Europa Laica, la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y Redes Cristianas, en nombre de las organizaciones convocantes de la manifestación contra la visita del Papa que se celebró el pasado 17 de agosto de 2011, han interpuesto una querella ante el Juzgado de Instrucción de Madrid contra la Delegación del Gobierno de Madrid y en concreto, contra la delegada del Gobierno, María Dolores Carrión, por la "falta de protección y atención" a los manifestantes.
La manifestación 'laicista' fue convocada para la jornada antes de la llegada del Papa Benedicto XVI a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) como protesta por "el empleo de recursos públicos para una actividad religiosa privada" y, finalmente, la Delegación del Gobierno permitió un recorrido que incluía su paso por la Puerta del Sol y que finalizaba en la Plaza de Tirso de Molina.
No obstante, los convocantes denuncian que durante el recorrido de la marcha "no hubo suficiente cobertura policial" y que se encontraron con una "contramanifestación no autorizada de grupos ultraderechistas e integristas católicos" que, a su juicio, habían convocado por diferentes medios y de la que la Delegación del Gobierno tenía conocimiento, según ha explicado el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.
La querella presentada también se dirige contra la Fundación Infocatólica y contra el director de la misma por considerar los convocantes de la marcha que permitió ciertos comentarios que "llamaron a boicotear la manifestación" y contribuyeron a generar "un clima de violencia verbal", así como contra un particular que animó a los peregrinos a través de Internet a presentarse "el día y a la hora" de la manifestación.
Los demandantes aseguran que los hechos expuestos están contemplados como delitos en el Código Penal, concretamente en el artículo 408 –que se refiere a los funcionarios o autoridades que falten a su obligación– el 510 –sobre la provocación al odio–, el 514 –sobre los responsables que no impidan manifestaciones ilícitas– y el 542 –sobre el impedimento del ejercicio de derechos constitucionales–.
