Más de dos años después de su acceso al poder político, la rutina y la inercia continúan sin estar presentes en la agenda de la Moncloa. Nada más llegar al palacio presidencial, ZP ordenó el retorno de las tropas enviadas por su predecesor. De entonces acá se han multiplicado las iniciativas gubernamentales apenas sin pausa. Las dos últimas –relacionadas con la Iglesia católica- quiebran unas pautas de conducta que parecían incorregibles y que ponían en cuestión la aconfesionalidad del Estado español consagrada por la Constitución.
Tanto la reforma de la financiación de la Iglesia –que dejará de recibir apoyo económico directo de las arcas del Estado- como que los profesores de Religión dependan, para su contratación y para su posible despido, del Gobierno y no de los obispados correspondientes son avances singularmente positivos. Contribuyen a la necesaria separación entre el Estado y la Iglesia, todavía mezcladas ambas instituciones con demasiada frecuencia.
A Gaspar Llamazares le parece el enfoque de la financiación a la Iglesia demasiado pacato o insuficiente. Es verdad. Son los católicos los llamados a sostener económicamente a su Iglesia sin pasar por la cláusula prevista a la hora de pagar los impuestos, que es asunto netamente civil. Pero la nueva normativa va abriendo camino y circula en la buena dirección. Aquella que Cristo resumió con inequívoca claridad, aunque sus palabras irritaran a los conservadores de su época, quienes, por cierto, acabaron por matarlo. “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Así de sencillo.
