¿Contribuye la Iglesia a paliar la pobreza y la pandemia del coronavirus?

La Iglesia viene percibiendo del Estado fundamentalmente de las aportaciones anuales a Hacienda la cantidad de 11.000 millones de euros. De su cosecha particular (pase de los “cepillos” en los actos religiosos), suele percibir 240 millones al año. Con tantos ingresos, ¿dónde está la ayuda de la Iglesia para paliar la pandemia del coronavirus, la pobreza y la exclusión social?. ¿Cree que es suficiente darle de comer a 100 personas en una parroquia catalana, como ha salido a relucir en los medios informativos?.

Hemos podido conocer que el IMV (ingreso mínimo vital) atenderá a 850.000 familias, o sea del orden de 2,3 millones de personas y con pagas que oscilan entre los 461 y 1015 euros mensuales, el coste al Estado será de 3.000 millones de euros anualmente, lo que significa que de tener la Iglesia sensibilidad social y voluntad, con todos los ingresos que percibe, perfectamente podría hacerse cargo de éste acuciante problema que tanto afecta a las personas más vulnerables y desfavorecidas.

Incomprensible, que los diversos gobiernos socialistas hasta ahora incluido el actual, hayan seguido manteniéndole el privilegio a esta retrograda Iglesia Católica. De tener voluntad política Pedro Sánchez y su Gobierno, podrían utilizar todas las herramientas que tienen en sus manos para cortarle tanto poder económico en gran medida hecho de forma cuando menos irregular o con la declaración anualmente de la renta, no pago del IBI de sus propiedades, ni devolución de las propiedades inmatriculadas de las que se apropiaron  ilegalmente, debiendo estas serles expropiadas y pasen a pertenecer al Patrimonio del Estado, juntas con las que pasaron a ser de su pertenencia sin apenas coste como el caso de la Mezquita de Córdoba y otras 29 catedrales y templos, acogiéndose a la ley expresamente aprobada por el gobierno de Aznar en 1998, con la connivencia y complicidad de éste. Desde entonces y hasta 2015, la Iglesia Española inmatriculó unas 4.500 propiedades,

La Iglesia admite poseer 22.999 parroquias y 827 monasterios, a lo que habría que sumar pisos, garajes, cementerios, colegios o casas del cura en pueblos, pero no hay registros públicos. Lo que sí ofrece la Conferencia Episcopal en su memoria de actividades, son datos de algunos de los inmuebles que “aportan un beneficio a la sociedad”, desde las mencionadas parroquias y monasterios, a los 3.168 bienes inmuebles de interés cultural, los 616 santuarios o los 22 bienes Patrimonio de la Humanidad (la mitad de los existentes en nuestro país).

Se suman los 2.593 colegios católicos, 15 universidades, 22 facultades eclesiásticas o 71 institutos superiores, todos con sus sedes. O en el ámbito socio-sanitario, la propiedad de 65 hospitales, 56 ambulatorios o dispensarios y 773 residencias de ancianos y discapacitados. En el estrictamente social manteniéndoles servicios de éste tipo en diferentes “obras de acogidas”, siendo la más significativa Caritas.

Lo mismo ocurre con el mantenimiento de los curas castrenses y no se concibe la prestación de servicios religiosos en hospitales públicos y el pago por el Estado de los profesores que en los colegios públicos y concertados incomprensiblemente imparten la asignatura de religión, siendo libremente contratados a través de los respectivos obispados y en muchas ocasiones por éstos, arbitraria e injustamente cesados en sus funciones o despedidos.

Aparte de su propia emisora 13TV pagada con nuestros impuestos, la inexplicable utilización de la RTVE publica para retransmitir sus oficios y actos religiosos, con ideario manifiestamente de carácter ultraconservador y mensajes homofobos incluidos. La Iglesia invierte un 33% ( 9 millones de euros) más en su emisora que en Cáritas (6 millones), que se dedica a luchar contra la pobreza y la exclusión social

Y el educativo beneficiándose desde la época franquista mediante la enseñanza privada concertada, que con ideario religioso incluido es injusta, arbitraria y discriminatoria, pues no permite el acceso a la misma de niñas y niños de familias humildes. En consecuencia, se trataría de denunciar y derogar el Concordado entre el Estado Español y el Vaticano, para acabar ya con tantos privilegios de la ultraconservadora Iglesia.

Antonio Aguado

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