La lucha de un pueblo originario por preservar su lugar sagrado contra la ambición de un empresario del Opus Dei.
Parece que van a pasar por arriba de un cementerio indígena para hacer un country”. Ese era el rumor que Pablo Badalo había escuchado en casa de un conocido. Y algo adentro suyo se modificó. Pablo es periodista. Vivía en la Ciudad de Buenos Aires hasta que fue a cubrir por primera vez este reclamo de integrantes de pueblos originarios en Punta Querandí. Ahora vive en el paraje.
“Por entonces éste era sólo el rumor de un cementerio que iba a ser destruido en Tigre, en un espacio que todavía ni siquiera se llamaba Punta Querandí”, dice a Miradas al Sur. Mucho menos intuía el trasfondo de alianzas políticas, religiosas y del poder económico que estaba detrás.
La investigación terminó siendo una denuncia mediática que logró frenar, por un tiempo, ese nuevo atropello por sobre las comunidades de los pueblos originarios.
El Movimiento en Defensa de la Pacha (MDP) surgió en enero de 2009 para proteger el sitio público y sagrado Punta Querandí y otros lugares ancestrales indígenas, así como el patrimonio ambiental del territorio bonaerense. Esta semana envió una carta al intendente de Tigre, Sergio Massa, pidiendo apoyo y decisión política en defensa de los más débiles.
Punta Querandí está ubicada a cincuenta kilómetros al norte de la Capital Federal, a 6 km de la autopista Panamericana por la ruta 26, en la calle Brasil y el canal Villanueva. De un lado y otro del camino, se ven viviendas y campo. Finalmente, cruzando el arroyo Garín, aparece el barrio privado San Benito. Allí está Punta Querandí. Es sólo una hectárea. Hasta no hace mucho tiempo, era un espacio recreativo para la gente que vivía cerca, donde podían pescar, tomar mate o zambullirse al agua. Según denuncian los mismos vecinos, la rotura de las calles principales que ha hecho la constructora dificulta su acceso.
En el 2001, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), el organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación a cargo del resguardo del patrimonio arqueológico, reconocía la destrucción de espacios sagrados indígenas por negociados inmobiliarios que ya se estaban dando en el partido de Tigre. En un documento, establecía que dos sitios con inhumaciones habían desaparecido: Sarandí (con Nordelta) y Garín (con Villa Nueva).
Badalo había llegado por primera vez al paraje en junio de 2007. Se había encontrado allí con Graciela Satalic, quien había recuperado restos arqueológicos milenarios como piedras trabajadas, cerámicas con tallados geométricos y puntas de lanza.
La investigación le permitió saber que esas y otras tierras habían sido propiedad del Estado, que en una maniobra fraudulenta habían pasado a manos privadas en los tiempos antiestatales de la secretaria de Medio Ambiente María Julia Alsogaray y el presidente Carlos Menem. En su nota “Santa barbaridad”, publicada en Pagina/12 el 11/11/2012, el periodista Horacio Verbitsky detalla la trama por la cual terrenos de ENTel y de Radio Nacional pasaron a manos privadas sin generar un ingreso al Estado. Primero a Pentamar S.A. y Ospen S.A. y luego a Emprendimiento Inmobiliario de Interés Común (Eidico S.A.).
El año que Badalo se involucraba en el tema, era el mismo en que Sergio Massa asumía como intendente del municipio de Tigre, todavía sin saber que al año siguiente sería nombrado jefe de gabinete del Gobierno Nacional. “Entre 2008 y 2009, Massa nombra como su asesor a Jorge O’Reilly, descendiente del dictador Alejandro Lanusse y fundador y dueño de Eidico S.A., la empresa que ya había construido 11 countries y tenía otro tanto por terminar. También toma como subsecretario de Planeamiento Urbano a Pablo Dameno, ex director de Eidico S.A.
Badalo denunciaba que un asesor del gobierno local, vinculado con una empresa constructora ligada a la oligarquía nacional, estaba edificando sobre un cementerio indígena. El impacto de la noticia sumó a otros medios y se paralizaron las obras.
