La respuesta es sencilla, ¡no la cumple! Y no solo la incumple sino que pretende que toda la gente que profesa el catolicismo falte a la Ley Superior, que es la norma Constitucional. La Ley de Leyes, esa que en 1991 estableció, por fin, que nuestro país es un Estado laico y puso punto final a toda una historia de monopolio estatal del catolicismo.
Con la Carta del 91 otras religiones pudieron respirar a sus anchas, pero también pudimos hacerlo los ateos, los agnósticos, los descreídos de cualquier rito; por fin viviríamos en un país no consagrado al Sagrado Corazón, un país donde la soberanía reside en el Pueblo. Una Nación donde el Estado debe estar separado de cualquier credo religioso.
Esto no significa que se prohíban las religiones, ni su práctica libre como sí ha sucedido en ciertos regímenes totalitarios de izquierda, en Rusia, en Cuba y en China, por ejemplo o en regímenes religiosos fundamentalistas donde se prohíbe todo lo que no sea el islam. Lo que significa ser país laico es que en medio de las garantías democráticas para pensar y creer lo que cada cual quiera, el Estado no toma partido frente a los múltiples credos, porque el Estado no es un Iglesia, ni una congregación, es una institución acordada para que quepamos todos y todas.
Pero las Iglesias, en especial la católica, no han entendido esto y suspiran por el poder perdido, rezan para que regresen los tiempos oscurantistas cuando desde los púlpitos se decía hasta por cuál candidato votar en las elecciones.
Ya se ha dejado sentir la Iglesia en muchos casos, en el del matrimonio de parejas del mismo sexo, en el de su derecho a formar una familia por medio de la adopción, en la despenalización del aborto y de la droga, y ahora vuelve al ataque en el tema de legalizar el derecho a morir dignamente optando por la eutanasia.
Por su parte el Procurador, digno representante del ala más retrógrada de la Iglesia católica, le hace mandados amparado en el poder que él cree tener, sin importarle que cuando lo hace viola el mandato constitucional de ser parte de un Estado laico. Y eso acaso, ¿no constituye una violación a la norma constitucional y por ende un delito?
La interferencia indebida de la Iglesia debe respetarse porque es la opinión libre de un sector de la población, el sector católico, pero el mismo proceder en boca de un funcionario público, que para completar tiene el mandato de vigilar que el servicio público se preste con apego a las leyes, constituye una falta gravísima y una violación a sus responsabilidades, que no son otras que cumplir y hacer cumplir la Constitución laica, así no le guste.
El procurador Ordoñez comete prevaricato y además con dolo, porque no le cabe ningún atenuante cuando se atreve a amenazar a otro funcionario como es el ministro de Salud por cumplir su deber de reglamentar la eutanasia.
Ni la Iglesia, ni ninguno de sus miembros, ni el Procurador están por encima de la Constitución. Sus dogmas valen en los conventos, en las capillas, en las mentes de quienes profesan esa religión, pero nunca en la normatividad laica de un país democrático, aunque imperfecto, como es la Colombia del siglo XXI.
