Contreras: «Las confesiones no pueden erigirse en legitimadoras del poder político»

“La futura Ley de Libertad Religiosa debe ser un elemento que rompa el conflicto tradicional entre clericales y anticlericales”, subrayó Contreras. En primer lugar, adujo Contreras, la futura normativa “debería profundizar en la igualdad, entre las propias confesiones, de un lado; y entre creyentes y no creyentes, del otro”.

El director general de Relaciones con las Confesiones, José María Contreras, enumeró esta mañana algunas de las claves de la futura Ley de Libertad Religiosa, que avanzará en “una mayor igualdad” de las confesiones religiosas y, a la par, en “alcanzar un Estado más laico”. Contreras, que se mostró partidario de eliminar los símbolos religiosos de todo acto público, incidió en que “las confesiones no pueden erigirse en legitimadoras del poder político”.

En su conferencia de clausura del curso de verano, organizado en El Escorial por la Fundación Pluralismo y Convivencia, Contreras habló de las perspectivas de futuro de la libertad religiosa en nuestro país, con la mirada evidentemente puesta en la reforma de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 que prepara el Ejecutivo socialista. En este sentido, el director general de Relaciones con las Confesiones destacó que la diversidad religiosa, presente en la España de hoy, “debe ser un factor esencial en la cohesión social”. De lo contrario, como sucede en algunas ocasiones, lo religioso “entra como un factor de conflicto político y social”.

“La futura Ley de Libertad Religiosa debe ser un elemento que rompa el conflicto tradicional entre clericales y anticlericales”, subrayó Contreras, quien indicó que la religión “tiene una proyección pública innegable, a la que hay que dar respuesta”.

En primer lugar, adujo Contreras, la futura normativa “debería profundizar en la igualdad, entre las propias confesiones, de un lado; y entre creyentes y no creyentes, del otro”. Una igualdad que obligará a las administraciones a “buscar un sistema”, siempre teniendo en cuenta que, con la actual configuración, “existen varios escalones” en la relación de lo público con las distintas confesioens. En el primer escalón, la Iglesia católica, con quien el Estado tiene firmado un acuerdo internacional. En segundo término, aquellas confesiones con acuerdos suscritos (musulmanes, evangélicos y judíos) y, en un tercer escalón, las otras confesiones.

No se van a tocar los Acuerdos Iglesia-Estado ni los convenios con otras confesiones”, aclaró el responsable del Ministerio de Justicia, quien no obstante sí mostró la importancia de “avanzar, y rellenar de contenido” el tercer escalón, pasando del indeterminado concepto de “notorio arraigo” a un acto legislativo determinado. En este sentido, Contreras vio preciso “un mínimo estatuto jurídico” para estas confesiones, que incluya “la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Estado”.

Entrando en algunos puntos de la futura ley, Contreras habló, en primer lugar, de la cuestión de los lugares de lugares de culto, que en opinión del director general “son mucho más que un lugar para la práctica religiosa. También sirven para la sociabilidad de los grupos”. Por ello, Contreras indicó que la normativa debe garantizar la dignidad de dichos centros, en lo referente a salubridad, accesibilidad, higiene… En todo caso, quiso dejar claro que “deben terminar las restricciones a la apertura de un lugar de culto. El derecho se debe ejercer”. Por ello, abundó en la necesidad de que tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos modifiquen sus planes urbanísticos, para dar cabida, en plano de igualdad, a dichos terrenos de culto, “cumpliendo la ley y sin que genere conflicto social”. Y es que, en ocasiones, “la sociedad española, que es muy plural, actúa como si fuera monolítica, como si tuviera una sola cosmovisión”.

En cuanto a los cementerios y los ritos funerarios, Contreras destacó que “hay un derecho a ser enterrado de conformidad con las propias creencias”, sin que ello suponga que se parcelen los cementerios ni que se incumplan las normativas de salubridad. “El derecho a enterrarse conlleva el derecho a la celebración de ritos y costumbres. Incluso el acceso a los tanatorios”. ¿Cuál es el límite a este derecho? “El límite no puede ser más que el orden público”, aclaró Contreras.

Sobre los ministros de culto, el director general se mostró partidario de “definir qué son claramente, para poder definir su estatuto jurídico, sobre todo de aquellos ministros del culto que tengan trascendencia civil”. Esto es: los que desarrollen su función en los centros públicos, hospitales, cárceles, Ejército… Y también en el caso de la certificación civil de actos como los matrimonios religiosos. “Tenemos que tener claro quiénes son los ministros competentes”, apuntó Contreras, quien se mostró a favor de “establecer un sistema” para incluir en la Seguridad Social a todos aquellos ministros reconocidos por cada confesión.

“Otra materia esencial es el tema de los Acuerdos, no sólo entre el Estado español y las confesiones, y la participación de las confesiones y otras organizaciones”, añadió Contreras, quien incidió en que “cooperación no tiene por qué devenir en acuerdos, y tiene que haber otras vías de colaboración y participación de confesiones y otros grupos con los poderes públicos”.

Sobre el marco de debate de la ley, José María Contreras recordó que ya se ha hablado con los representantes de las confesiones “de notorio arraigo” (católicos, evangélicos, mormones, judíos, musulmanes, budistas y testigos de Jehová), “y hemos escuchado sus propuestas. También nos hemos reunido con Europa Laica y con Ateos y Libre Pensadores, que también deben ser escuchados”. Contreras sí estuvo a favor de la independencia de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, “para que sea un órgano de reflexión independiente respecto a la Dirección General, con un presupuesto propio”, y que pueda emitir informes sobre libertad religiosa o desarrollos con autonomías y municipios”.

La Ley debe ocuparse de asegurar la laicidad”, abundó. ¿Qué significa esto? Ni más, ni menos, que “nuestro Estado es un Estado laico, lo que significa que es neutral y donde los poderes públicos y las confesiones están separadas, pero al tiempo donde el Estado coopera con las confesiones. Hoy, las confesiones no se limitan al ámbito privado, sino que también hay que decir que la libertad religiosa y de conciencia tiene una percepción pública, se puede manifestar pública y privadamente. Habrá que situar ese marco de presencia pública. El espacio público debe ser de todos. Los que no pueden tener creencias son los poderes públicos”.

¿Cómo preservar esa laicidad?” Lo que hay que mantener es que en determinados ámbitos públicos –instituciones, edificios….- sean neutrales”, añadió Contreras, quien incidió en la necesidad de “buscar el equilibrio entre la diversidad que hoy existe en la sociedad y ese elemento de neutralidad”. Buscando siempre la cohesión social, “evitando la confusión entre funciones públicas y funciones religiosas, por un lado, y por otra recordando a las confesiones que no pueden erigirse en legitimadoras del poder político. A veces se les olvida, e intentan volver a épocas pasadas”.

Finalmente, y refiriéndose a la presencia de los símbolos religiosos en el ámbito público, Contreras mostró su preocupación por la cuestión identitaria. “Si el poder público transmite una determinada línea identitaria, está excluyendo a los que no la tienen o no la comparten. Eso será al final un elemento para el conflicto social”. Por ello, indicó, “los símbolos tienen especial significado: transmiten elementos identitarios. Si en determinados actos hay determinados símbolos, lo que me está transmitiendo a los que no sientes suyos esos símbolos, es que no son de aquí. Y, al final, eso creará quiebra social”.

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