Datos aproximados sobre la financiación de la Iglesia católica en España y sus orígenes

Datos aproximados sobre la financiación de la Iglesia católica en España y sus orígenes

(Breve análisis)

La iglesia católica española vive en un paraíso económico, presuntamente ilegal

I – Introducción

España durante 15 siglos y hasta la Constitución de 1978, con la excepción de la Constitución de la II República entre 1931-1939 y algún otro brevísimo período liberal en el siglo XIX, ha sido considerada como una “nación católica”. Hay que recordar, como dato histórico, en relación a las relaciones del Estado con la Iglesia católica, que la Constitución considerada como liberal de 1812, proclamabaque el catolicismo era la única confesión religiosa permitida, el preámbulo se inicia así:“En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad” y su artículo 12 expresaba “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”.

Hay historiadores que mantienen la tesis de que se debía a la necesidad de “contar con la colaboración del clero en la lucha contra los franceses”, pero no deja de ser un rasgo fundamentalista e intolerante que choca con el espíritu avanzado de la constitución y que rompe, indirectamente, con el resto de derechos, que duraron muy poco, como consecuencia de las tropelías absolutistas del reinado de Fernando VII.  Pero la verdad es que la composición de aquellas Cortes de Cádiz que trataría de romper con el Antiguo Régimen, estaba compuesto por absolutistas y liberales de diferentes ideologías, pero que en sus diversas fases estuvieron presentes nada más y nada menos que hasta un 40% de clérigos.

En 1845, con el reinado de Isabel II, se aprobó la Ley de Donación de Culto y Clero que restituía a la iglesia católica los bienes desamortizados (entre 1798 y 1924) y no vendidos y aprobó el Concordato aprobó y firmó con el Papa Pío IX un Concordato por el que el Estado reconocía a la Iglesia católica como la única de la Nación Española y sus derechos a poseer bienes, origen ideológico de los actuales “Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede” de 1979… El Concordato de 1851 expresaba “…La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones. Y en materia de enseñanza: “…En su consecuencia la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas…”

La insurrección militar, católica y fascista que contra la II República, se produce en 1936, es apoyada por el estado-ficción “ciudad del Vaticano” y por la iglesia católica española. En la etapa de la dictadura franquista (1939-1976) el régimen considera a la “nación española” como  “nacional-católica”, en donde se anula, de forma tajante, la libertad de conciencia que había establecido la II República.

De esta forma y en ese período, la jerarquía católica española retoma la enorme influencia política de los regímenes absolutistas del siglo XIX y es en esa etapa cuando la iglesia acumula una enorme riqueza y poder, cedido por el Estado en todos los terrenos, especialmente en lo referente a la enseñanza y a la financiación.

Franco firmaría un  nuevo Concordato en 1953, basado en el de 1851, actualizando los enormes privilegio que ya disfrutaba la iglesia católica en todos los campos y, posteriormente, fallecido el dictador, es Juan Carlos I, en julio de 1976, quien  ratifica unos Acuerdos, con el compromiso de revisar el Concordato del 53, con unos pequeños retoques sobre nombramientos y relaciones con la jerarquía católica, en consonancia con la nueva situación social y política que parecía comenzar, pero se mantenía, casi íntegramente, el Concordato de 1953.

Por fin, con gran retraso respecto a los países democráticos de nuestro entorno, la Constitución de 1979 proclama “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”.

Sin embargo, e inexplicablemente, una vez aprobada la Constitución de 1979 se firman una serie de Acuerdos con la Santa Sede, que sólo derogan de forma parcial el Concordato de 1953 y queotorga a la Iglesia católica variadosbeneficios en materia de enseñanza y de patrimonio cultural, fiscales, políticos, sociales, etc.  

No entendemos la tozuda postura de los gobiernos democráticos y de las Cortes generales que se niegan, sistemáticamente, a abrogar estos Acuerdos y la parte que queda en vigor del Concordato del 53, que chocan frontalmente con el significado de un Estado Democrático y de Derecho y con la propia Constitución, devaluando, gravemente, su inspiración democrática en materia de libertad de trato y neutralidad por parte del estado hacia las diversas convicciones.