La ética del supernumerario. Según indicó el diario La Nación, en 2009, O’Reilly era además socio de Lo Jack y de Nieves de Chapelco. Nacido en un distrito de alta alcurnia de San Isidro, estudió en el Colegio Cardenal Newman y en la Universidad Católica. Casado con Marcela Beccar Varela, es padre de cinco mujeres y de un varón y es supernumerario del Opus Dei. Tal vez por eso sus emprendimientos llevan nombres como: Santa María de Tigre, Santa Cecilia, Santa Bárbara, San Isidro Labrador, San Rafael, San Gabriel, San Benito.
Y aunque en su página web indican: “Trabajamos sobre la base de valores como la equidad y el bien común, la responsabilidad social, la confianza, la familiaridad, la creatividad, el perfil emprendedor, la flexibilidad y el trabajo en equipo” parece que el respeto por los muertos, no cuenta. También revelaba el diario que quien se ocupó de presentar a O’Reilly y Massa fue Horacio Rodríguez Larreta, en una peña en el año 2000.
En 2007, O’Reilly dijo haber formado una organización para dar respuesta al “declinamiento ético y cultural del país”. Sin embargo, no debe haber considerado una violación a la Ley de Ética Pública el hecho de mantener negocios inmobiliarios siendo funcionario, ni el haber vendido tierras fiscales en la zona del lago Cholila, según consta en una denuncia del radical Carlos Lorenzo; ni que en 2007, Eidico tuviera 110 mil metros cuadrados de construcciones no declaradas, según reveló una investigación del entonces subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya.
Ultraje. La ley actual sólo exige una nota formal de la empresa pidiendo el estudio de impacto arqueológico realizado sobre casi 200 hectáreas. Ante la denuncia, Eidico contrató a fines de 2008 los servicios de dos arqueólogos del Inapl, que estuvieron 10 días analizando el territorio. Se rescataron 10 mil piezas, pero no encontraron restos humanos. Desde el MDP, cuestionaron la parcialidad de los arqueólogos. “Un estudio serio exige que estén no menos de un mes, pero éstos se fueron a los 10 días firmando lo que la empresa les pidió”, cuestionó Badalo. Y agregó: “Porque además es una injusticia histórica adicional que nuestros hermanos aborígenes encuentren que los mismos que los invadieron, esclavizaron y desparecieron hoy ultrajen su tumbas”.
El caso llegó a la Defensoría del Pueblo de la Nación, que en noviembre de 2010 exhortó a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando a no autorizar más emprendimientos sobre humedales. Se dictó una cautelar y sobre este tema habrá una audiencia el próximo 11 de marzo en el Juzgado N° 9 de San isidro.
La tierra de todos. Valentín Callamullo es quechua. Tiene 26 años. En la voz se le nota la sangre hirviendo, propia de quien reclama derechos avasallados y quiere estar vivo para cuando se cumplan. Supo del acampe del MDP por la recuperación del espacio en el 2010, mientras estudiaba en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
“Empecé a participar y con unos compañeros decidimos quedarnos y hoy somos vecinos”, revela. Le indigna que la empresa esté cercando a los pobladores que por años estuvieron allí. “Los que están haciendo esto son los herederos de los conquistadores que hoy siguen aplastándonos”. Denuncia que el relleno de los humedales realizado por la constructora ha provocado que los pobladores históricos padezcan inundaciones cada vez más frecuentemente y cada vez peores. “Ellos quieren Punta Querandí porque está cerca de dos ríos; quieren hacer una bahía para los yates y la casa de O’ Reilly. Pero vamos a resistir. Van a terminar sabiendo que no pueden trasladarnos como si fuéramos objetos”.
Pedro Moreira es aymara. Tiene 72 años. Es un hombre tranquilo, que ha vivido mucho y ha adquirido la sabiduría del tiempo. Oyéndolo, se nota que ha aprendido a reconocer errores y ya no pide nada para sí mismo, sino para todos.
