Credo en dioses

Daniel Jones y Juan Esquivel, dos especialistas que cruzan religión y diversidad, cuestionan el lugar de privilegio que tiene la Iglesia en el texto actual del Código Civil. Por qué habría que reformarlo y qué consecuencias traería.

Mientras el culto católico viene perdiendo fieles en sus filas, el evangélico va en ascenso: en nuestro país estos últimos son el grupo que más creció desde los ’80 hasta hoy. Según una encuesta de Juan Esquivel y Fortunato Mallimaci, de 2008, sobre creencias y actitudes religiosas, en la Argentina hay cuatro millones y medio de evangélicos, lo que los convierte en la primera minoría después del catolicismo. Son muchos, cada vez más, pero no son homogéneos: dentro de ellos hay una fracción de corte progresista que tiene posiciones cada vez más favorables con relación a los derechos sexuales y reproductivos y hasta apoyó el matrimonio igualitario. Ahora que se debate la reforma del Código Civil, están interesados en que se revea el estatuto de privilegio de la Iglesia Católica. Dos especialistas en los cruces entre religión y diversidad, Daniel Jones —doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política (UBA)— y Juan Esquivel —sociólogo (UBA) y doctor en Sociología por la Universidad de San Pablo—, conversaron con Soy sobre las fracturas del campo religioso argentino y los posibles provechos que el activismo lgbt podría obtener de ellas.

¿Qué es exactamente lo que se cuestiona, en el marco de la reforma del código, sobre los privilegios de la Iglesia Católica?

Juan Esquivel: Uno de los más grandes privilegios que tiene la Iglesia Católica es ser una persona jurídica de carácter público (algo que está en el artículo 33 del actual código) y que se mantiene intacto en el código reformado. Con eso a la Iglesia se le da un status dentro del Estado como el de cualquier entidad estatal, por ejemplo, una universidad pública, y es un privilegio que le fue otorgado por un gobierno de facto. La intención de la Coalición Argentina por un Estado laico es secularizar cada vez más la cosa pública, eliminar este privilegio y que se convierta en una institución privada.

Daniel Jones: Que la Iglesia sea un persona pública (más toda la batería de legislaciones relacionadas con el sostenimiento de culto, el financiamiento a curas de fronteras, los viajes al exterior de los mismos obispos) hace que el Estado, en parte, la financie. Es decir, cada vez que cualquiera de nosotros compra algo, paga IVA, con ese impuesto financia los viajes de Bergoglio al Vaticano.

¿Y qué chance real hay de lograrlo?

J. E.: Es muy difícil. Primero, porque hay una cultura política hegemónica en la que la Iglesia Católica es un factor de poder. La clase política no visualiza la necesidad de modificar esa cuestión ni otras que tienen que ver con este lugar privilegiado de la Iglesia Católica en su relación con el Estado. Segundo, en las cabezas de la gente no está la idea de que un Estado laico promueve más y mejores derechos.

Más allá del carácter público de la Iglesia, ¿qué avances hay en el anteproyecto del código en relación con la laicidad?

J. E.: El único avance en ese sentido son algunos puntos que entran en conflicto con la doctrina oficial de la Iglesia y tienen que ver con las formas de terminar la vida, la agilización del trámite de divorcio, por ejemplo. Y la inclusión ya definitiva del matrimonio igualitario. En términos de familia, aporta pluralidad y autonomía, y se reconocen situaciones de la vida real: familias distintas del viejo modelo nuclear. En esos puntos se vería afectada la posición pública de la Iglesia y la posición de las cúpulas, que es heteronormativa y patriarcal, no sólo por la composición masculina del clero sino también por la doctrina que ha ido sosteniendo la curia, que no coincide con la de la mayoría de los creyentes.

¿Qué es lo que observan con relación a los creyentes?