Como consecuencia de ello y de una postura confesional de los poderes públicos españoles, la financiación de la iglesia católica, no solo no se ha adecuado a la nueva realidad de libertad de pensamiento y de conciencia y de libertad religiosa, sino que ésta (la iglesia católica oficial) permanece en todo un verdadero “paraíso fiscal”, al margen de las leyes tributarias y sociales que son de obligado cumplimiento para el conjunto de la ciudadanía.

La primera cuestión de ilegitimidad, es que las cuentas de la iglesia católica son opacas:

De la financiación, vía tributaria, conciertos, subvenciones y donaciones que el Estado asigna, no tiene que rendir cuentas. Además de que es depositaria de un enorme patrimonio cultural, artístico, edificios, suelo urbano y rural… acumulado por dádivas y enajenaciones del estado y donaciones de particulares a lo largo de siglos.  Muchos  municipios siguen enajenando hacia la iglesia católica enormes cantidades de suelo público para construir centros de enseñanza, locales propios e iglesias, que, generalmente,  registran a su nombre, aumentando así su ya sólido patrimonio y aminorando, por consiguiente, el patrimonio público.

II – Las presuntas cuentas de la Iglesia católica española

En España, es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (…diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, etc.) de un enorme patrimonio consistente en bienes mobiliarios, inmobiliarios, suntuarios, culturales, capital de fundaciones… pues aunque cada una de ellas tengan autonomía jurídica y administrativa, no dejan de formar parte de la misma organización eclesial.

Es evidente que, de forma legítima más o menos legítima, recibe donaciones directas de sus fieles  y se nutre de los beneficios de sus innumerables y a veces suculentos negocios de todo tipo y actividad.

Pero, además, de forma ilegítima recibe financiación directa e indirecta por parte del Estado español en sus distintos ámbitos: central, autonómico y local.

La cifra presunta y estimada que el Estado (central, autonómico, local) ha cedido, directamente, a la iglesia católica, en 2009, puede haber superado los 7.000 millones de euros.

De los cuales sólo 252 pertenecen a la asignación tributaria del IRPF (2008)

En una época, como la que atravesamos, de profunda crisis social y económica la Iglesia católica española, en 2010, va a seguir recibiendo “religiosa y puntualmente” del Estado su financiación, sin ningún tipo de recorte.

Cálculos aproximados de la financiación en el año 2009

Las exenciones tributarias, según varias fuentes y expertos consultados, ha podido suponer en el ejercicio de 2009 una falta de ingresos por parte de las diferentes administraciones del Estado de unos 950 millones de euros. (*Impuestos municipales -como es el del IBI- y otros autonómicos y estatales)

En la Enseñanza, (curso 2008-2009) para el pago de las personas que imparten religión católica en la enseñanza pública  y privada (unos 30.000), superó los 650 millones de euros, a esta cifra hay que añadir las horas perdidas por docentes que atienden a niños y niñas que NO asisten a religión.

Para financiar a los centros educativos con ideario propio (católico) la cifra se aproximó a los 3.900 millones de euros,  a través de los módulos económicos de los conciertos educativos  en cada CCAA (Según la ley de presupuestos del estado se divide el modulo en: 1.Salarios?cargas sociales. 2. Gastos variables y 3. Otros gastos) / *Conforme se vayan desarrollando los artículos 116, 117 y la 29 d. adicional de la LOE, + lo que se prevé, por ahora, en la propuesta de “Pacto por la Educación” aumentará considerablemente el costo de esta financiación

*En el capítulo de Enseñanza hay que contar  las cada vez más cuantiosas donaciones que diversos estamentos públicos, como Ayuntamientos, CCAA, etc. hacen a fundaciones universitarias privadas y otras entidades educativas de la iglesia. También las organizaciones de la Iglesia y la Conferencia Episcopal española reciben diversas subvenciones y donaciones de apoyo por parte del Estado, para sus medios de comunicación y editoriales. (*Todo este costo es muy complejo de averiguar, pues se encuentra muy mezclado y hay que acudir a miles de fuentes y partidas presupuestarias)

Del impuesto del IRPF (Que pasó del 0,52%, al  0,7% en 2007). La iglesia católica ha recaudado en el año 2009 más de 252* millones de euros, para financiar el culto y el clero.

