El PP promovió al actual prelado de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, cuando estaba en la diócesis de Segorbe Castellón, como miembro del Consell Valencià de Cultura; a su vez, los populares se desmarcan de la corrupción que envuelve a los familiares de la fallecida exalcaldesa de Valencia porque ahora son de Vox
El obispo de Alcalà de Henares no ha salido de la nada. La obsesión contra la homosexualidad, el aborto o la “ideología de género” jalonan la trayectoria de Juan Antonio Reig Pla, un prelado del ala más extrema de la Iglesia Católica que, a lo largo del tiempo, ha comparado la ley del aborto con el Holocausto, ha llamado a los fieles a oponerse a la regulación de las parejas de hecho y al matrimonio de personas del mismo sexo, ha condenado los anticonceptivos, calificado de “bárbaros” a quienes se oponen a que la asignatura de religión sea obligatoria, enviado al infierno a los gays y considerado que la homosexualidad propicia la pederastia entre los sacerdotes, hasta amparar clandestinamente las denominadas “terapias de reversión”, expresamente prohibidas por la ley.
Este valenciano de Concentaina que quiere “curar” a los homosexuales, fue puesto al frente de su primera diócesis, la de Segorbe-Castellón, por el papa Juan Pablo II en 1996. Y nada más llegar quedó claro que iba de “duro”. Echó a la dirección de Cáritas, cambió de parroquias a los sacerdotes más o menos progresistas y exigió a los profesores de religión que firmaran una profesión de fe y un juramento de fidelidad. No es de extrañar que sus simpatías por el activismo ideológico de carácter religioso, y por los movimientos católicos de orientación integrista, le hayan acercado a la extrema derecha política que hoy representa Vox.
Pero, como al líder de ese partido, Santiago Abascal, que fue diputado y disfrutó de puestos en chiringuitos pagados con dinero público, a Reig Pla lo promovió el PP. En sus biografías no se suele citar que fue miembro, a propuesta de los populares, del Consell Valencià de Cultura, una institución consultiva de la Generalitat Valenciana de la que había formado parte en época socialista otra figura eclesiástica de talante bien distinto, el aperturista cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Reig Pla duró en el organismo apenas cinco meses, de enero a mayo de 1998 -se ve que no era lo suyo-, pero el episodio revela la conexión del sector reaccionario de la Iglesia con la derecha valenciana entonces en el poder. Una conexión que alcanzaría el éxtasis, de la mano de Juan Cotino, con la complicidad de Francisco Camps y el arzobispo de Valencia Agustín García-Gasco antes, durante y después de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006.
El fanatismo de Reig Pla no desentonaba con el discurso moral y político del PP, la formación en la que ha habitado la extrema derecha durante tantos años. Como no lo hacía la familia de Rita Barberá, gran referente de la derecha valenciana, pese a un pasado franquista más que conocido del que están lejos de arrepentirse personajes como su cuñado, José María Corbín, detenido esta semana en la enésima operación judicial contra la corrupción que campó por el Ayuntamiento de Valenciana y, en general, por las instituciones valencianas, mientras gobernaron los populares.
Corbín, casado con la hermana de la fallecida alcaldesa, defiende como abogado a la que fue mano derecha de Barberá, Mari Carmen García-Fuster, en el caso Taula, donde está acusada de manejar la caja B del PP local. No tuvo escrúpulo alguno en proponer como perito en ese procedimiento al asesino de Yolanda González, el ultra Enrique Hellín. Ahora él mismo se ve implicado en el supuesto cobro de comisiones en contratos y adjudicaciones del Ayuntamiento que presidía su cuñada. Y con él, están imputadas también su esposa y hermana de Barberá, Asunción, jefa de gabinete de la alcaldesa en su momento, y su hija, sobrina de la líder popular, destinada a ocupar un puesto en la lista de Vox al Ayuntamiento de Valencia para intentar arrastrar con su nombre y apellidos, Rita Corbín Barberá, al sector de la derecha más irreductible.
Sin parpadear, ni pararse a respirar, la actual presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, se ha desmarcado del caso. “Ni forman parte del PP ni están en el partido”, ha dicho de la familia de la alcaldesa desaparecida, cuyo “legado”, sin embargo, no dejan de reivindicar ella y su candidata a la alcaldía de Valencia, María José Català. Es obvio que la corrupción se produjo bajo la responsabilidad de ese partido, pero también que la extrema derecha estaba ahí. Vox, con sus organizaciones afines, sus expectativas electorales y su impacto sociológico, es de momento la escisión de una tropa que ha combatido bajo el mismo pabellón durante décadas.
Adolf Beltrán
