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Cultura renuncia ahora a la Ley de Patrimonio que afecta a la Mezquita-Catedral de Córdoba

El ministro Miquel Iceta tumba el intento de su antecesor para controlar los bienes Unesco

Es una ley que nace muerta». Así, con estas palabras, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, enterraba hace unos días el anteproyecto de la Ley del Patrimonio que presentó su antecesor en el cargo, José Manuel Rodríguez Uribes, cuyo contenido adelantó ABC y que suponía una intromisión en las competencias que tienen los titulares de los bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, como es el caso de la Mezquita-Catedral. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, se opuso a la «invasión competencial» que suponía este anteproyecto con el que el Gobierno de Sánchez pretendía apropiarse de la administración de los principales monumentos.

El boceto de la futura Ley del Patrimonio, que venía a sustituir a la que está vigente desde 1985, incluía un apartado que, de haberse aprobado, hubiera permitido al Ejecutivo central intervenir en los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial, que mediante real decreto podrían ser declarados Bienes de Interés Mundial (BIM), una categoría superior a la de Bien de Interés Cultural que compete a las comunidades autónomas. Además, obligaría a sus propietarios a crear un patronato liderado por el Ministerio, de manera que se apropiaría de la gestión de monumentos de titularidad autonómica, municipal o privada.

El riesgo del control estatal

La Mezquita no aparecía con nombres y apellidos en el texto. Pero es evidente que la aprobación de la norma, hubiera permitido al Ejecutivo contar con una herramienta de primer nivel para establecer un control estatal directo de las decisiones que ahora mismo recaen en la Iglesia con la supervisión del Gobierno andaluz. Hay que recordar que las relaciones Iglesia-Estado tienen en la Mezquita de Córdoba un elemento de choque relevante en materias como la propiedad registral o el nivel público de decisión sobre el monumento.

La crisis de gobierno anunciada en julio por Sánchez provocó un cambio en la cartera de Cultura, pasando a manos de Iceta, cuyo perfil y discurso federalista hace incoherente con cualquier intento de control por parte de la administración central que reste competencias a las autonomías, que han sido las más críticas con el anteproyecto de Uribes, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular.

Por eso, el Ministerio ha optado por enterrar las líneas más polémicas del texto de su antecesor y reconsiderar una iniciativa que se trató de llevar al Congreso sin pactarlo previamente con los grupos políticos y las instituciones afectadas, como es el caso de los ayuntamientos o la Iglesia. La nueva redacción de la norma, según dijo Iceta la semana pasada, «contará con la colaboración y acompañamiento de todas las administraciones implicadas. Y para ello, teniendo en cuenta las críticas que ha recibido el anteproyecto de ley, revisaremos a fondo el anteproyecto en el que se estaba trabajando».

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