*Esa parte de la financiación se detrae del conjunto del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En base al porcentaje de contribuyentes (declaraciones individuales o conjuntas) que ponen la correspondiente cruz a la iglesia católica. En 2009 fueron el 21,7 % (sólo iglesia católica) y el 12,6 % (a iglesia católica y a fines sociales). En total un 34,3%.

*Las declaraciones que NO señalaron a la iglesia católica fueron, por tanto, de un 65,3%

También vía impuesto del IRPF a través de la asignación del 0,7% a la casilla de “fines sociales” aproximadamente un 40% de organizaciones de la iglesia católica han recibido en 2009, más de cien millones de euros en 2009.

La actividad “social” de la iglesia católica que además de su labor de caridad, la utiliza  para hacer proselitismo religioso, se realiza a través de centenares de asociaciones, organizaciones, fundaciones, congregaciones religiosas vinculadas a la iglesia a través de sus más de 60 delegaciones diocesanas locales y de las delegaciones  autonómicas, tales como Cáritas o  Manos Unidas y otras y los más de 3000 centros y casas de caridad,  hospitales concertados, ambulatorios y dispensarios, casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes etc. a través de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y otras múltiples pertenecientes a diversas congregaciones religiosas, que reciben dinero vía subvenciones, conciertos y donaciones directas del estado (central, autonómico y local).

Estas donaciones y subvenciones son incalculables, pero bien podrían significar varios cientos de millones de euros al año, si tenemos en cuenta algunos datos de los que disponemos, aunque todos ellos con todas las reservas, dada su complejidad.  (*Bien podría superar los 2.000 millones de euros)

Los obispos y una parte de la sociedad (incluso política) dicen, que el Estado gastaría mucho más si tuviera que atender, por su cuenta, a estas obligaciones educativas o asistencias. Eso es una opinión–trampa muy engañosa, ya que a través de la denominada obra social de la iglesia hacen proselitismo y política. Y el estado, como se ha podido comprobar en cientos de casos, podría hacerlo directamente o con concesiones a entidades no religiosas, generando más riqueza social y más puestos de trabajo, aunque tuvieran un mayor costo económico. Pero es que, además, cuando hacen “las cuentas” se limitan al costo del servicio directo, sin tener en cuéntalos costos de gestión pública y el hecho de que el estado ha de atender, directamente, a ciudadanos en ámbitos rurales, que genera un mayor costo.

El Estado paga también la nómina y seguros sociales de los capellanes hospitalarios (más de 500 a tiempo completo y casi 300 a tiempo parcial), de los penitenciarios (más de 100), más los sueldos de los capellanes castrenses, a cuyo frente está un arzobispo con grado de general de división. Estas nóminas y sus correspondientes cargas sociales superan los 20 millones de euros anualmente.

Capítulo aparte son las ayudas directas a la Iglesia, para el sostenimiento de su ingente patrimonio artístico e inmobiliario, también para su reforma y conservación: 280 museos, 103 catedrales o colegiatas con cabildo y casi mil monasterios. Estos datos no nos han sido facilitados muy fiablemente por las distintas CCAA y Ayuntamientos, pero de diversas fuentes deducimos que se puede acercar a los 400 millones de euros anuales en estos momentos.

Y no digamos de las enormes donaciones y prestación de servicios, directos o indirectos, de muchos ayuntamientos para atender desfiles procesionales y cofradías, actos religiosos, romerías, conmemoraciones, en donde se mezcla (intencionadamente) lo religioso, con lo pagano, festivo y cultural, cuyo valor es incalculable.  (*Horas extras para orden público, publicidad, etc.)

Además están los fastos religiosos: Las visitas del Papa, actos suntuosos, como conmemoraciones marianas, actos al apóstol Santiago *(este año 2010 es Santo Xacobeo y se multiplicarán los gastos), cuyo costo puntual es incalculable. *(La visita del Papa de 2011 ya está comprometido, por ahora, un gasto del estado central de más de 25 millones de euros, a ello habrá que sumar los gastos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento). 

