Critican que solo se supriman grupos en colegios públicos para el próximo curso

Varias organizaciones aseguran que estos grupos entraban dentro de los planes de plantilla.

El grupo contra los conciertos educativos –formado por los sindicatos CGT y STEA, las formaciones políticas de CHA e IU y el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)– ha criticado al Servicio Provincial de Educación de Zaragoza por la supresión de unidades "única y exclusivamente" en centros públicos, según ha podido conocer con ocasión del inicio del proceso de admisión de alumnos para el curso 2014-2015.

En una nota de prensa, han indicado que son "grupos de clase que quince días antes se habían tomado en consideración para confeccionar las plantillas" de forma que el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza "no ha tardado ni quince días en incumplir sus propias resoluciones".

Al respecto, han precisado que el pasado 3 de marzo el Boletín Oficial de Aragón publicó la orden de plantillas de maestros en los colegios públicos "ya recortadas a su gusto y con la oposición de la comunidad educativa, que se han de elaborar para atender a un determinado número de grupos de clase en cada colegio".

Como ejemplo, han expuesto que en la zona educativa 1, en los colegios públicos 'Hermanos Marx' y 'Lucien Briet' se elimina un grupo de clase en cada uno, lo que supone una reducción de 50 plazas públicas, mientras que en los colegios concertados ninguna, y en la zona 7, se reducen grupos en el colegio público 'Marcos Frechín', pero en el concertado 'Santo Domingo de Silos' se mantiene la oferta de cinco grupos, "cuando uno de ellos está vacío, pues hay 24 vacantes y el tamaño del grupo es de 25".

El grupo contra los conciertos educativos ha manifestado que el Servicio Provincial de Educación "aduce como justificación a esas supresiones la reducción de la población escolar de cada zona", algo sobre lo que "se puede aceptar el hecho objetivo, pero no es de recibo que la supresión de unidades se haga siempre, única y exclusivamente en los centros públicos y nunca en los centros privados concertados".

Además, ha agregado, "hay algo más que cambios demográficos, puesto que mientras en los centros públicos se admite que el número de grupos pueda variar entre los diferentes cursos o niveles educativos, en los privados se promueve su homogeneización y aún su crecimiento" y en el colegio privado 'El Salvador', "que este año tenía cuatro grupos en quinto de Primaria, se ofertan cinco para sexto del año que viene".

Saturación en los colegios públicos

El grupo contra los conciertos educativos ha estimado que las consecuencias "son obvias", como la "saturación de las aulas en los centros públicos a la vez que se mantienen holguras en los privados concertados" y "la restricción de la libertad de elección de los padres que desean una plaza pública para sus hijos ya que no pueden manifestar su preferencia por unas plazas que la Administración ha eliminado antes de que puedan decidir".

Asimismo, "se limita y condiciona a las familias orientando e influyendo en sus decisiones posteriores" y "se promueve la inseguridad en las plantillas de profesorado de los centros públicos".

El grupo contra los conciertos educativos ha argumentado que "esta práctica, repetida año tras año, tiene como objetivo reducir el espacio de la red de centros públicos a la vez que abre y extiende el camino para el negocio de los centros privados".

A su entender, "la obligación de la Administración educativa es proveer de plazas públicas suficientes y de calidad para atender a las necesidades educativas de la población y que la red privada concertada debe ser subsidiaria de la pública para cubrir allí donde la pública no llega".

Sin embargo, la actual Administración "opera bajo el criterio opuesto, prioriza los intereses de la privada y les otorga un trato privilegiado, a la vez que usa a la red pública como subsidiaria, degradándola y llevándola a su desaparición paulatina e inexorable".

Por todo esto, este grupo ha rechazado "enérgicamente esta política de privilegio hacia los centros privados que supone la desaparición lenta de algunos centros públicos, en un proceso de privatización encubierto", para recalcar que la oferta de vacantes "no respeta la orden de plantillas" y, a consecuencia de las supresiones, "pueden verse afectados los derechos laborales del profesorado implicado, estamos estudiando con nuestros servicios jurídicos la presentación de un recurso que impugne esta oferta de vacantes".

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