fanatismo. Lo que, desde luego, no es óbice para que desde la ultraderecha más rancia se pretenda ‘blanquear’ este periodo. Este régimen, suponía la imposición de una forma tradicional y terrible de entender la Historia de España; por consiguiente, tenía un grado de hostilidad enorme a reconocer los cambios en las costumbres y, no digamos, sociales y políticos que se producían.
Baste señalar el empleo del término ‘cruzada’ y la persecución implacable de quienes habían apoyado la legalidad republicana. Quiero recordar afectuosamente a Manuel Tuñón de Lara cuyos textos de Historia leíamos con fruición, pese a estar prohibidos, en aquellos ‘años de plomo’.
El verbo que todos hemos de aprender a conjugar es actualizar. Es cierto que el Caudillo Francisco Franco y la Iglesia encabezada por Pio XII, se adoraban mutuamente, como escribió no hace mucho el teólogo Evaristo Villar.
Para emprender ese tránsito hacia una modernización ‘culturalmente actualizada’ se hace imprescindible clausurar algunos privilegios incompatibles con los principios y valores que rigen un Estado social y de derecho.
Los gestos son más importantes de lo que parecen. La publicación de la tan traída y llevada lista, desde mi punto de vista, es la llave que permitirá empezar a poner orden, a reparar injusticias y a dirimir cuentas pendientes con un pasado dictatorial, antidemocrático y oprobioso.
*Antonio Chazarra es profesor de Historia de la Filosofía