Las subvenciones de Comunidades Autónomas y entidades locales a organizaciones y asociaciones ligadas a la iglesia católica, en algunos casos muy radicales e integristas, puede superar un montante de varios cientos de millones de euros anuales en el conjunto del Estado. *(A modo de ejemplo: Sólo la Comunidad de Madrid adjudicó en una de las partidas de 2009 a diversas organizaciones la mayoría religiosas y antiabortistas 477.000 euros para actividades de “salud pública y atender colectivos de especial riesgo” – Ver el País-Madrid: 10 febrero 2010)

Desgravación de los donativos de los fieles católicos directamente, parece ser que suponen, según la propia Conferencia Episcopal, un 70% más de lo que ha recibido por el IRPF. // Las donaciones a la Iglesia Católica desgravan un 25% del IRPF (caso de personas físicas), y un 35% del Impuesto de sociedades (caso de personas jurídicas). Pero el Estado devuelve a los fieles, y por tanto aporta, el 25% (o el 35%) de esa cantidad.  Ello según varios estudios y los datos aludidos de la propia Conferencia Episcopal ha pudo suponer más de 150 millones de euros en 2009.

Varias organizaciones de la iglesia católica son propietarias, además, de varias universidades (Deusto, de los jesuitas; Navarra, del Opus; CEU, de la Asociación de Propagandistas; pontificias de Comillas y Salamanca; diocesanas de Murcia y Ávila), y de 15 Facultades eclesiásticas, 41 centros teológicos, 11 colegios universitarios, 55 escuelas universitarias y 72 institutos superiores. (*Por este ámbito, como hemos expresado anteriormente, también reciben donaciones públicas y apoyo económico diverso estatal, autonómico y municipal, cuyos datos, en estos momentos, están muy ocultos).

A todo esto hay que sumar como la iglesia anualmente “infla su Patrimonio” apropiándose de “inmuebles sin dueño”. Gracias a una Ley (mejorada para la Iglesia en 1998) que permite a la Conferencia Episcopal registrar a su nombre inmuebles como templos, cementerios o casas sacerdotales y otros bienes que, hasta ahora, carecían de títulos de propiedad. Por la vía de las in-matruculaciones las cifras que se barajan pueden ser astronómicas en todo el Estado. (* Ver ANEXO II)

El poder económico de la Iglesia católica en España, medido en fieles seglares, sacerdotes y monjas, obispos y otras jerarquías, en dinero, o en bienes y patrimonio de muy diversa índole y en servicios educativos, sociales, sanitarios y de caridad, es incontable, porque se nutre de complicados mecanismos de ingresos privados y de financiaciones públicas, incluido su patrimonio financiero, como acciones, fondos de inversión, participación en mayor o menor en Consejos de Administración de diversas empresas y entidades financieras varias, etc.

Después de más 31 años de democracia en España y de una Constitución que establece “que ninguna confesión tendrá carácter estatal”, los hechos, en materia de relaciones iglesia católica estado español, no sólo sigue con la misma orientación que en siglos anteriores, sino que, en términos cuantitativos, se ha acrecentado la financiación del estado hacia la iglesia católica, lo que, de hecho, significa que estamos en un estado confesional encubierto.

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Francisco Delgado. Presidente de Europa Laica (abril de 2010)

*Informe, que tiene varios apartados con ciertas reservas, dada la opacidad de esta cuestión, pero que ha sido elaborado a partir, también, de diversas fuentes fidedignas, diversos datos aparecidos en diversos medios de comunicación y datos extraídos de la agencia tributaria, del  ministerio de asuntos sociales, ministerio de educación, de  diversas CCAA, patronales de la enseñanza y sindicatos, así como datos de la propia Iglesia católica.