Vive solo y supo de la existencia del conflicto a fines de 2008. Se sumó al acampe desde el inicio. En diálogo con Miradas al Sur, señaló que “este caso permitió visibilizar que la problemática de los pueblos originarios también ocurre en Buenos Aires”. Aclara que no reclaman territorio para ellos, porque según su cosmovisión la tierra no puede poseerse, porque es de todos. “Sólo declaramos este pequeño espacio como territorio sagrado porque entendemos que nuestra alma o espíritu está presente allí donde se nos entierra. Y aquí están nuestros ancestros, danzando. Creo que esta defensa debe hacerse más por un tema de conciencia que por otra cosa”. Le preocupa que como seres humanos hayamos perdido el camino y estemos destruyendo la biodiversidad. “En Punta Querandí, estas máquinas constructoras en realidad son máquinas arrolladoras de la vida. No estamos en contra de nadie, nos duele lo que están haciendo con la tierra. Destruyendo los humedales estamos atentando contra nosotros mismos. Estamos contaminando el agua que necesitamos tomar”
–¿Qué espera de esta lucha?
–Pedimos que cualquier hermano de cualquier grupo étnico que quisiera ir a reencontrarse con sus antepasados, pudiera hacerlo. Que si algún hermano quisiera disfrutar de la belleza del lugar para recrearse o refrescarse en el agua, pudiera hacerlo. Y por eso estamos defendiendo el lugar del humedal. Parece que la Conquista del Desierto siguiera, pero ya no viene un ejército a matarnos a nosotros, sino que ahora se han ensañado con no dejar nada vivo. Pero la Pachamama está dándonos tremenda cachetada para advertirnos del desastre que estamos haciendo.
Paraguay: diecisiete balazos de fusil
La noche del martes 19, dos desconocidos que habían llegado en moto a la casa que tiene el líder campesino Benjamín “Toto” Lezcano en el asentamiento Núcleo 4, de Arroyito, departamento paraguayo de Concepción, le dispararon a quemarropa 17 disparos de rifle FAL. Con Lezcano –que tenía 53 años– son cuatro los líderes campesinos asesinados en los últimos cinco meses del gobierno de facto de Federico Franco, en Paraguay.
Según informaron medios locales, la fiscala Dora Irrazábal dijo que “en la zona, los ajusticiamientos son comunes”, mientras que desde la Policía se habría hablado de “supuestos vínculos con el Ejército del Pueblo Paraguayo”. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y campesinas indicaron que el móvil del asesinato sería su militancia por la defensa de la soberanía alimentaria y del medio ambiente en la que participaba activamente; por ejemplo, contra el avance de los sojales y contra el desembarco de la empresa transnacional de aluminios Rio Tinto Alcan (RTA).
RTA es un grupo empresario internacional del sector minero, surgido en 1995 de la fusión de una empresa británica con una australiana. Se dedica a la extracción de aluminio, carbón, cobre, dióxido de titanio, hierro, talco, sal y diamantes. Tiene emprendimientos en varios países.
En Paraguay, pocos días antes de la Navidad de 2012, Franco firmó un preacuerdo con RTA, que recibió críticas hasta de la derecha: “Subsidiar la energía eléctrica a una multinacional sin discutir sobre la contaminación ambiental o cuánta mano de obra va a generar (la electrointensiva), no estoy de acuerdo”, habría dicho entonces el ex general golpista Lino Oviedo, candidato a la presidencia del Paraguay en las próximas elecciones. Curiosamente, el 3 de febrero pasado se estrelló el helicóptero en el que viajaba junto con su compañero de fórmula en la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), Alberto Soljancic. Por entonces, Franco decretó tres días de duelo.
