¡Cuánta rasón tenés, Francisco…! (A propósito de los monumentos religiosos y más…)

La exalcaldesa Pelayo, en la inauguración de la rotonda dedicada a Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, en el pasado mandato.

El espacio público de Jerez, como el de otras ciudades españolas, está invadido por símbolos religiosos o, más concretamente, símbolos católicos. Esto supone una anomalía que conviene corregir, no sólo y fundamentalmente, porque las creencias forman parte del ámbito privado y porque vivimos –teóricamente- en un estado constitucionalmente aconfesional, sino porque muchas veces interrumpen bruscamente el trazado viario, rompen el equilibrio constructivo y,  en la mayoría de los casos, afean la ciudad. Tenemos ejemplos sobrados. Y como botón de muestra el monumento a las hermandades, que ha dinamitado la armoniosa simetría espacial de la alameda Cristina y su entorno.

La instalación de esos monumentos ha tenido siempre un trasfondo electoralista, pues todos los que se promovieron desde el año 1979, con el comienzo de la democracia municipal, buscaban el voto de la población más conservadora  que, a su vez, es la trama social más organizada de la ciudad, particularmente en torno a la Unión de Hermandades. Recuérdense las rehabilitaciones y/o construcciones de casas de hermandades en la etapa del alcalde Pedro Pacheco. Con la llegada de María José García Pelayo al gobierno municipal se siguió y multiplicó esa política de subvencionar a la iglesia católica y proyectarla en la calle, no solo erigiendo monumentos y nominando rotondas y calles, sino montando misas en la vía pública con un tono que recordaba a los años «gloriosos» de la «cruzada» franquista. Y todo ello con dinero público.

Avanzar en la laicidad del espacio público liberándolo de estos símbolos —que en casi todos los casos carecen de interés artístico— sería una medida muy acertada del gobierno de Jerez. Y en esa línea, la decisión de no conceder licencia para la instalación de una escultura de una virgen en la rotonda de Montealto, como demanda el PP, es una decisión muy respetuosa y coherente, y debe marcar el camino a seguir en el futuro.

Con  la nueva mayoría política en el Ayuntamiento se puede avanzar hacia una ciudad que rompa oficialmente con su inercia rancia, conservadora y tradicionalista (léase mi reflexión Jerez, un relato añejo en este mismo medio) Y eso pasa, entre otras iniciativas, por poner límites a los desfiles religiosos que ocupan de forma abusiva el viario durante todo el año (con el consiguiente coste de vigilancia de la policía municipal y cortes de calles al tráfico) y que, llegada la Semana Santa, secuestran literalmente nuestro centro histórico con la exagerada instalación de palcos que privatizan la calle. Y también pasa, y es el caso que nos ocupa, por iniciar un proceso de reubicación de algunos de esos monumentos religiosos en otros emplazamientos no públicos.

Se comprende que los concejales del Partido Popular, que llevan el nacional-catolicismo en su ADN, y cuyos líderes en Madrid lo mismo encomiendan la gestión de las políticas de empleo a la Virgen del Rocio que condecoran al Cristo de Medinaceli, no “comulguen” con la decisión del pleno de poner coto a la instalación de monumentos religiosos. Resulta de una hipocresía insoportable la actitud de quien inauguraba rotondas dedicada a la virgen, rodeada de monjitas entrañables, mientras echaba a la calle 260 trabajadores y no hacían nada por impedir desahucios y que miles de familias jerezanas vivan en el umbral de la pobreza.

Transcurridos más de cuarenta años de la muerte del dictador, este país es incapaz de separar de una vez por todas Iglesia y Estado. La inmensa Cruz de los Caídos, que remata el gran templo funerario que cobija a Franco y José Antonio, y bajo cuyos cimientos reposan miles de presos políticos republicanos explotados y torturados hasta la muerte, es el ejemplo ignominioso de ello. Ningún Gobierno ha sido capaz de acabar con esa aberración que la propia comunidad cristiana y la jerarquía de su iglesia debería condenar con fuerza y determinación.

La cuestión es que el poder de la Iglesia Católica sigue “inmaculado” y lo mismo se apropia de la Mezquita de Córdoba recurriendo a las inmatriculaciones, que se escaquea de pagar miles de millones de euros que debieran gravar su enorme patrimonio, gran parte del él usurpado con el beneplácito de todos los gobiernos sin distinción de color político. Lo recaudado en la casilla del IRPF supone 250 millones de euros para la Iglesia, que gasta sin el menor control y sin que se audite ni un céntimo. Dinero que dedica, fundamentalmente, a pagar nóminas de curas y a financiar universidades católicas. Según denuncia Europa Laica, la Iglesia es como un paraíso fiscal. En 2015 recibió unos 11.000 millones de euros del Estado, y es propietaria de más de 100.000 inmuebles, por los que deberían haber pagado 3.000 millones de euros de impuestos.

Dice el Papa que en la comunidad cristiana hay “trepas que buscan su propio beneficio y consciente o inconscientemente fingen entrar por la puerta pero son ladrones y sinvergüenzas. Para ellos la religión es un negocio…”. ¡Cuánta rasón tenés, Francisco…!

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