Crucifijos en edificios públicos

La decisión del gobernador Scioli de retirar los crucifijos de todas las dependencias oficiales y acabar también con la práctica de bendecir la bandera nacional en los actos públicos ha dado lugar a la queja airada de sectores vinculados a la Iglesia Católica. En España, recientemente, tuvo lugar una polémica similar cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero prohibió la presencia de símbolos religiosos –como el crucifijo cristiano– en edificios públicos. Estas medidas no son producto de ningún esnobismo político-cultural ni del agnosticismo religioso de sus autores, como algunos piensan, sino que responden al principio de laicidad del Estado.

Para aclarar el uso de la expresión laicidad conviene dirigirse al diccionario de la Real Academia que define al laicismo como la "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa". Se entiende que el Estado laico debe garantizar el derecho de cualquier cultura o religión a expresarse y desarrollarse, pero sin incurrir en un trato privilegiado hacia ninguna de ellas.

El historiador Ramón Teja, catedrático de la Universidad de Cantabria y presidente honorífico de la Sociedad de Ciencias de las Religiones, añade que "laicidad significa la existencia de un espacio público a disposición de todos los ciudadanos para ejercer sus derechos en condiciones de libertad y de igualdad, una ciudad de los hombres en la que haya espacio para todos, no una ciudad de Dios en la que sólo haya lugar para sus creyentes".

Que la defensa del principio de laicidad no proviene sólo de agnósticos se puede comprobar leyendo la Declaración Colectiva de la Conferencia Episcopal Francesa de 1996: "La separación de la Iglesia y del Estado, después de un siglo de experiencia, puede verse como una solución institucional que, permitiendo de manera efectiva distinguir lo que concierne a Dios y lo que concierne al César, ofrece a los católicos de Francia la posibilidad de ser actores leales a la sociedad".

"Afirmar esto –prosigue el documento– equivale a reconocer el carácter positivo de la laicidad, no tal como ella fue en sus orígenes, cuando se presentaba como una ideología conquistadora y anticatólica, sino tal como ella ha llegado a ser después de un siglo de evoluciones culturales y políticas: un marco institucional, y, al mismo tiempo, una actitud del espíritu que ayuda a reconocer la realidad del hecho religioso, especialmente del hecho religioso cristiano, en la historia de la sociedad francesa".

Otro de los argumentos que se esgrimen en contra del principio de laicidad del Estado hace referencia a la tradición cristiana de los pueblos, añadiendo en el caso del pueblo argentino las creencias heredadas de los padres de la patria, fundadores de nuestra nacionalidad. Se añade que con medidas como las adoptadas por el gobernador Scioli se desconoce la voluntad de las mayorías, cuyos derechos resultan vilipendiados. (Cfr. el artículo de Eves Omar Tejada en la edición de "Río Negro" del pasado 14 de abril "En nombre de la democracia").

En realidad el principio de laicidad no atenta contra las tradiciones religiosas o culturales de ningún pueblo. Sólo establece una doble exigencia: exigencia para las religiones de no inmiscuirse en las tareas del Estado y del poder civil, y exigencia para el Estado de no inmiscuirse en la vida interna de las confesiones religiosas. Este doble principio, trasladado al plano institucional, quiere decir que el Estado no puede privilegiar a ninguna religión y debe brindar una imagen de imparcialidad que, por ejemplo, no la recibe un ciudadano judío cuando acude a un tribunal de justicia y observa la presencia de un crucifijo detrás del juez que debe juzgarlo.

En cuanto a la invocación del principio democrático de las mayorías, se comprueba la debilidad del argumento si lo trasladamos a otro contexto cultural. ¿Nos parecería razonable que basado en la indudable mayoría chiita del pueblo iraní el Estado de ese país imponga la sharia, es decir una tradición religiosa que impide, por ejemplo, a las mujeres conducir y las convierte en ciudadanos de segunda? Justamente es la libertad de los ciudadanos, su derecho a elegir y no sufrir imposiciones culturales basadas en creencias religiosas, lo que caracteriza a las democracias.

En la historia de las culturas, las religiones han desempeñado un papel relevante. La práctica religiosa ha tenido una enorme influencia en el desempeño civilizatorio de las sociedades. Pero eso no da derecho a demandar la confesionalidad del Estado. Opinión que es compartida también por algunos católicos de base que no viven la laicidad como una amenaza contra la Iglesia. El Foro de Curas de Madrid, por ejemplo, vislumbra en la laicidad el sueño de que su Iglesia acepte "mirar la modernidad sin ingenuidad o frivolidad pero con esperanza, descubriendo que la laicidad puede ser evangélica y teológicamente positiva".

La crisis del marxismo, derivada de la caída del Muro de Berlín, ha dejado a la religión sin el viejo adversario ideológico de las religiones políticas. Tras el fin de las ideologías decimonónicas, ya nadie presta crédito al paraíso del proletariado o a la sociedad sin clases. Pero ese triunfo no autoriza a la Iglesia a reclamar una nueva sacralidad del Estado. El principio de laicidad democrática permite institucionalizar un marco legal para que convivan diversas creencias religiosas en un pie de igualdad y facilita que cada ciudadano pueda ir al cielo o al infierno por el camino que prefiera.

(*) Abogado y periodista

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