La organización Cloc-Vía Campesina repudió el asesinato de Benjamín Lezcano a través de un comunicado en el que denuncian: “El recrudecimiento de la criminalización de las luchas sociales y los asesinatos selectivos de dirigentes campesinos en el Paraguay, como el caso de Mariano Jara, Sixto Pérez, Vidal Vega, y Benjamín ‘Toto’ Lezcano”. Asocian así, el crimen de Lezcano a los que se realizaron luego de la Masacre de Marina Kue, en la población Curuguaty, donde fueron ejecutados 11 campesinos sin tierra para forzar a los ocupantes a abandonar esos terrenos. Luego, la derecha utilizaría ése hecho para dar el golpe de Estado que eyectó a Fernando Lugo e impuso a Franco.
La organización campesina afirma que estos crímenes “se desenvuelven en el marco de la implementación del Plan Colombia por parte del gobierno golpista de Federico Franco”. Lo vinculan con el acaparamiento de tierra por parte de empresarios extranjeros ligados a las multinacionales del agronegocio y a la “liberación de semillas transgénicas” a través de la flexibilización de legislaciones que dispuso el Ejecutivo por decreto.
“Responsabilizamos a los tres poderes del Estado paraguayo por la muerte del dirigente Benjamín Lezcano”, dice el comunicado, y advirtierte del “estado de violencia instalado en nuestro país que es propio de un terrorismo de Estado que busca silenciar los reclamos populares y crear una atmósfera de miedo en la población, a fin de desestimular la movilización”.
Lleva tres años el campamento de la resistencia
El Movimiento en Defensa de la Pacha marcó este miércoles el tercer aniversario de resistencia de su campamento en Punta Querandí, Tigre, provincia de Buenos Aires. Exige que las autoridades detengan el avance de las constructoras que atentan contra los humedales y contra espacios considerados sagrados por los pueblos originarios, como cementerios indígenas.
En el encuentro se realizó una comida comunitaria, una ceremonia qom y se interpretó música de distintas comunidades. El acampe permanente invita a sumar adhesiones de integrantes de otros pueblos originarios, ambientalistas, comunicadores, docentes y vecinos dispuestos a mantener el predio como espacio público abierto a la comunidad.
En estos tres años han sido visitados por escuelas cuyos docentes se han ocupado de involucrar a sus alumnos en las problemáticas actuales de los pueblos originarios. Varias personas que lo utilizan como recreo popular les han brindado su apoyo.
Aprovecharon la oportunidad para elevar su protesta de manera formal al intendente de Tigre, Sergio Massa, en la que explicitan saber que el de Punta Querandí no es el único reclamo indígena sin resolución en el partido de Tigre. “La comunidad qom Yechtakay de Ricardo Rojas tiene pendiente su pedido de un territorio con título comunitario para mejorar su calidad de vida (la Constitución Nacional garantiza a los pueblos indígenas entre otros derechos el acceso a ‘tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano’). Mientras tanto, vemos cómo las grandes empresas siguen avanzando en el partido de Tigre, argumentando ‘resolver el problema de la vivienda’, mintiendo alevosamente al afirmar que los beneficiados son ‘familias de clase media, clase media – baja’”.
En el texto presentado advierten que ya no se puede “seguir engañando y faltando el respeto a la población, desplazando a los pobladores preexistentes e impulsando la instalación de familias de mejores recursos en el distrito, violando derechos humanos, ambientales y también indígenas”, en alusión a que muchos de estos emprendimientos se han realizado sobre cementerios y enterratorios milenarios de los pueblos originarios.
Finalmente, remarcan la entrega de materiales como peritajes de antropólogos de la UBA realizados sobre el sitio, la Declaración del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos de la Universidad Nacional del Centro (Unicen).
Cada año logran mayores y variados respaldos, aunque entienden que la solución está todavía muy lejos “ya que no han habido avances significativos”. Aprovecharon la ocasión también para denunciar que “los intolerantes de Eidico S.A. destruyeron el tanque de agua” que tenían, además de desconectar la luz en la calle Brasil como un sabotaje al campamento.
Originario o católico. De aquel lado del arroyo Garín, el barrio privado San Benito. Del este, Punta Querandí, apenas de una hectárea y en peligro. / Resistencia. Cada vez más personas se suman a la lucha contra el destierro provocado por Jorge O’reilly.
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