ANEXO I

ANEXO II

EL PLURAL / 24/1/10

Gracias a la reforma de Aznar de la Ley Hipotecaria

La Iglesia infla su patrimonio apropiándose de inmuebles sin dueños

¿Por qué pese a la palpable disminución de fieles y el descenso de las donaciones que esto conlleva, las arcas y el patrimonio de la Iglesia católica de nuestro país no parecen verse afectados? La culpa la tiene, en buena medida, la reforma que hizo el Ejecutivo de José María Aznar en 1998 de la Ley Hipotecaria, que permite a la Conferencia Episcopal registrar a su nombre inmuebles como templos, cementerios o casas sacerdotales que, hasta ahora, carecían de títulos de propiedad. Un libro recientemente publicado cifra en más de mil los inmuebles que han pasado a ser propiedad de la Iglesia española por este método sólo en Navarra. Los autores reclaman ahora que el Estado haga público a cuánto ascienden estas inmatriculaciones en todo el país.

Piden que la Iglesia de Santa María de Ujué (Navarra) vuelva a ser propiedad municipal o que… En 1946 se aprobó la llamada Ley Hipotecaria, en cuyo artículo 206 se da vía libre al Estado, a las Administraciones Públicas y a la Iglesia católica para inmatricular a su nombre cualquier bien inmueble que “carezca de título escrito de dominio”. Esto significa que un edificio que no tenga títulos o escrituras, puede ser inscrito como bien perteneciente al Estado o a la Iglesia, según quien lo solicite. Esta norma dio pie a que, desde los años 50, la Conferencia Episcopal se hiciera con numerosos terrenos e inmuebles por esta vía.

Aznar cambió la ley
Pero las inmatriculaciones aumentaron a favor del clero de manera especial a partir de 1998. Y es que, hasta esa fecha, este procedimiento no podía aplicarse a los templos. El Gobierno de José María Aznar se encargó de abrir la puerta a que la jerarquía eclesial pudiera registrar a su nombre numerosas parroquias, ermitas e incluso cementerios o casas parroquiales que, hasta ese momento, no tenían una titularidad reconocida, si bien siempre habían sido sustentadas por los ayuntamientos o por los ciudadanos y feligreses.

Inmatriculaciones polémicas
Así, parroquias como la de San Bartolomé de Xàbia (Alicante), que fue fortificada por el pueblo en el siglo XIV y que desde entonces ha sido cuidada y mantenida por los vecinos de la localidad, ha pasado a manos de la Iglesia por este procedimiento, provocando la indignación vecinal. Otro caso similar: el local que el municipio navarro de Azcona, de sólo unos 80 habitantes, utiliza desde hace años como consultorio médico ha sido ahora reclamado por la Iglesia, que lo inscribió a su nombre en los años 50, aunque su mantenimiento hasta ahora ha corrido a cargo del concejo municipal.

Navarra y el Escándalo monumental
Casos similares a estos son los que se denuncian en el libro Escándalo monumental, editado por la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro. La obra, que ya va por su segunda edición, se centra en el “expolio” que la Iglesia ha hecho gracias a esta ley sólo en la Comunidad Foral de Navarra. Los autores del libro calculan, basándose en los datos del Registro de la Propiedad, que desde 1998 la Iglesia se ha hecho con 1.086 bienes por esta vía en la comunidad, pagando un precio medio de unos 20 euros por cada bien inscrito.

Ganancias "incalculables"
En una entrevista publicada en la revista progresista Diagonal, los responsables de la plataforma aseguran que el valor de estas inmatriculaciones “es incalculable, en edificios y en arte”, y aseguran que las abultadas cifras han provocado “una gran alarma social” entre los navarros. Ahora, su objetivo es conseguir que en el resto de España también se hagan públicas las cifras de las inmatriculaciones de las que se ha beneficiado la Iglesia.

¿Y a nivel nacional?
En el caso de Navarra, fue el Ministerio de Justicia el que hizo públicos estos datos, por lo que la plataforma pide de nuevo a este departamento que publique los datos de inmatriculaciones a nivel nacional. “Cuando eso se conozca, el escándalo de nuevo será monumental, y ya no serán problemas locales de los pueblos defendiendo una ermita, una casa [parroquial] o un cementerio. Se tendrá que abordar de una vez por todas el uso torticero que está haciendo la Iglesia de la Ley Hipotecaria”, denuncian los portavoces de la plataforma Navarra.