D. J.: Hay una importante distancia entre lo que la jerarquía de la Iglesia dice y lo que los creyentes dicen y hacen sin renegar de su condición de católicos. Esta brecha se acrecentó a partir de papado tan reaccionario y conservador de Juan Pablo II (de quien Ratzinger es sólo una versión corregida y aumentada). Las personas que se identifican con el catolicismo tienen opiniones distintas de las de la jerarquía eclesiástica en porcentajes altísimos. Sobre todo en temas de educación sexual, aborto y parejas del mismo sexo. Hay en algunos sectores de la clase dirigente un temor al costo político que podría generar la aprobación de ciertas leyes. Pero eso es una fantasía. No porque la gente sea menos católica, sino porque cada vez separa más sus creencias religiosas de sus adhesiones políticas. Los temores de la clase dirigente no están sustentados en una capacidad de veto real de la Iglesia Católica. Tiene sí capacidad de lobby en las sombras, que es la forma en la que hacen política habitualmente los obispos. Pero ya no tienen la capacidad de direccionar el voto.

Desde el 2010 venís estudiando las posiciones y las estrategias de las organizaciones católicas y evangélicas frente a los derechos lgbt. ¿Cuáles son tus conclusiones hasta ahora?

D. J.: Lo que se ve es un pluralismo dentro del campo religioso en relación con las políticas sexuales. Más allá de los sectores conservadores —que son los que han concentrado la atención de los medios y muchas veces, también, de los activistas a favor de estos derechos— hay importantes actores religiosos que están a favor de la diversidad y la libertad. En ese sentido, las religiones pueden ser una influencia positiva para el cambio social y no un mero marco para reproducir el status quo. Ese pluralismo emergió de forma diferente en el campo católico y en el evangélico, pero siempre a favor de las políticas sexuales en la Argentina. En particular con el debate por el matrimonio igualitario, pero también pasó con la educación sexual y está pasaPPndo ahora con el aborto.

¿Cuáles son las posiciones dentro del campo evangélico?

D. J.: Hay un polo conservador y otro liberacionista. El primero es el más numeroso e incluye a los Hermanos Libres, a las iglesias bautistas y pentecostales. El segundo está compuesto por iglesias que están en estas tierras desde antes de la formación del Estado nacional: la iglesia metodista, las de tradición lutherana, las iglesias reformadas están aglutinadas en la FAIE (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas). Estas últimas son las que se están pronunciando a favor de los derechos lgbt. Son las mismas que se opusieron a la dictadura entre el ’76 y el ’83, estuvieron a favor de la nueva Ley de Divorcio en 1987 y de la Ley de Educación Sexual (2006). Todos ellos habilitaron simbólicamente a otros sacerdotes y creyentes a separarse del mandato de la cúpula para apoyar derechos, pero desde sus identidades religiosas.

¿Cómo se defienden los derechos lgbt desde estos sectores progresistas religiosos?

D. J.: Es interesante porque apoyan estos derechos, no pese a su identidad religiosa, sino a partir de su identidad religiosa. En el debate por el matrimonio igualitario, los grupos religiosos que más recurrieron a la Biblia y más se posicionaron desde un discurso propiamente religioso fueron los grupos favorables al matrimonio para parejas del mismo sexo. Mientras, los grupos conservadores que la rechazaban (la jerarquía de la Iglesia Católica y la fracción evangélica conservadora) usaban un discurso secular: de las leyes, la psicología y la biología. Con pretensiones científicas, dejaban de lado lo propiamente religioso. Tanto los grupos católicos disidentes como los evangélicos liberacionistas decían en el debate sobre matrimonio igualitario que Dios no es un Dios de discriminación, sino de amor al prójimo. No definen a la homosexualidad como enfermedad, pecado o perversión porque eso inhabilita cualquier espacio de diálogo.

¿Cuál es el principal efecto político de esto?

D. J.: Que permite dejar de pensar en la relación entre religión y diversidad como una lucha de sumas y restas que suma cero. Hay que saber encontrar las fisuras dentro de esos campos. Es más fácil ganar aliados a favor de los derechos lgbt dentro de los evangélicos porque ellos no tienen una autoridad centralizada (como el Vaticano), entonces, hay más pluralidad de posturas o, por los menos, se habilita la discusión. Encontrar a quienes se identifiquen como católicos o evangélicos y que se pronuncien también a favor de estas causas permite romper con el mayor capital político de los conservadores: que creamos que el campo religioso es único, homogéneo, unido y monolíticamente contrario al avance de los derechos. No importa cuántos aliados en términos políticos conseguimos, lo importante es el efecto de fisura

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